¿Democratizar el poder judicial?

Se atribuye tradicionalmente a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, la teorización sobre el sistema de contrapesos para garantizar la democracia, constituyéndose tales contrapesos, en la llamada división de los poderes del Estado, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En las democracias parlamentarias, la participación ciudadana, se estructura en torno a la elección del poder legislativo, de cuya composición, emana la composición de los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial.

Sin embargo, el poder judicial, es un poder singular, dado que lo ejercen un conjunto de unas cinco mil quinientas personas, seleccionadas por su cualificación profesional. Luego, si el auténtico poder judicial lo configuran esas personas elegidas por un sistema de evaluación de conocimientos profesionales, ¿Qué papel le queda al Parlamento democrático en la configuración de ese poder?

Naturalmente le queda un papel muy importante, que no incide directamente en la potestad de juzgar, en la que el juez es independiente y presumiblemente imparcial sin otro límite que el establecido por la ley; pero que tiene que ver con la potestad organizativa sobre ese colectivo humano, su carrera profesional, el ejercicio de sus derechos etc. y por ello indirectamente afecta a sus motivaciones y compromisos en el ejercicio de su excepcional función como poder público.

Dicen las derechas que la elección del Consejo General del Poder Judicial, deberían hacerla directamente los jueces entre si y sin mediatización alguna, lo que en la práctica supondría convertir un poder del Estado en una suerte de poder absolutamente ajeno a la voluntad de la ciudadanía, autorregulado autónomamente y regido por intereses estrictamente corporativos. Ello dejaría al tal poder, al margen del sufragio universal y lo limitaría a una suerte de democracia censitaria.

Los retrasos que las derechas han llevado ya mas allá de los cinco años en la renovación de un Consejo cuya composición consideran que beneficia sus intereses, tienen como justificación últimamente esgrimida, que el gobierno no se compromete a modificar la legislación, para que su propuesta de elección del Consejo directamente por los jueces. La situación actual beneficia a las derechas y la propuesta que exigen, perpetuaría la situación actual. ¿De que estamos hablando?

Hablamos simplemente de que en los últimos 18 años de datos publicados, la Asociación profesional de la magistratura, tiene un número de afiliados que alcanza a la suma de las otras dos asociaciones importantes, Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia.

La tentación de las derechas es perfectamente comprensible. Su modelo de “democratización” de la elección del Consejo General del Poder Judicial, supondría la perpetuación del conservadurismo de derechas, en el gobierno de un poder del Estado y al margen de toda manifestación de la voluntad ciudadana.

Es cierto que al barón de Montesquieu, fueron asesinándolo sucesivamente políticos de pelaje diverso, pero quizás nadie con tanto descaro, planteó una  cuestión de oportunismo interesado, con tanta virulencia como mala intención.

De los casos concretos de instrumentación del conservadurismo judicial en favor de los intereses partidistas, se ha ocupado la prensa en alguna ocasión.

Defender que el Parlamento que representa la genuina manifestación de la voluntad general de la ciudadanía, tenga un papel importante en la elección del órgano de gobierno y control de un poder de estado cuya provisión de miembros es estrictamente técnico corporativa, es un deber democrático, aunque ello no beneficie a los “naturales” intereses del conservadurismo.

Y quizás por ello es imprescindible reivindicar el sistema vigente y exigir a ese conservadurismo que retorne a la senda democrática de las sociedades civilizadas.

Produce incluso rubor, tener que recordarlo, pero los intereses corporativos, beneficien a quien beneficien, no pueden confundirse con los derechos de la ciudadanía.

Jesús Penedo