ESTADO DE DERECHO. DEMOLICIÓN CONTROLADA.-Jesús Penedo Pallas (*)

Mientras unos se debaten entre el ser cien por ciento, el si es si, el no es no y el yo jamás hablaré mal de “es@”, en un alarde de profundidad de pensamiento que casi estimula el dolor del alma; otros tejen su afán cotidiano en demostrar con facundia digna de mejor causa, la bondad de lo suyo, como único y auténtico; equiparando por inducción simple, la maldad intrínseca de todos los demás por definición y postulándose como solución de todos los males que fueron y que con ellos, como por ensalmo, dejarían de serlo; para lo cual, enarbolan una moción de censura que ya empieza a amenazar con dejar sus verguenzas al descubierto.

Pero mientras unos y otros, cuasi con frivolidad se aplican a tan estériles ejercicios, el marianismo dominante, sigue aplicándose ¡y de que manera!   a las tareas de demolición iniciadas con mayoría absoluta y continuadas ahora a pesar de que la situación de la aritmética es bien diferente.

La Fiscalía, desde el Fiscal General del Estado, pasando por los fiscales especiales, parece manifestarse como la última de las detonaciones en esa demolición controlada del propio Estado de Derecho.

Aunque con cierta sordina, van emergiendo sucesos, que muestran el sistemático ataque a las garantías constitucionales, cuya dimensión puede considerarse ya de escándalo, por cuanto amenazan de tal modo la imparcialidad, que mas semeja la transformación en un Estado al servicio de unas minorías, en vez de serlo para todos los ciudadanos por igual.

Primero fué la llamada “doctrina Botín”, que debe su nombre al primer beneficiario de la tesis de que determinados delitos, solo podrían ser perseguidos si la acusación era sostenida por el Ministerio público, dejando maltrecha la acción popular reconocida en la Constitución.

Luego resultó paradigmática la actuación del fiscal Horrach en el mediático caso Urdangarín-Infanta, donde apareció públicamente y sin rubor como defensor de la Infanta y finalmente con la oportuna ayuda de una acusación popular contaminada por una oportuna acción delictiva.

Aparte del rigor con el que ejercen su acción los fiscales en delitos y delincuentes menores, llama también la atención su especial dedicación, interés, cuando no un cierto ensañamiento, en los delitos referidos al ejercicio de los derechos ciudadanos, como el derecho de huelga, el derecho de manifestación y de opinión, que conllevan en ocasiones a esperpentos como procesos por participar en piquetes, emitir determinados twits mas o menos desafortunados o manifestarse con el torso cubierto con mas o menos trapos, sin olvidar los “atentados” contra la libertad religiosa, consistentes en menoscabar la “digunidad” de no se que “creencias”, simplemente porque asi lo manifiestan los presuntos “ofendidos”

Para colmar el vaso y por si cabía alguna sospecha, la fiscalía anticorrupción, semeja manejar a su antojo con enorme desparpajo y desverguenza los sumarios en el que aparecen investigados relevantes miembros del partido del gobierno de España y conspicuos militantes del Partido Popular; revelándose no tanto como Ministerio público, sinó como descarado instrumento de parte.

Malparado sale el Artículo 124 de la Constitución Española, que atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley,  asi como la de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad.

Si como parece a juzgar por las intenciones manifestadas por el gobierno, la acción popular va camino de ser severamente limitada po ley y si la parcialidad manifiesta de las actuaciones del Ministerio público, amenazan con  socavar severamente su credibilidad, ¿que camino nos queda a los ciudadanos frente a las tropelías del poder?.

Creo modestamente, que se está produciendo un atentado sistemático contra el Estado de Derecho con un grado de impunidad indigno de un pais avanzado.

Si las distracciones varias a las que se entregan profundamente divididos los grupos de oposición, permiten al gobierno continuar con sus tareas de demolición de forma tan impune como egoista e insensata, habremos de preguntarnos muchas cosas.

Ojo, que si nadie lo impide, continuarán la demolición.

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.

 

 

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