Las reformas energéticas y la violencia en México- María Novoa Portela

MEXICO CRÓNICAS DESDE MÉXICO 

MARIA

Las reformas energéticas y la violencia en México-  María Novoa Portela

En México la guerra de Independencia fue una revolución campesina que no cumplió con las expectativas de los indígenas y campesinos; y la Revolución de 1910 fue, igualmente, un proceso de cambio donde la exigencia fundamental era la tierra; y, de igual forma,  la satisfacción de los habitantes del campo tuvo sus límites. Hoy, nuevamente, nos hallamos en un momento crítico y de transformación y, aunque es el movimiento estudiantil el que representa la conciencia crítica de la sociedad, detrás se oculta nuevamente y como siempre, la lucha por la tierra y por los recursos naturales; de ahí que las “reformas” estructurales tomen una gran relevancia y supongan la cereza al pastel de la impunidad con la que el Estado mexicano pretende rematar el país. Las contradicciones generadas son de tal magnitud que la violencia se ha vuelto atroz en el campo y podrá ser, todavía, peor; de todas formas confiamos en que la esperanza, que sólo puede venir de los desesperados, como decía Walter Benjamín, nos guíe a la primera revolución del siglo XXI contra las ofensas de un capital cada vez más cosificador y criminal. No cobran por soñar.

Como parte de los incentivos a las petroleras extranjeras para que inviertan en México, en la ley de hidrocarburos propuesta por Enrique Peña Nieto se otorga a la Secretaría de Energía la facultad de ordenar la expropiación de los terrenos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas que llevarán a cabo empresas privadas nacionales y foráneas.

Se ha creado una nueva figura jurídica denominada “servidumbre legal de los hidrocarburos”, mediante la cual las trasnacionales podrán apropiarse de terrenos, bienes muebles y derechos requeridos para explorar y explotar petróleo y gas, cuando no hubieran llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar con los dueños.

Las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán en favor del asignatario o contratista para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades que ampara su contrato, señala el artículo 95 de esa ley.

Los dueños de los predios, instalaciones o derechos –como el de vía–, están obligados a pactar la compra o renta de los mismos, de lo contrario, desde el gobierno se los impondrán. La ley de hidrocarburos prevé un acuerdo negociado con la empresa extranjera sobre el precio de sus propiedades.

Sin embargo, ahí también los consorcios llevarán ventaja, toda vez que se señala el pago de una contraprestación que deberá ser proporcional a las necesidades del contratista, conforme a las actividades que quiera realizar, y podrá ser cubierto con pagos en efectivo o en especie, incluyendo compromisos para formar parte de los proyectos y desarrollos de la comunidad.

En caso de no lograr un acuerdo entre los consorcios extranjeros que vendrán a explotar el petróleo y los dueños de los terrenos y bienes que pretendan adquirir o rentar, se empezará un proceso de mediación ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, pero en caso de que persista el desacuerdo, la Secretaría de Energía dará inicio al proceso de expropiación de los predios o a la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos, por vía administrativa, en un plazo perentorio no mayor de diez días.

Por lo tanto, la nueva ley no sólo autoriza el despojo de tierras comunales y de pequeños propietarios, sino que permitirá la concentración de una parte importante de la tierra en pocas manos –las de las compañías trasnacionales hidroeléctricas y de hidrocarburos–, accediendo así a crear un nuevo sector de clase: los “latifundios energéticos”.

No habrá límite para las empresas energéticas en la extensión de tierra que adquieran u ocupen temporalmente para extraer petróleo o gas o generar electricidad. Tampoco existirán cortapisas en su acceso al agua. Serán los nuevos latifundistas.

La inserción de México en el mercado internacional desde antes de la Independencia y posterior a ella se hizo a través de un modelo basado en la exportación de productos primarios mineros y agrarios, también llamado modelo de desarrollo “hacia afuera” o crecimiento “hacia arriba”. En la etapa comprendida durante la presidencia de Porfirio Díaz, se intensificó este modelo con inversión de capital extranjero y modernización productiva, con un producto nuevo cada vez más importante: el petróleo. La figura del latifundio caracterizaba a la estructura productiva: grandes concentraciones de tierra de donde se extraían recursos naturales orientados a la exportación, como vía para acceder a recursos financieros.

La estructura de la propiedad del suelo agropecuario ha mantenido profundas huellas que le dejó la Reforma Agraria (periodo presidencial de Lázaro Cárdenas). La gran mayoría de los productores agropecuarios (81.7%) posee tierras en los tres tipos de propiedad que autoriza la ley agraria. La propiedad ejidal, que ocupa 59.1% de las tierras agropecuarias, se formó mediante el reparto de los latifundios coloniales. La propiedad comunal se refiere a las tierras que conservaron las comunidades indígenas durante el periodo colonial y también incluye la restitución de las tierras que estas comunidades perdieron durante Siglo XIX. La propiedad privada actual cubre 28.7% de la superficie agropecuaria y es la segunda en importancia; ésta tiene su origen en la extensión de tierra agropecuaria que la ley agraria le permitió conservar a los hacendados. En la actualidad, los ejidatarios y comuneros poseen más del 70% de la tierra agropecuaria pero el capital y la tecnología se concentran en las tierras privadas.

Las reformas que se realizaron a la ley agraria durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) significaron la consolidación del modelo neoliberal que había iniciado, parcialmente, un sexenio antes. Se trató de convertir a la tierra de propiedad social en una mercancía. Sin embargo, las reformas salinistas no fueron suficientes para cambiar significativamente la estructura de la propiedad agropecuaria porque los campesinos en general no estuvieron dispuestos a someterse al riesgo de perder sus tierras.

La nueva relación entre empresas energéticas y campesinos dividirá gravemente a ejidatarios y comuneros con derecho a la tierra y al uso de las áreas comunes, de los avecindados que viven en las poblaciones rurales. Las empresas podrán repartir beneficios a quienes tienen derechos agrarios y dejar fuera a los pobladores que carecen de ellos. Más aún, dentro de un mismo ejido o comunidad podrá tratar con unos cuantos ejidatarios y comuneros y dejar fuera del acuerdo a otros.

En lo inmediato, la incursión de este nuevo latifundista en el campo mexicano ya está provocando expropiaciones de hecho, especulación con la tierra, sobrexplotación (y contaminación) de los mantos freáticos y privatización del agua. Simultáneamente propicia desarraigo, ruptura del tejido social, proliferación de guardias privadas al servicio de las empresas, florecimiento de una cultura rentista, fortalecimiento de los cacicazgos locales, violación sistemática de los derechos humanos por parte del llamado narcotráfico que ya forma parte de los aparatos represores del narcoestado y la emergencia de un nuevo tipo de resentimiento social.

La reacción frente a esto se ha experimentado ya a través de fuertes protestas contra las compañías mineras en casi todo el país: las eólicas en Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad en el sureste y las zonas de riego del norte, y el mismo Pemex en estados como Tabasco.

Esta ley de despojo viene, además, en un momento en el que la válvula de escape de la migración ha dejado de funcionar como lo hacía, y muchos emigrantes de Estados Unidos, están regresando al país a sembrar sus parcelas.

La historia de México ha estado marcada por incesantes rebeliones agrarias. Pueblos y comunidades se han levantado una y otra vez en defensa de sus tierras y territorios. Contra viento y marea, los campesinos han persistido en el empeño de seguir siendo campesinos. No hay razón fundada de que ahora vaya a ser diferente. (Luis Hernández Navarro)

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