Banco malo, banco bueno – Clemente Heras

Publicado el 8 mayo, 2012 por Contraposición

Cuando el actual Ejecutivo tomó el relevo a finales de diciembre del pasado año, una de las primeras decisiones que tomó Rajoy fue poner a trabajar a Luis De Guindos, ministro de Economía, para convencer a los mercados de que la reforma financiera iba a dejar a la banca española libre de cualquier problema. De hecho, fue De Guindos (en detrimento de su compañero de Hacienda, Cristóbal Montoro) el primer ministro económico en comparecer en una multitudinaria rueda de prensa, el jueves 2 de febrero, un día antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros, para explicar una nueva fase de la reforma financiera que a la postre no ha servido de nada de cara a evitar la implantación de un ‘banco malo’.

El “decretazo”.

El plan, plasmado en un decreto-ley al que los propios banqueros llaman “decretazo”, consiste básicamente en que la banca ponga de su bolsillo 52.000 millones de euros (en provisiones y capital)  para sanear sus activos inmobiliarios y así convencer a los mercados de que ya es imposible un desastre, porque bajen lo que bajen los precios de la vivienda y el suelo, la banca española estará cubierta. Las prisas del Gobierno por llevarse bien con los mercados financieros internacionales y tratar de convencer a los socios europeos le hicieron olvidar algunos detalles que ahora va a tener que arreglar, si le dejan, con una solución de compromiso.

El Banco de España entra en juego.

Desde aquel 2 de febrero y durante más de dos meses, ha sido el Ministerio de Economía el encargado de explicar a todos los interlocutores políticos y a los analistas privados las bondades de la nueva reforma. Sin embargo, a partir del jueves 19 de abril entró en juego el Banco de España. El Gobierno había entendido que los socios europeos no iban a consentir que la banca española saliera indemne de la crisis y habían elevado la presión para obligar a España a crear un ‘banco malo’. En otros países europeos ya se había creado esa figura, consistente en una nueva entidad, sostenida en parte con ayudas públicas, que aglutina las inversiones peligrosas de los bancos para dejar sus balances limpios y permitirles retomar su actividad de dar préstamos a particulares y empresas.

Activos inmobiliarios.

En España la banca no tenía prácticamente activos financieros tóxicos (productos de ingeniería financiera vendidos a precio de oro aunque no tenían respaldo real), pero sí tiene un problema, cuantificado en 180.000 millones de euros, con créditos problemáticos de recuperar al cien por cien concedidos a promotores inmobiliarios y constructores durante la burbuja inmobiliaria. La nueva fase de la reforma financiera aprobada por el nuevo Gobierno del PP ofrecía a los mercados el sacrificio de que las entidades financieras asumieran contra sus propias cuentas de resultados elevar hasta un 65% la cobertura de las viviendas en construcción y hasta el 80% la del suelo sin construir. Después de ello, vender estos activos a precios de entre el 20% del que figura en la tasación para las fincas y del 35% en el caso de los pisos en construcción no darían problema alguno a los bancos.

Versión opuesta.

¿Cuál es el problema? En los países que han creado ‘bancos malos’, estas nuevas entidades se quedan con la porquería y la banca, saneada desde el principio, va recomprando y asumiendo las pérdidas de los disparates financieros que hizo, pero poco a poco, según vaya ganando dinero con la recuperación. En España, el Gobierno, fiel a la idea del Ejecutivo anterior de no crear ese ‘banco malo’ y de que sea el propio sector financiero el que asuma sus problemas, obliga a las entidades financieras a poner sobre la mesa 52.000 millones de euros para devolverles la fiabilidad ante los mercados internacionales.

Pero si eso funciona, los gobiernos europeos que optaron por la solución de inyectar dinero público en grandes cantidades a la banca pierden el argumento de que esa era la única solución posible para salvar al mundo del desastre financiero. Con Alemania a la cabeza, Europa se niega entonces a aceptar un plan que no contenga la creación de una entidad que aglutine los activos malos, que en el caso de España son inmobiliarios. Y además prefieren que lo financie el Fondo de Rescate Europeo, porque con ello ya podrán decir que la banca española se ha salvado gracias al rescate de Europa.

Los bancos, hartos.

Una vez en este punto, el Gobierno decide que hay que crear ese ‘banco malo’, o un grupo de ‘bancos malos’, donde la banca deposite sus activos inmobiliarios durante unos años a la espera de tiempos mejores para los precios de la vivienda y del suelo. Siguiendo también la determinación tomada por el Ejecutivo anterior de Zapatero, De Guindos se niega a que ese ‘banco malo’ esté financiado con dinero público, sea español o del Fondo de Rescate Europeo, y pacta entonces con el Banco de España la búsqueda de capital extranjero, preferiblemente asiático, para sostener la financiación de todos esos activos inmobiliarios durante el tiempo que tarden en ser vendidos. Los bancos, que ya habían adoptado soluciones parecidas hace meses, como en los casos de La Caixa y Bankia, transmiten al Ministerio su malestar por tener que gastar 52.000 millones para dejar en manos de inversores externos al sector unos activos previamente saneados.

Voluntario, pero menos.

El Ministerio de Economía negocia ahora con la banca el precio al que esos activos serán puestos en el ‘banco malo’, ya que si se depositan al que resultaría de restar las provisiones del precio tasado, sería muy barato, a costa de la pérdida de beneficios y los ajustes internos de recorte que habrán tenido que hacer para cumplir los objetivos del “decretazo”. El equipo de De Guindos se escuda en que la fórmula que aprobará el Gobierno será voluntaria, es decir, que los bancos que no quieran no tienen por qué sumarse a la creación del ‘banco malo’. Los bancos no están de acuerdo, porque en su opinión si alguno se niega a entrar en esta solución será acusado por los mercados de no querer sacar a la luz su problema y el tamaño real de sus activos problemáticos, con lo que será castigado en la Bolsa.

Relación complicada.

Esa es una de las causas por las que el propio presidente del Santander, Emilio Botín, decía hace pocos días, de forma enérgica, que la banca española no necesita un ‘banco malo’. Las condiciones han sido puestas de tal manera que ahora la entidad que no se sume va a ser castigada por los mercados, mientras que los fondos que asuman la financiación del ‘banco malo’ pueden llevarse los activos a un precio que será garantía de jugosas plusvalías con solo esperar a que se reactive la economía. El Gobierno del PP no ha tardado ni cinco meses en agriar sus relaciones con el sector financiero, algunos de cuyos dirigentes se mostraban claramente partidarios de un cambio de poder cuando gobernaba el Ejecutivo socialista.

Artículo publicado por Clemente Heras en el Plural.com el 7 de mayo de 2012

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“Las 72 horas que tumbaron a Rodrigo Rato” – El Confidencial – Economia y Empresas

Publicado el 8 mayo, 2012 por Contraposición
Rodrigo de Rato y Figaredo

Viernes, 4 de mayo. Luis de Guindos citó por la tarde en sus dependencias del ministerio de Economía al presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, para comunicarle su decisión sobre el futuro del grupo financiero. El encuentro no fue un mano a mano. La convocatoria estaba abierta a otros invitados, los tres banqueros del Reino, es decir, a Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (La Caixa), que con su presencia arroparon y respaldaron los argumentos ofrecidos por el ministro para justificar la necesidad de una actuación drástica que atajara las dudas que BFA-Bankia representaba para la credibilidad de la reestructuración del sistema financiero español.

Rodrigo Rato tuvo que escuchar por boca de su antiguo subordinado y del resto de presidentes, con quienes ya había emparentado al frente de BFA-Bankia, cómo su breve carrera de banquero había acabado. El nombre de su sustituto estaba ya incluso decidido, después de que José Ignacio Goirigolzarri, exconsejero delegado de BBVA, hubiera aceptado el reto y quedado libre de sus compromisos. Aun así, el exvicepresidente del Gobierno pidió 48 horas de plazo. Tenía el fin de semana para digerir la sentencia dictada por Luis de Guindos y al mismo tiempo tratar de dar una nueva forma al plan de viabilidad que sólo unas semanas antes había aprobado el Banco de España.

Los siguientes dos días fueron un continuo ir y venir de llamadas entre Rato y su reducido equipo de colaboradores. El presidente de BFA-Bankia estaba dispuesto a tragar con la llegada de Goirigolzarri como número dos del grupo, pero él quería seguir al frente, convencido de que la parte más dura del saneamiento ya se ha llevado a cabo. A pesar de los intentos, la prórroga fue sólo una cortesía. La decisión era firme y así se lo comunicó el propio De Guindos al sacrificado a última hora del domingo. No había posibilidad de hacer compatible el rescate y su continuidad como máximo responsable.

Ayer lunes por la mañana, Rodrigo Rato comprobó cómo las últimas 72 horas no habían sido un mal sueño. La información filtrada desde el propio Ministerio de Economía a algunos medios de comunicación sobre los planes del Gobierno para sanear Bankia dejaba a la entidad expuesta al pasto de las especulaciones sobre su viabilidad y sometida al castigo de los inversores en bolsa. No había marcha atrás posible. Lo único posible era minimizar el daño a la imagen personal y vestir de la manera más honrosa posible la dimisión del presidente de BFA-Bankia, que se fue presentando a su propio sucesor y recordando su servicio al frente del proyecto de fusión de siete cajas.

El presidente del Gobierno había dado el visto bueno al plan de Luis de Guindos. Nadie más dentro del Ejecutivo estaba al corriente, ni siquiera de los detalles que Mariano Rajoy dejó caer en la entrevista radiofónica que concedió a Onda Cero a primera hora del lunes, donde reconoció que, a pesar de no ser partidario, habría dinero público para sanear el sistema financiero en caso de que fuera necesario. BFA-Bankia era el centro de la diana. Sólo unas horas después, Economía cifró en 7.000 millones de euros la inyección de capital que recibiría el grupo financiero en formato de convertibles contingentes. Era el anuncio del principio de la inminente nacionalización.

Diferencias con Economía desde la llegada del PP.

Rato bregó sin éxito en su última aparición pública el pasado jueves. El expolítico y ya exbanquero asistió a la cita paralela que hubo en Barcelona en torno a la reunión del consejo de gobierno del BCE. Allí ejerció todavía como presidente de Bankia. Más aún, regresó de la ciudad condal, donde coincidió con Rajoy, convencido de que su condición de máximo responsable del grupo financiero estaba a salvo, a pesar del pulso abierto que durante las últimas dos semanas venía librando con Luis de Guindos. Sin embargo, la urgencia ministerial por resolver la inconclusa reforma del sistema financiero y despejar las dudas sobre su viabilidad quebró cualquier opción de seguir adelante.

Esta vez, a diferencia de su paso por el FMI, no hubo espantá. Ha salido a la fuerza. Formalmente, Rato informó ayer lunes de su dimisión, pero en realidad estaba tomando la puerta de salida que le habían señalado antes desde el Gobierno. Mariano Rajoy había comprado los argumentos de su ministro de Economía y, por lo tanto, así tenía que ser. Pesaba casi tanto por igual la presión de la prima de riesgo, vinculada a la sombra de Bankia, como el riesgo político de que el nuevo paquete de medidas, con dinero público de por medio, fuera destinado para salvar una entidad dirigida por uno de los suyos, todo un pata negra, ministro y vicepresidente todopoderoso de la era Aznar.

De puertas afuera, los fieles de Rato, sus amigos personales, han vendido la renuncia como un gesto de caballerosidad: «Se va sin hacer ruido». Acepta el sacrificio como miembro que es del clan popular, a pesar de que habría deseado otro trato en lugar del abrazo del oso ejecutado por el ministro De Guindos, con quien chocó desde sus primeros días en Economía. Y es que aunque salvó la primera bola de partido con el amago de fusión preparado con La Caixa, proyecto que no pasó del mero cortejo, el político madrileño ha tenido que sucumbir al segundo gran envite. De nada sirvieron los esfuerzos del pasado. El miedo a que el problema fuera aún más grande pesó más que el apellido.

Fuente: El Confidencial.-Economia y Empresas

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Los servicios sociales y el principio de igualdad – Kostka Fernández

Publicado el 5 mayo, 2012 por Contraposición

Al promulgar la Constitución española los Servicios Sociales como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se ha creado un modelo de servicios sociales plural y diferenciado. Por ello resulta relevante detenernos en el principio de igualdad que propugna la Constitución de modo expreso y repetitivo en los artículos 1.1, 9.2 y 14; así como mencionar los mecanismos constitucionales para garantizar su efectividad, como se promulga en los artículos 31.1., 41, 138 y 149.1.1ª. En servicios sociales el principio de la igualdad es muy relevante, tal y como pone de manifiesto la doctrina, hasta el punto de señalar algunos autores que este criterio debería haber jugado un papel central en la distribución de las responsabilidades y competencias relativas a los mismos entre el Estado central, la comunidades autónomas y las corporaciones locales. Así pues, el principio de igualdad debe interpretarse en relación con las políticas sociales, atendiendo a su naturaleza, a la cantidad y a la cantidad de los objetivos y los medios, sin que ello signifique rigidez o uniformidad de técnicas, pues es ahí donde la transferencia de competencias genera modelos distintos, pero no por ello vulneradores del principio constitucional de igualdad.

Constitucionalmente la descentralización tiene un menor rango que la condición “social” que asigna la Constitución en el artículo 1.1, por lo que parece razonable la implicación de todos los servicios sociales del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, lo cual parece desprenderse de artículos de la Carta Magna como el 39, el 48, el 49 y el 50, entendiendo, por tanto, la necesidad de unos servicios sociales eficaces para la construcción del propugnado “Estado social”.

En la disyuntiva descentralización-centralización territorial, resulta también de interés detenernos en los niveles funcionales que le son propios. Un primer nivel sería el jurídico-político, a través del cual se imponen obligaciones y se otorgan derechos. Un Estado centralista otorga a los poderes centrales una amplia capacidad jurídica y política, mientras que un Estado descentralizado, como el de la Constitución de 1978, esas capacidades se otorgan a las comunidades autónomas, aunque en la práctica, al menos en algún grado como demuestra la praxis política, también a las corporaciones locales.

Otro nivel, no menos relevante, se refiere a la financiación. De hecho, comprobamos que la construcción del Estado social español se vio dificultada y se ve dificultada en la actualidad por la crisis económica, que Demetrio Casado califica de “insuficiencia financiera crónica”. En este sentido, y salvo excepciones como el País Vasco o Navarra, las comunidades autónomas encuentran graves dificultades económicas para hacer frente a la pluralidad de servicios sociales que tienen que atender.

Un tercer nivel, aunque menos relevante, se refiere al binomio gestión-organización. Obviamente ésta está condicionada por el grado de centralización o descentralización que el Estado tenga, pero sí podemos afirmar como principio que cuando la facultad de organizar y gestionar se ve acompañada de la capacidad jurídico-política, es decir de potestad legislativa, se produce la descentralización plena, puesto que si la descentralización sólo se limita a la gestión u organización, hay clara dependencia del gobierno central.

Pero la centralización no sólo la puede ejercitar el Estado central. De hecho, en el modelo de servicios sociales que hemos creado la centralización ahora está en manos de las comunidades autónomas, siendo, seguramente, preciso una nueva transferencia de competencias, esta vez a las corporaciones locales. Es la denominada transferencia de competencias de segundo orden, que, obviamente, ha de estar dotada de capacidad reglamentaria, para poder adaptar los servicios sociales a la idiosincrasia y necesidades de cada localidad.

Así pues, la Constitución española ha diseñado un modelo de servicios sociales de transferencia de competencias, generando un sistema social plural de servicios públicos, que no ha estado exento de problemas, especialmente desde la crisis económica. Hoy es obvio que las dificultades económicas condicionan el modelo de servicios sociales, hasta el punto de que se sostiene que resulta económica y financiera inviable, al menos en la formulación que hemos construido. Seguramente las corporaciones locales tienen mucho que decir en la prestación de estos servicios. Algo hay que hacer, pero siempre garantizando el mandato constitucional de igualdad en los servicios sociales. Ningún español puede carecer de acceso a los servicios sociales públicos. Ninguno.

Publicado en AUTORES, Kostka Fernández Fernández | Deja un comentario

Cada venres empeza a amencer – Xosé A. Gaciño

Publicado el 5 mayo, 2012 por Contraposición

Cada venres, reforma. Quedan moitas, se este goberno remata o tempo marcado de lexislatura. Suficientes quizais para darlle a volta ao calcetín institucional e social até deixar España de maneira que non a recoñeza nin a nai que a pariu, por dicilo con palabras dun rival político. Mesmamente, a segunda transición, que non puideron rematar na súa anterior etapa de goberno por culpa dunhas malditas bombas. Menos mal que a crise financeira, debidamente canalizada precisamente cara a deixar o camiño libre para novas aventuras espoliadoras, volveu colocalos no goberno no momento máis oportuno para culminar a reconquista das esencias patrias, contaminadas polos excesos da democracia e das políticas sociais, que estaban a distraer os verdadeiros negocios que os bos patriotas (os que poñen a salvo a riqueza nacional en contas suízas) poden facer cos fondos do Estado.

De momento, van cumprindo obxectivos, que os teñen e moi claros, aínda que ás veces transmitan a impresión de que se contradín (como se as promesas electorais houbese que tomalas ao pé da letra) ou de que improvisan a golpe de advertencias dos mercados (que son eses señores que reparten dividendos no medio da crise que provocaron eles). Os camiños do ultraliberalismo son inescrutábeis. 

O caso é seguir avanzando decididamente cara aos primeiros tempos do capitalismo, cando non había sindicatos nin limitacións de horarios e os salarios dependían exclusivamente da xenerosidade dos empresarios, sen cargas sociais e sen baixas por enfermidade, mentres se despexa o camiño para ir colocando nas mans da libre competencia privada (coa familia e os afíns, que sempre son máis de fiar, nos postos de saída) as potencialidades de negocio da asistencia sanitaria e do ensino (menos rendíbel economicamente, pero de moito aproveitamento ideolóxico).

Na folla de ruta aparecen tamén as rebaixas nas esixencias medioambientais e na promoción de enerxías renovábeis, milongas da sostibilidade, como lle chamaba un ilustre gañador pírrico nunhas eleccións autonómicas, que, por certo, é outro capítulo a revisar, que é mellor ter todo atado e ben atado desde o centro da península. Tampouco fai falta investigar tanto (que inventen eles, afirmaba orgulloso un ilustre intelectual da xeración do 98, na súa etapa mística) nin axudar a cineastas pacifistas e solidarios de causas perdidas.

E para manter a orde necesaria, que garante a pacífica convivencia dos cidadáns sacrificados e submisos, novas leis que poñan a cadaquén no seu sitio e aos alborotadores á sombra, sobre todo aos pacíficos da resistencia pasiva, que son máis fáciles de deter. Xa se sabe que a prima de risco se dispara por culpa dos manifestantes, non porque os presupostos sexan imposíbeis de cumprir, como afirman maliciosamente analistas que improvisan (mesmo algún desagradecido que traballa nalgunha institución internacional desas que promoven a austeridade rectamente entendida, é dicir, a que deben practicar as vítimas da crise). 

Hai moito por reformar. Até contar cun país como deus manda, sen abortos decididos unicamente pola muller, sen matrimonios homosexuais que desagradan especialmente a algúns bispos, sen inmigrantes aproveitando os nosos servizos, cunha televisión público ao servizo dos valores eternos (é dicir, dos que gobernan)…

Pode que algún resultado electoral nalgún país veciño modifique a correlación de forzas no paraíso ultraliberal europeo, pero, de momento e na orxía contrarreformista da que están a gozar, senten a emoción de que, outra vez, na súa España, empeza a amencer.

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¿Repensar el estado de las autonomías? – Isidoro Gracia Plaza

Publicado el 4 mayo, 2012 por Contraposición

Como diputado de las primeras legislaturas yo vote, favorablemente, la totalidad de los primeros textos de los Estatutos de Autonomía de todas y cada una de las CCAA. Vote con las ideas claras de donde estaban los límites de lo que aprobaba, y la opinión de los ciudadanos que se pronunciaron sobre aquellos textos, cuando se expresó opinión, coincidió con la mía de forma muy mayoritaria. El límite, en resumen, era el de mantener un proyecto común y absolutamente solidario, acercando los servicios públicos y el poder político a los ciudadanos.

Visto en la distancia que dan los lustros, el proyecto España, basado en la suma de los proyectos para Cataluña, Euskadi y Galicia, y el resto de proyectos (Andalucía, Extremadura, Valencia, etc.) han sido proyectos de éxito, sobre todo si miramos las mejoras que han disfrutado sus ciudadanos, en la práctica totalidad de las áreas que le relacionan con las administración. Eso ha sido así al menos hasta que entrado el siglo XXI se modificaron textos y actitudes políticas, de forma bastante desordenada y sin una idea vertebradora evidente.

Con la disculpa del amejoramiento de los distintos Estatutos se superaron límites que, durante más de 25 años, habían permitido avanzar a todos, manteniendo el  equilibrio que permite una buena convivencia común. Hoy, con la disculpa de superar la crisis, se producen casi todos los días propuestas de reforma, eso sí en direcciones opuestas según la posición política de cada proponente.

Pues bien, dejando meridianamente claro que no hay fracaso del Estado Autonómico, sino excesos y errores parciales, producidos sobre todo en los últimos tiempos, quizá sea el momento de abrir reflexión sobre como corregir lo menos, manteniendo lo más. Sin perder la perspectiva que, si se abre reflexión, los ejes sobre los que reflexionar son múltiples, desde el centro hacia la periferia, como reclaman los partidos nacionalistas y regionalistas, pero también en sentido inverso cuando los ciudadanos se sientan peor servidos. Desde la supresión de entes que se muestran poco útiles como las Diputaciones, a la creación de nuevos, como posibles supermunicipios. Desde permitir la entrada de gestión privada en campos públicos de competencia local, autonómica o central hasta restringir al estricto control público, incluida la obligada presencia directa, de la Administración en sectores estratégicos como la energía, el agua o el transporte, al margen del color de quien gobierne, en cada uno de los niveles.

Por cierto hablando de soberanías compartidas, yo como gallego reclamo mi parte de soberanía sobre el aeropuerto del Prat, el puerto de Bilbao y el control de tráfico del Estrecho, todos temas de máximo interés para las actividades de mis vecinos.

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Las medidas falsamente necesarias – Juan Francisco Martín Seco

Publicado el 4 mayo, 2012 por Contraposición
Juan Francisco Martín Seco

Una superchería domina a menudo el discurso económico, la de la necesidad. Es frecuente escuchar a los gobiernos que tal o cual medida es necesaria. “Ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero no queda otra alternativa”. Y esta letanía es recogida y difundida por los altavoces mediáticos de los poderes económicos que lo repiten una y otra vez, hasta que la población acaba aceptándola como verdad indiscutible. Sin embargo, pocas realidades serán tan contrarias a la ciencia económica como la necesidad. La economía comienza como disciplina allí donde se da la posibilidad de elegir entre distintas opciones. En presencia del determinismo, el problema económico desaparece.

Según la famosa definición de Robbins, dos son los parámetros que enmarcan la actividad económica: la escasez y la alternancia. Si falta cualquiera de estos elementos no podemos hablar de problema económico. Escasez no se identifica con necesidad, sino con limitación. Los recursos son limitados pero de usos alternativos. Y ante cualquier medida económica siempre caben una o varias opciones. Bien es verdad que la elección de una u otra nunca suele ser neutral. Se beneficia a determinados grupos y se perjudica a otros.

Desde mayo de 2010, los sucesivos gobiernos, primero el del PSOE y más tarde el del PP, han ido adoptando todo un abanico de medidas de tal calado que están modificando sustancialmente la estructura social, el marco de relaciones laborales y hasta la misma condición de nuestro Estado. El actual presidente del Gobierno ha pedido en rueda de prensa “un pequeño esfuerzo” -¿pequeño?-, “unos pocos euros necesarios para el sostenimiento de la educación o de la sanidad pública”. “Son cosas que no nos gusta hacer”, ha dicho, “pero son totalmente necesarias para el sostenimiento de la sanidad o la educación pública”. “En este momento no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos. No hay dinero porque hemos gastado mucho”.

Esta última aseveración, aplicada al Estado, carece totalmente de fundamento. Si algún sector ha gastado mucho en la etapa anterior ha sido el privado. Se mida como se mida, el sector público español se ha mantenido en un nivel de gasto muy inferior al de otros países, como ahora se dice, de nuestro entorno, a los que según se proclama se pretende imitar; y la comparación se hace mucho más negativa para España si a lo que nos estamos refiriendo es a los gastos sociales.

Los problemas actuales de las finanzas públicas tienen su origen en la enorme caída de los ingresos ocasionada por la recesión económica y por las tres reformas fiscales extraordinariamente regresivas (dos del anterior gobierno del PP y una del último gobierno del PSOE), instrumentadas principalmente en el IRPF y en el impuesto de sociedades. En su momento, se vendía la peregrina idea de que no iban a tener impacto en la recaudación y se propagaba el espejismo de que la bajada impositiva se realizaba sin coste alguno, es decir, sin contrapartida, sin aumento de otros impuestos o reducción y menoscabo de los servicios públicos o de las prestaciones sociales. Ahora, sin embargo, se afirma que no hay dinero y se opta por la peor solución posible que es la de hacer pagar al usuario.

En esta materia, como en cualquier otra de las áreas de la disciplina económica, las alternativas existen. Los servicios públicos se pueden financiar mediante impuestos o a través de un precio; cuando se mantiene que son insostenibles lo único que se está diciendo es que no se desea sufragarlos mediante tributos. 

Financiarlos total o parcialmente a través del precio no es más que una opción, y una de las peores porque se hace depender la educación o la asistencia sanitaria de la capacidad económica del usuario, destruyendo la igualdad de oportunidades que, aunque escasa, el Estado social había generado.

La excusa de aplicar la progresividad al copago carece totalmente de fundamento. Para eso existen los impuestos que se pueden hacer tan progresivos como se desee. Además, aumentarán enormemente la carga burocrática y el coste de tramitación, tanto más si se lleva a cabo, como es lógico, por departamentos ministeriales ajenos al de Hacienda desconocedores por completo de este tipo de procedimientos. Volvemos a ser testigos de ocurrencias sin reflexión y estudio, de modo que se cometerán de nuevo burdas equivocaciones como la de caer en el error de salto, creando enojosos agravios comparativos.

JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO (Madrid, 1944) ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Asimismo pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda. Articulista en distintos diarios y revistas, entre sus obras cabe destacar: ¡La economía, estúpidos, la economía! (1993), Como la piel del camaleón (1994), La farsa neoliberal (1995), La pinza (1997), Réquiem por la soberanía popular (1998), La trastienda de la crisis (2010) y ¿Para qué servimos los economistas? (2010).

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