
Desde que el exabrupto y la hipérbole se han convertido en el lenguaje común del debate público, resulta extremadamente difícil introducir una pizca de cordura que nos contenga, frente a la atolondrada carrera de ese caballo desbocado que amenaza con atropellarnos y confundirnos.
Las medidas de gracia, que en nuestra Constitución solo aparecen citadas como competencia del Jefe del Estado, no han sido desarrolladas ex novo en aplicación del texto constitucional, de modo que su aplicación sigue regulándose por la vieja Ley de 1870, con algunos retoques mas o menos actuales.
Estamos hablando del llamado indulto, que permite al poder ejecutivo, condonar total o parcialmente mediante remisión, las condenas a reos de determinados delitos. Sobre esta cuestión, la Constitución se limita a prohibir los indultos generales, es decir, aquellos aplicables a una pluralidad de personas que hayan cometido el mismo delito.
Nada dice sobre la amnistía y ello ha dado lugar a la proliferación de una extensa literatura mas o menos rigurosa sobre la constitucionalidad o no de una potencial “ley de amnistía”.
No es el propósito, entrar aquí en ese interesante debate, del que los medios de comunicación suelen dar apasionada cuenta de posiciones plurales sin que se aprecie ninguna voluntad de síntesis.
Cabe decir, que las medidas de gracia en si mismas, se discuten, como un modo de vulneración de la división de poderes, como un modo de ruptura del principio de igualdad ante la ley al alterar su aplicación en casos concretos, en tanto que se defienden, como una forma de corregir los excesos de rigor en la aplicación ciega de la ley a circunstancias particulares que merecen corrección.
Sea como fuere, la experiencia nos demuestra que si la aplicación regulada de los indultos particulares crea tensiones y no es pacífica, una potencial aplicación de una amnistía del tipo que fuere, que precisa de una Ley para su ejecución, finalizará con toda seguridad en el Tribunal Constitucional, que tendrá la oportunidad de sentar doctrina sobre la cuestión.
Por un lado, parece que un tema de la trascendencia de una amnistía, requeriría de un cierto sosiego, para su debate y aplicación; pero por otro lado, la amnistía no será nunca una circunstancia de aplicación periódica o cotidiana, sino excepcional y propia de una circunstancia histórica determinada, cuyos objetivos serían precisamente dar respuesta a los retos de esa circunstancia excepcional y singular.
Nuestro sistema electoral e institucional, han propiciado lamentablemente, que este debate nazca ligado al proceso parlamentario de elección de presidente del gobierno y por ello, el debate aparece mas trufado si cabe, por la mezcla entre la situación de excepcionalidad que se plantea y la ambición por alcanzar el gobierno, circunstancia sin duda indeseable.
La pregunta que deberemos hacernos, es sobre la utilidad pública de la medida, al margen de la ambición de gobierno.
Y aún a riesgo de simplificar demasiado, cabría decir que si su impulso colabora a la búsqueda de una mayor integración de la institucionalidad catalana en los objetivos del estado, merece la pena el coste y el esfuerzo que dicho impulso requiere.
Por lo hasta ahora verificado, las medidas políticas e incluso penales impulsadas por la derecha española, a veces acompañadas de sobreactuación patriótica, solo han conseguido incentivar el sentimiento nacionalista catalán, mientras que las propuestas rigurosas pero mas dialogantes y conciliadoras, han reducido considerablemente el fervor de los irredentos. Las últimas elecciones generales han sido buena prueba de ello.
Don José Montilla lo sintetizaba de un modo excelente. “Tendrán que decir, que no volverán a hacerlo”. Esa es la cuestión, solo merecerá la pena una medida excepcional, si va acompañada de compromisos que acaben con la excepcionalidad.
No es un asunto fácil, porque los esencialistas catalanes tendrán dificultades para venderlo. Tampoco un posible gobierno, lo tendrá fácil si no pueden hacerse explícitos compromisos recíprocos que justifiquen la amnistía y desde luego, no lo pondrá fácil una derecha cuyos intereses de mercado electoral fuera de Cataluña, sufrirán un duro revés si el “enemigo” se neutraliza.
Ni que decir tiene, que la pata mas extrema de la derecha, sacará toda la artillería patria y algo mas, invocando los múltiples apocalipsis que nos amenazan.
No es esto lo que me pide la casquería, pero creo que va siendo hora de pensar con serenidad y dejar que las tripas hagan lo suyo.
Sería extraordinariamente bueno, que los timidísimos intentos del Sr. Feijoo de racionalizar algunas cosas, (siempre corregido de urgencia por los esencialistas de su parroquia) fueran dando sus frutos y pudiera abrirse una ventana de esperanza a una derecha moderada y dialogante. A España le iría bien y creo que a la derecha también.
Mientras tanto, nos resignaremos a seguir asistiendo a diálogos de besugos en los que se confunden los mensajes a las parroquias y los escasos y pobres elementos de persuasión.
Jesús Penedo Pallas.