EL INSTRUMENTO DICTATORIAL: LA CETA.-José Luis Ortiz Güell (*)

Hasta no hace mucho el hacha que cortaba las libertades solían ser los ejércitos y las armas. Ahora en la globalización, para confundir han decidido introducir los Tratados y el control especialmente sobre el agua un bien necesario para la vida en la Tierra.

Me refiero a la CETA, no llego a entender esa postura, bien de abstención , bien a favor ,mucho mas recriminable por supuesto de un Tratado que va a suponer el posible fin de las libertades y derechos cuando ante ello solo es posible un rotundo, inalterado e inasequible NO .

Voy a intentar aclarar algo sobre ese Tratado y como el NO al mismo es la defensa de los pilares básicos del Estado Social y Democrático de Derecho.

Un texto confuso y problemático que ha habido la necesidad de hacer declaraciones interpretativas a su respecto como lo hizo Alemania. Exigencias de Estados como Valonia.

Hay que tener en cuenta que una declaración interpretativa no es más que una fuente secundaria para la interpretación de un texto y no promulga cambios en el mismo.

Es vergonzoso como socialistas, algunos, de la Eurocámara y populares rechazaran en su día que el Parlamento Europeo pudiese tener un debate claro, informado y transparente sobre el tema.

Puntos oscuros que presenta ese acuerdo:

a) Es un acuerdo que busca la armonización a la baja en lo referente a los estándares laborales y de salud, perdiendo muchos derechos adquiridos con tiempo y mucha reinvidicación.

b) Incluye una cláusula llamada ISDS, un mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados que permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales privados por cualquier política que les afecte negativamente, pero en ningún caso al contrario. Según la ONU, el 60 % de las demandas lo suelen ganar los inversionistas y un abogado en un caso de ISDS cobra 1000 euros a la hora teniendo en cuenta que esas compañías tienen normalmente más de diez abogados ahora sumemos a ese gasto el resto de actores de la demanda y veremos su coste real ¿un poco alto no?.

c) En cuestión de vivienda, programas sociales y gestión municipal el CETA interviene de forma decisiva e importante ya que es el primer tratado que engloba a los gobiernos subnacionales, todos sus gastos y políticas. Y puede llegar a afectar a cualquier municipio, por ejemplo una ciudad como Madrid que en un momento determinado privatizase la gestión del agua en el momento que un nuevo gobierno decidiese retornarlo a su gestión pública las empresas perjudicadas podrían exigir una cuantiosa compensación económica. Da lo mismo lo que quisieran hacer los nuevos ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Madrid o A Coruña. Si se aprueba el CETA y hay intereses de Canadá o EE UU en juego, no podrán volver a hacer público nada, aunque sea legal según la justicia española.

d) Introduce decisiones regulatorias, que por lo general son competencia exclusiva de nuestras democracias y de sus Gobiernos.

e) Control decisivo sobre un bien necesario de la vida , el agua. En el artículo 1.9, “Derechos y Obligaciones correspondientes al agua”. El artículo, que está redactado en términos legales confusos, afirma que “el agua en su estado natural […] no es una mercancía ni un producto. Por tanto, sólo se aplicarán a dicha agua los capítulos venitidós (Comercio y desarrollo sostenible) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente).” El problema es que prácticamente todos los usos del agua (agua potable, saneamiento o regadío) implican agua extraida de su medio natural. Podría, por tanto, ser considerada como una mercancía y un producto, y estar sujeta a las disposiciones del CETA. El artículo añade que “Si una Parte permite la utilización comercial de un manantial concreto (“water source” en el original en inglés), debería hacerlo de forma coherente con el presente Acuerdo”, lo cual daría lugar a una mayor mercantilización del agua, un bien necesario para la vida. Hay varios casos en los que gobiernos han sido llevados a estos tribunales privados de arbitraje por parte de empresas en casos relacionados con el agua. Argentina, por ejemplo, ha perdido tres casos contra inversores internacionales cuando el país retomó el control público sobre los servicios de agua. Argentina tuvo que indemnizar con 105 millones de dólares a Vivendi (ahora Veolia) después de que las autoridades cancelaran el contrato de Vivendi para abastecer de agua a la provincia de Tucumán cuando la empresa incrementó las tarifas del agua un 104% y no invirtió suficiente en el sistema, dando como resultado una muy baja calidad del agua, a modo de ejemplo.

Para mantener el estado de libertades actual, hay que frenar al TTIP, la CETA y la claúsula ISDS, sino el mundo que hasta ahora hemos conocido de libertades y bienestar social habrá caído sometido por una cruel dictadura auspiciada por la globalización.

(*)José Luis Ortiz Güell, funcionario

Acerca de Contraposición

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