Anda el foro político-mediático un tanto alteradillo, a cuenta de la iniciativa parlamentaria de investigar al Rey abdicado Juan Carlos I de Borbón.

Es cierto que a estas alturas del serial, habiendo abdicado, se han conocido algunos comportamientos que cuestionan la honorabilidad del sujeto. Y también es cierto, que se rememoran otras que corresponden a la época en la que ejerciendo su magistratura como Jefe de Estado constitucional, a pesar de haberse conocido, todo el mundo había decidido pasarlas por alto.

Pero la brutal crisis de la década pasada, removió-y de que manera-el tablero político y social; emergiendo del contexto, intentos visibles y votables de opciones políticas cuyo objetivo es a la vista de los acontecimientos, cuestionarlo todo, hasta el extremo de aborrecer desde sus orígenes el constitucionalismo nacido de 1978. Algunos argumentan que la solución pasaría por el derribo del Régimen de monarquía constitucional, para sustituirlo por un Régimen republicano, cuyo modelo al menos yo desconozco en este momento. Otros, serían partidarios del regreso a la monarquía absoluta del Siglo XIX, convencidos seguramente de que a la sombra del principio autoritario, sus tesis les darían grandes oportunidades.

Pués así las cosas, caben algunas reflexiones:

La primera es que los comportamientos del ciudadano D. Juan Carlos de Borbón que se hayan producido después de su abdicación y tengan relevancia penal, deben ser investigadas y en su caso enjuiciadas con el rigor aplicable a cualquier ciudadano y si procede, aplicarle la pena o la corrección que de la aplicación de la Ley, deba resultar después de un juicio justo. La investigación parlamentaria de la cuestión, puede resultar un eficaz instrumento de propaganda, pero habría que evaluar el balance coste-beneficio para el conjunto del país, antes de impulsarlo por intereses cortoplacistas. Es una forma de verlo

La segunda, es que si de los hechos anteriores a la abdicación con relevancia ética o penal, no se ha podido conocer, por razón de la inmunidad legal que le resultó de aplicación, debe corregirse de inmediato la regulación legal de la inmunidad del Jefe del Estado, limitándola exclusivamente a la actuación de buena fe en su calidad de tal, para que no pueda volver a ocurrir. Por supuesto, las actuaciones estrictamente privadas, deben de estar sometidas a la ley común como las de cualquier otro ciudadano. Por tanto impulsar una regulación de dicha inmunidad, no es un acto de adhesión a la Corona, sinó de desarrollo de la Constitución, para reforzar particularmente los principios de igualdad ante la ley y de consolidación del Estado de Derecho. También es una forma de verlo.

La tercera cuestión se refiere a la oportunidad de poner en cuestión la monarquía constitucional, confrontándola con un modelo de Jefatura del Estado electiva o republicana. En la actual coyuntura de fragmentación parlamentaria, de debate marcado por horizontes cortoplacistas y por que no decirlo, de una manifiesta carencia de proyectos estratégicos atractivos, abrir un debate que requiere de mayorías de amplia cualificación, tal vez no sea la mejor estrategia.

Para concluir, el objetivo republicano, perfectamente legítimo y razonable, antes de ponerlo en el ágora del debate, debería clarificarse con algunas puntualizaciones: ¿De que modelo de república estamos hablando? ¿Queremos una república presidencialista modelo USA , un modelo mas mixto del modelo francés, un modelo simbólico al estilo de Alemania? De ello dependerá, que queramos que el Presidente de la República sea elegido por sufragio universal, o lo sea por el Parlamento, pero también dependerá que una buena parte del poder sea ejercido de forma personalista, con el contrabalance del Parlamento.

Tengo la sensación de que en este momento, estamos un tanto verdes y si algo merecería esfuerzo, sería el esfuerzo de maduración, para llegar a un debate sereno y riguroso, que pueda alumbrar una salida al actual batiburrillo interesado y poco interesante, con el que nos amenizan en lo cotidiano.

La persistencia en el sectarismo, en el interés coyuntural y en el debate de escasa altura, puede resultar satisfactorio para sus promotores, pero inútil y perverso, para mejorar el futuro de España y de sus ciudadanos.

Una cuestión de opiniones.

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.