El fallo del Tribunal Supremo de España, sobre la decisión del gobierno de exhumar los huesos del dictador Franco y su inhumación en otro lugar  distinto de Cuelgamuros, ha vuelto a reabrir una polémica eterna, que amenaza con no remitir.

Cabe decir al respecto que el conocimiento del fallo y la demora de la Sentencia, con sus razonamientos y justificaciones jurídicas, ayudan poco al sosiego.

La familia del muerto y sus epígonos, con toda la razón, sienten heridos sus “derechos”, por cuanto la sentencia vendría a decir que la decisión de un gobierno democrático, de acuerdo con la legalidad vigente, prevalecería sobre la voluntad del dictador y sus herederos y seguidores;  de perpetuar sus designios, por encima de cualquier otro posicionamiento.

La decisión del Gobierno de exhumar lo que quede de los huesos del sátrapa, tendría la finalidad de convertir el llamado Valle de los Caidos, en un monumento civil, a la memoria de una guerra fratricida entre españoles, desvinculándola de su concepción inicial de exaltación “patriótica” del bando vencedor.

Es una extravagancia histórica encontrar en  una democracia avanzada consolidada, un monumento a la gloria perpétua de un tirano, sostenida con fondos públicos y conociendo la triste memoria de los seres humanos que involuntariamente participaron en su construcción, parte de ellos, dejándose la vida en el empeño.

Tan extravagante es al menos, que los administradores de esos fondos públicos custodios y rectores del monumento, lo sean los miembros de una orden religiosa  y lo hagan desafiando al poder del Estado y considerándose por encima de la legalidad.

Los contrarios a la exhumación, alegan entre otras razones:

1. Que estaríamos ante una profanación.
2. Que no se debe remover el pasado, porque ello supone el retorno a los odios y los enfrentamientos.
3. Hay problemas mas importantes, que la exhumación de Franco.

A ellos, añaden además algunos otros de carácter estrictamente religioso, que como no podía ser de otro modo se basan en la concepción nacionalcatólica de la dictadura, que no merecen contraargumentación.

Respecto a la primera cuestión, el fallo del Tribunal Supremo, parece dejar perfectamente claro, que lo de “atado y bien atado” como conjura frente a un Estado de Derecho, tiene poco futuro, ya que el gobierno legítimo en el uso legal de sus facultades, podría proceder a la exhumación sin género de dudas.

Respecto a la segunda, es perfectamente comprensible la posición de quienes argumentan tal posición, en la medida en que mantener la posición de privilegio permanente sería justificación suficiente, para evitar el juicio moral a una etapa decididamente oscura de la historia de España,  caracterizada por el nulo respeto a los derechos humanos y el ejercicio arbitrario y despiadado del poder político, militar y policial como instrumento para mantener sometida a la población. Algunos van mas allá, recordando que no debemos retrotraernos a juicios sobre el imperio romano, o sobre  el bronce de Lascuta, olvidando que no estamos hablando de hechos tan remotos, sinó de heridas sufridas por personas vivas o descendientes con recuerdos perfectamente vigentes.

Cuarenta y cuatro años después de la muerte del dictador, deberían haberse superado algunas cosas. La primera de ellas es que nada contribuirá mas al odio y al desencuentro, que el intento de perpetuar el relato de una época triste de la historia de España, caracterizada por la crueldad de los vencedores, que el monumento de Cuelgamuros pretende perpetuar. La segunda es la necesidad por justicia, de que los muertos víctimas de la dictadura e indignamente enterrados en fosas y cunetas, puedan tener el reconocimiento, el homenaje y la inhumación digna que deseen sus familiares y finalmente, que el monumento a la dictadura, pueda convertirse en un monumento a la paz a la concordia y a los derechos humanos, despojándolo de su simbolismo de victoria militar y avasallamiento.

Respecto a la última cuestión; es simplemente una falacia recurrir al argumento de que hay cosas mas importantes, como si fuese contradictorio el objetivo objeto de debate, con el resto de “cosas importantes”. Es posible que la utilización mediática del asunto sea desorbitada, pero la realidad es que salvo su utilización como cortina de humo, no debería suponer ni para gobierno ni para oposición, mas tiempo que el estrictamente preciso-insignificante- para ejecutar la cuestión.

En esta situación, a uno le sobrevienen algunas preguntas la mar de sencillas.

¿Qué razones tiene la derecha democrática para reivindicar la tiranía franquista o apoyar las posiciones de sus epígonos tendentes a la perpetuación de la memoria de un régimen autócratico?

¿Cómo puede justificar un estado democrático avanzado y no confesional, la administración de lugares de patrimonio estatal “sacralizados” por una una orden religiosa?

No tengo respuestas desde mi convicción democrática, para ninguna de las dos preguntas. No me gustaría que formase parte del ruido mediático de la permanente campaña electoral, pero esa ya es otra cuestión.

Ustedes me dirán.

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.