Todos a una – Carlos Etchevarría

Como en Fuenteovejuna, la clase política española con alternancia de Gobierno, seguida y bien asistida por banqueros, jueces y medios de información, cierra filas para defender a su rey. Temen que el tinglado se les venga abajo y hayan de engrosar la lista de parados, con pérdida de sus privilegios.

No buscan resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad, sino perpetuarse en el poder sin opción real de cambio. No desean correr el riesgo de ser desplazados. Prefieren la indignidad.

El cúmulo de despropósitos que vienen sucediéndose desde que, en 1975, se cumplieron las previsiones franquistas con el ascenso al trono de Juan Carlos I, eran más o menos conocidos aunque férreamente ocultados. Los buenos ciudadanos ya saben ahora buena parte de los hechos históricos con protagonismo del rey: Juramento de fidelidad a las cortes franquistas; favorecedor del golpe militar del 23-f; visión guerracivilista y amedrentadora de la España actual, sin asomo de condena a la dictadura de Franco; amén de escándalos de todo tipo, económicos y familiares, que apestan por la podredumbre que entrañan.

Pretendidamente, todo esto queda reducido a la nada ante la declaración, calculadamente sencilla, de la excusa por conducta inapropiada. El rey se disculpa y todo vuelve a la normalidad anterior.

Pero no es la monarquía desvergonzada o el borboneo incesante, lo que produce más intranquilidad, sino la reacción unánime de los cortesanos ante un gesto de confesionario, que por lo visto exonera la indignidad de la corona.

Resulta que PP y PSOE lo sabían todo del rey y con antelación suficiente, pero nada hicieron para apercibir y controlar la conducta Real. Connivencia, complacencia o complicidad con el soberano.

No quieren reconocer que estamos ante una cuestión de Estado, y sin embargo están dispuestos a declarar la guerra a Argentina para defender los intereses de YPF.

Franco no habrá vuelto, pero han quedado los franquistas o sus métodos.

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Necesitamos dirigentes responsables – Isidoro Gracia Plaza

Isidoro Gracia Plaza

Es una definición de aceptación casi universal que: es responsable aquel que responde por sus actos, asume las consecuencias y aprende de ellas. Incluso en las reuniones de motivación, que las multinacionales utilizan para la formación de sus cuadros dirigentes, se insiste que la clave del éxito de cualquier empresa es la actitud de responsabilizarse de los resultados de nuestras acciones.

Como valorar pues a unos dirigentes de unos países que toman sus decisiones porque se las exigen desde países ajenos, aunque poderosos, y entes, solo aparentemente impersonales, como los mercados, con intereses contrapuestos a los de los conciudadanos que prometieron defender y que cuando afrontan los resultados de esas decisiones (más paro, más desigualdad, menos riqueza), esos se justifican en la herencia recibida de sus antecesores (España), o en la excesiva presencia de socios menesterosos (Alemania), el peso de minorías religiosas (Francia, Holanda, Austria), o las exigencias de los compromisos, adquiridos voluntariamente, con entres supranacionales (Finlandia, Italia).

Para ser los creadores de la realidad que deseamos para nosotros, nuestros conciudadanos socios y sobre todo para nuestros sucesores, es imprescindible colocarse en una situación de poder real, que solo puede venir cuando nos responsabilizamos de lo que resulta de nuestras decisiones, mucho más si queremos pasar por líderes políticos o sociales.

La consecuencia de asumir que decisiones y resultados vienen impuestos por cuestiones completamente ajenas, e incluso absolutamente contrarias, a los compromisos adquiridos
durante las campañas electorales, compromisos adquiridos voluntariamente para ganar el poder de forma democrática, es asumir que se deja al país y a los ciudadanos a merced de las circunstancias, porqué se está imposibilitado para hacer algo para superarlas, lo que resulta  inadmisible en un dirigente, en Europa incluida España abundan hoy los ejemplos de líderes que no pasan  de “presuntos”.

Quiero decir con ello que aquellos ante quienes tienen que rendir cuentas, esos presuntos líderes, los ciudadanos, estemos libres de culpa. La idea de asumir la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones, en especial de nuestros voto, no es muy
popular, actualmente es frecuente encontrar personas que se sienten más cómodas entregando su poder a otros al negarse a aceptar su responsabilidad.

Así pues necesitamos dirigentes responsables, los de hoy parecen no querer asumir ese papel, pero también necesitamos ejercer nuestra responsabilidad todos y cada uno de nosotros, y para ello no es suficiente con pedir  a otros (incluidos partidos y sindicatos) que nos indiquen los caminos, sino tomar nuestras decisiones y actuar en consecuencia, asumiendo lo que de ellas se derive.

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Seguridade xurídica selectiva – Xosé A. Gaciño

Xosé A. Gaciño

Falan de atentado contra a seguridade xurídica cando se refiren á expropiación de YPF polo goberno arxentino (en uso da súa soberanía e por entender que a multinacional Repsol incumprira os seus compromisos). Como se falou tamén de seguridade xurídica (e nisto non só o PP) en contra dos que reclamaban a revisión das farsas xudiciais montadas polo franquismo para executar as súas represalias. Non falta nunca o argumento da seguridade xurídica cando se quere protexer ou xustificar unha situación de privilexio, de inxustiza ou de simple inercia inmobilista.

Non hai problemas de seguridade xurídica, en cambio, cando se trata de despoxar de dereitos aos traballadores para dar satisfacción aos que impoñen solucións inxustas á crise que eles mesmos provocaron. Como tampouco os hai se é cuestión de deteriorar as condicións nas que se dispensa a sanidade e a educación públicas.


Da mesma maneira, non é necesario preocuparse da seguridade xurídica dos que pretenden exercer o dereito a manifestarse: segundo os plans do Goberno, bastará que un provocador ou un incontrolado faga das súas para que os organizadores da manifestación carguen coa responsabilidade. É máis fácil que poñer a traballar a policía na identificación e localización dos energúmenos.


 E se un medio público de comunicación funciona con independencia, é dicir, sen atender ás consignas do partido gobernante –como viña sucedendo coa RTVE desde a súa última reforma auspiciada polo goberno de Rodríguez Zapatero-, non lles treme a man para modificar a lei polo trámite de urxencia do decreto para que a maioría absoluta do partido gobernante sexa suficiente para elixir ao presidente da corporación. 


Parece que, ante o deterioro de dereitos sociais ou de liberdade de expresión, desaparecen os escrúpulos da seguridade xurídica. Como se as grandes multinacionais ou os criminais de guerra fosen os únicos merecedores de que a seguridade xurídica lles protexa. Toda unha auténtica carreira marcha atrás, na que parece empeñado este goberno, aproveitando que a crise pasaba por aquí.


Á vista da evolución dos acontecementos, e a pesar de que as teses conspiratorias non soen ser as máis apropiadas para analizar as causas do devir histórico, é difícil subtraerse á sospeita de que todas estas medidas (e algunhas máis que están por chegar) non se estean a adoptar para combater a crise, senón que máis ben se organizase a crise para dispoñer dun pretexto co que xustificar a aceleración dunhas medidas que perseguen –iso si que está claro, con conspiración ou sen ela- o desmantelamento do Estado do benestar, que, para os españois, vai ter un carácter mítico, porque estamos asistindo ao seu desmantelamento antes de que puidésemos gozar da súa consolidación.


Esta deriva involucionista, en España, vai más alá do ámbito económico de crise para entrar de cheo en cuestións que, para a dereita, parecen supoñer auténticos axustes de contas en materia de “fe e costumes”, por empregar unha expresión doutros tempos. Como se estivesen convencidos de que é necesario colocar entre parénteses un prolongado espazo histórico de liberdades (como xa colocaron entre parénteses outros espazos máis breves) para restablecer a “seguridade xurídica” de sempre, a das xerarquías sociais inmutábeis.

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Una grave lesión a la seguridad jurídica – Carlos Zaffore

Carlos Zaffore

La decisión de que el Estado retome el control de YPF pudo ser una buena medida. No comparto la perspectiva neoliberal. Pero no lo fue buena por dos razones. Una porque, aun cuando se hubiese respetado la seguridad jurídica, el desembolso que deberá hacerse no es prioritario dentro de las necesidades del país, incluida la pobreza. Y no es prioritario porque, sin expropiar, podrían haberse corregido los incumplimientos de YPF con controles e instrumentos de política económica que dispone el Estado y no se utilizaron en nueve años. Sin gastar esa plata, la mitad del capital, pudo hacerse que la empresa se adecuara a los objetivos del país.

La segunda razón por la no fue una buena medida – fue muy mala – es porque al vulnerar la seguridad jurídica, actuar con prepotencia con un país amigo y de manera no confiable, ha provocado un severo aislamiento internacional. Y siempre el aislamiento, más que por el gobierno, es sufrido por el pueblo en términos de pérdida de inversiones, salario y empleo.


¿Por qué se dio ese paso estatista? Por razones ideológicas o principistas no fue, porque no se hubiesen esperado nueve años. Por el contrario, hasta no hace mucho todo eran elogios y fueron los Kirchner quienes impulsaron la participación del grupo argentino ahora estigmatizado. Y en su momento los Kirchner estuvieron lejos del estatismo cuando apoyaron la privatización de YPF durante el neoliberalismo menemista.


Tampoco fue porque la importación de 9.000 millones de dólares anuales pesa en el balance de pagos; para aumentar la producción y lograr el autoabastecimiento había que atraer inversiones, no espantarlas. Esto podría explicar el giro adoptado ante la existencia de una gran impericia.


Y eso puede ser, pero la explicación más fundada parece ser la creciente necesidad de caja. Hay un claro paralelismo con la estatización de las AFJP, y así como los fondos de la ANSES sirven para cubrir baches fiscales, con YPF puede ocurrir a lo mismo.


Mientras se discuta el precio de las acciones, la facturación de la compañía cercana a los 14 mil millones de dólares anuales estará a mano del nuevo socio mayoritario. Es una ley de estos tiempos, detrás del “relato” suele estar la caja.


Y para pasar a analizar lo que debe hacerse ahora destaquemos la primera línea de esta nota. Esclarece la experiencia de Frondizi: generando un clima favorable a la inversión hizo una amplia convocatoria al capital privado y en sólo tres años triplicó la producción y logró el autoabastecimiento. Pero YPF no sólo se mantuvo estatal: aumentó su producción y fue un brazo ejecutor de la política petrolera: los contratistas privados le entregaban el crudo extraído de las áreas a su cargo.


Haciendo abstracción de los funcionarios actuales hay que pensar a futuro. Con la realidad de la nueva YPF, con las demás compañías actuales y otras nuevas se debe articular un programa dinámico para los hidrocarburos, ampliando las reservas y la producción e incorporando las nuevas tecnologías. Y eso, claro, en el marco de un cambio político y un proyecto nacional, con trasparencia y seriedad. Hacia eso debe llevarnos el debate todavía pendiente. Y el desvarío de lo de YPF puede tener su lado bueno si lo promueve.

*Carlos Zaffore fue un estrecho colaborador de Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi, máximos dirigentes del Movimiento de Integración y Desarrollo. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de La Plata. Especializado en Economía, se desempeñó como Jefe de Asuntos Económicos del Consejo Federal de Inversiones y como Asesor Especial del Secretariado Permanente del SELA.

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El que no salta es un español – Ricardo Roa

El Gobierno halogrado la idea de que el que no vota a favor de la expropiación de YPF es un vendepatria. Y consiguió entrampar a buena parte de la oposición, que apoya el proyecto aunque sabe que la gesta del kirchnerismo consiste en hacerse de una nueva caja, cuando las que ha usado hasta ahora empezaron a agotarse.

Quizá el ejemplo más claro sea el de la UCR. Tiene algunos de los mayores especialistas en el tema, que fueron a exponer al Congreso y dijeron que, si por ellos fuera, votarían en contra . Pero otra vez el recurso del nacionalismo opera como una mordaza. Y los radicales, bajo el temor de ser acusados de cipayos o traidores, levantarán la mano con el oficialismo ¿Qué valor tiene discutir después, como han prometido, algunos artículos? Puro simbolismo.

Ellos y otros van a votar sin conocer cuál es el plan estratégico del kirchnerismo para YPF. Y más aún, sin saber dentro de qué política energética se inserta la expropiación: los resultados de la que hubo ya se conocen de sobra y según reconoció el propio viceministro Kicillof, han sido desastrosos. Lo dijo sin vueltas, flanqueado por los máximos responsables de esa política: De Vido, que está nada menos que al frente de la intervención y del secretario de Energía, Cameron.

Con la soberbia de un dirigente universitario, Kicillof denunció a Repsol por vaciamiento. Pero la mística terminó ahí: no dijo una palabra sobre el arreglo de los Eskenazi con Kirchner, que les permitió en 2008 comprar una parte de YPF sin plata y pagar la deuda con las utilidades de la misma empresa. Y además, quedarse con su manejo. 

Bajo la pátina del interés nacional se esconde otro interés, inmediato: hacerse de los dólares de las ganancias de YPF para bancar parte de las importaciones de gas y combustibles, porque será necesario seguir importando y en cantidad. 

Dicen que “el que no apoya es un liberal de los 90”. Otra ironía. En los 90, los Kirchner aplaudieron todo lo contrario: la entrega de la petrolera nacional.

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Peleados con el mundo – Fernando Laborada

Hasta hace pocos días, la Argentina estaba aislada del mundo. Ahora, no sólo está aislada, sino que ofrece la imagen de un país peleado con el mundo.

Desde el conflicto bélico por las islas Malvinas, en 1982, es difícil encontrar situaciones en las cuales la Argentina haya estado expuesta a tantas presiones internacionales como en las últimas horas, como consecuencia de la anunciada expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, hoy en manos de Repsol.

Las comparaciones suelen ser odiosas. Pero vale recordar que, durante los aprestos para la Guerra de las Malvinas, muchos militares imaginaban que sólo estarían enfrentados con Gran Bretaña. Pronto se descubrió que detrás de los británicos estaban los Estados Unidos y la OTAN.

Es probable que al tomar la decisión de expropiar la empresa petrolera y de intervenirla, echando a sus directores de una manera casi propia de pistoleros del Lejano Oeste, el gobierno argentino no haya medido adecuadamente que a las quejas de España se sumarían la solidaridad de toda la Unión Europea, la inquietud del gobierno de Barack Obama y las reservas de algunos presidentes latinoamericanos.

En 1982, el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri vio en la recuperación de las islas australes la solución para detener la caída libre de un régimen que evidenciaba su agotamiento y comenzaba a sufrir fuertes presiones sociales.

Salvando las distancias, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha recurrido a la retórica nacionalista para repuntar en la consideración popular, tras la fuerte disminución de su imagen positiva por la tragedia de Once y el escándalo que rodea al caso Ciccone y al vicepresidente Amado Boudou. Primero, sin mayor éxito, reinstaló la cuestión Malvinas; poco después, la apropiación de YPF.

En el tema Malvinas, la Presidenta sufrió una gran desilusión durante la reciente Cumbre de las Américas de Cartagena. Comprobó la escasa predisposición de algunos gobiernos latinoamericanos para acompañar el reclamo de soberanía de un país que, al mismo tiempo, prohíbe o restringe sus importaciones.

La Argentina ya estaba aislada del concierto internacional. No por nada, en un hecho inédito, 40 países denunciaron conjuntamente ante la Organización Mundial de Comercio restricciones arbitrarias de importaciones por parte del gobierno kirchnerista. Y no por nada el gobierno norteamericano excluyó a la Argentina del sistema general de preferencias, tras esgrimir mala fe en el incumplimiento de fallos arbitrales del Ciadi.

Tras el desaire a los españoles, la situación es peor. Los cuestionamientos llegaron no sólo desde la Península Ibérica. También provinieron de Francia, de Italia, de los Estados Unidos, del presidente del Banco Mundial y hasta del propio primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, que públicamente le dijo a su par español, Mariano Rajoy: «Aquí no expropiamos, señor presidente». Las críticas a la Argentina podrían multiplicarse desde hoy. El tema YPF sería tratado tanto en una reunión de ministros de Comercio del G-20 en México como, quizá más tangencialmente, entre los asistentes a la asamblea del FMI en Washington.

¿Puede haber graves represalias comerciales para el país? Expertos en comercio internacional creen que vincular problemas derivados de inversiones, como en el caso Repsol YPF, con sanciones comerciales es complicado. Recuerdan, a su vez, que en 2007, cuando el gobierno boliviano expropió con su ejército una refinería de la brasileña Petrobras, muchos pensaron que se estaba al borde de una guerra; sin embargo, la «paciencia estratégica» de Lula permitió un entendimiento pacífico, con expropiación incluida.

Lo más probable a corto plazo es que disminuyan las compras de España a nuestro país. Para otras sanciones habrá que esperar algún tiempo. Las presiones por ahora apuntan a que la Argentina le pague a Repsol una indemnización justa. Pero hay algo claro: costará mucho recuperar la imagen argentina en el exterior y seducir a inversores extranjeros si este conflicto se prolonga.

Entretanto, los funcionarios argentinos exhibieron una llamativa indiferencia ante las críticas desde afuera, no exenta de alguna declaración desafiante. Como si el mensaje fuera «si quieren venir, que vengan y les presentaremos batalla», al igual que en el lejano abril de 1982…

  • Fernando Laborada es periodista  y jefe de opinión del Diario La Nación y director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Belgrano – Buenos Aires, Argentina.
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