Inconstitucionalidad de la amnistía fiscal – Francisco Bastida Freijedo

Publicado el 10 abril, 2012 por Contraposición
Francisco Bastida Freijedo

El reciente real decreto ley 12/2012 establece que los contribuyentes del IRPF (renta de personas físicas), IS (sociedades) o IRNR (rentas de no residentes), que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos a 31 de marzo de 2012 podrán regularizar su situación fiscal pagando a la Hacienda pública un 10 por ciento del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos objeto de tributación. Además, se añade en la ley General Tributaria la exoneración de responsabilidad penal por regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o investigación. Es decir, no sólo pueden pagar tarde, sino también en un porcentaje muy inferior al que tributaron los que cumplieron con sus deberes fiscales y, además, sin consecuencia penal alguna. Todo ello pone de manifiesto dos cosas: la primera es que la obsesión por la recaudación está por encima de cualquier otra consideración política o moral; la segunda, que robar o intentar robar a la Hacienda pública tiene para el Gobierno un reproche menor que el robo o el hurto de la propiedad privada.

Es terrible constatar el sadomasoquismo del Gobierno -del actual, pero también del anterior- que lo lleva a despreciar al ciudadano de a pie, contra el que está dispuesto a descargar toda su artillería presupuestaria, fiscal y penal, mientras consiente que los poderosos le impongan cuándo y cuánto quieren contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

La mencionada medida de regularización tributaria ha sido muy criticada desde el punto de vista político y moral, porque ciertamente es una invitación para ser defraudador o para sentir que el pago de impuestos no es un deber ciudadano sino una injusticia ineludible.

Pero la norma es criticable también desde el punto de vista jurídico, hasta el extremo de poder considerarla inconstitucional. Para empezar, es dudoso que por decreto ley se pueda exonerar la responsabilidad establecida en una ley orgánica como es el Código Penal; menos lo es que se puedan afectar los deberes (tributarios) de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución (CE), lo que infringiría el art. 86 CE. También es inconstitucional, porque vulnera el art. 31 CE, que dispone que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad» y es claro que la norma aprobada va en la dirección contraria.

Sobre todo es inconstitucional porque la Constitución prohíbe la amnistía y el decreto ley la establece. No se trata de una amnistía en un sentido genérico y periodístico, para referirse a que el Gobierno perdona a los grandes defraudadores una cantidad de dinero, si deciden emerger los bienes no declarados. En sentido estrictamente jurídico, la amnistía tiene un contenido penal y se refiere a la exención de responsabilidad criminal para un colectivo de personas por determinados actos delictivos, hayan sido o no juzgados. La medida dictada por el Gobierno encaja en este concepto de amnistía porque, a partir de determinada cantidad, la defraudación constituye un delito fiscal y lo que hace el decreto ley es eximir de responsabilidad penal a los que, al someterse a la regularización fiscal, ponen al descubierto la comisión de un delito o delitos contra la Hacienda pública.

La Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, pero sí impide que la ley autorice indultos generales (art. 62, i). El indulto presupone que el indultado ya ha sido juzgado y condenado y, por diversas circunstancias, se le concede la medida de gracia. Por el contrario, la amnistía borra el delito cometido, sin necesidad de ser juzgado. Si la CE prohíbe el indulto general, con mayor motivo impide que la ley autorice una amnistía, se refiera a delitos fiscales o de cualquier otra naturaleza.

¡Cómo no se va a deslegitimar el Estado democrático si parece que para los poderosos sólo hay tres normas: la prescripción, el indulto y ahora también la amnistía! ¿Habrá cincuenta diputados o senadores que tengan la decencia de interponer un recurso de inconstitucionalidad?

Francisco Bastida Freijedo es Catedrático en Derecho Constitucional.

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O ruído que rodea ao axuste – José Luís Gómez

Publicado el 9 abril, 2012 por Contraposición
Rubalcaba y De Guindos

O debate político en España é neste momento só económico, o cal non quere dicir que sexa sempre elevado. Hai moito ruído. Sobre todo cando se fala do axuste, un asunto controvertido que tamén acelera a controversia entre o Goberno e a Oposición, cada un cos seus argumentos, algúns solventes, outros demagóxicos.

Podería ser inferior o axuste ao orzado? Non. Podería ser diferente o axuste? Si. Vexamos as razóns. O axuste ten que ser o que é por imperativo de Berlín e Bruxelas, e aínda que Alemaña e a Unión Europea fosen un pouco máis flexibles, como quería Rajoy, tampouco este puidese ir moito máis lonxe, xa que os mercados onde se financia España non llo toleraron. Fabas contadas, pois.

En cambio, o axuste podería ser diferente, posto que o Goberno puido recortar menos á conta de ingresar máis, subindo os impostos ou recadando máis, froito de combater mellor a fraude.

Quedan máis incógnitas importantes por despexar? Si. De entrada, non hai que descartar novos axustes tras o verán, xa que a caída da actividade económica, en parte debida á falta de crédito, pode facer inviables as previsións de ingresos, co cal poderíase recuperar a imposición patrimonial e aplicar o imposto verde. De feito, segundo o economista Santiago Lago, ata aínda que a recesión non vaia a máis, vai ser difícil conseguir a recadación que se estima no proxecto de orzamentos de Montoro. E todo iso sen considerar que o envellecemento da poboación fará que os gastos da Seguridade Social sigan en aumento, que os procesos de inmigración non van deterse por moita crise que haxa, con consecuencias tamén para o Estado de benestar, e que os gastos de educación e I D deberán incrementarse nalgún momento, a risco de que España quede atrasada no mundo.

E a prima de risco? Como xa advertiu o economista xefe do FMI, Olivier Blanchard, as medidas de austeridade acompañadas de baixo crecemento -caso de España-, lonxe de reducir a curmá de risco, terminan por aumentala, que é o que está sucedendo.

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Los presupuestos de las crisis – E. Kostka Fernández

Publicado el 9 abril, 2012 por Contraposición

Como señalábamos hace sólo unos días en este mismo medio, concebimos los presupuestos de un Estado como un documento técnico y político en el que se plasman las políticas públicas de un Gobierno. Los presupuestos recientemente aprobados por el Gobierno español para 2012, son a nuestro entender de unos presupuestos que deben ser integrados en un contexto económico de recesión y profunda crisis económica, que a diferencia de otras tiene varios frentes: crisis de financiación de la actividad del Estado, con primas de interés no asumibles en el largo plazo; crisis de las entidades financieras, ausencia de crédito y muchas de ellas con dificultades internas y balances contables desajustados; crisis inmobiliaria y parada de un sector hasta hace poco estratégico; crisis de financiación de las actividades del sector público; y crisis laboral en un contexto de desempleo superior al 25% de la población activa.

Ante una “situación crítica y una situación límite» como ha sido definida desde el Gobierno, no es de extrañar que nos encontremos ante el presupuesto más restrictivo en décadas, con un importante recorte del gasto y un problema muy agravado que agudiza aún más la recesión, que no es otro que la financiación del alto endeudamiento exterior. De hecho, los recortes presupuestario son casi equiparables en cifras, al coste del pago de la deuda exterior, una situación a nuestro entender insostenible.

Por todo ello no es de extrañar que el Gobierno conformara un presupuesto destinado a lograr un ajuste de 27.300 millones, lo que supone un recorte medio del 16,9% en el gasto de los ministerios, y que adoptara medidas, entre otras, la eliminación de las deducciones fiscales a las grandes empresas y la polémica. Estas últimas destinadas a compensar la bajada de los beneficios fiscales, como consecuencia de la caída de la demanda interna y de la actividad económica. Parece lógico desde nuestro punto de vista, que si como consecuencia de la reducción de la actividad económica, los beneficios fiscales que se obtienen del Impuesto de Sociedades han disminuido, se modifiquen los actuales sistemas impositivos para paliar esa reducción. Medida que parece compatible e imprescindible, si el principio inspirador del presupuesto es la reducción de déficit.

De igual modo el gobierno establecido mecanismos que permitan hacer frente a una situación absolutamente real: la existencia de rentas internas y externas no declaradas. Las sanciones por regularización no constituyen un medio eficaz para que los sujetos con rentas ocultas, las regularicen y pasen a formar parte del dinero en circulación, una cifra que el Gobierno estima en 25.000 millones de euros. Quizás no sea este el medio más ético, pero posiblemente sí el más eficaz, aunque nos parece bajo el gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados.

No podemos dejar de mencionar que toda medida adoptada por un gobierno para atraer rentas opacas es un fracaso del propio sistema fiscal, que se ve incapaz de incorporar este dinero por los medios legalmente establecidos. No es de extrañar, por tanto, que tanto los contribuyentes como la inspección fiscal vean con recelo la oportunidad desigual que todo proceso de regularización de rentas conlleva. Curiosamente como se hizo en otras ocasiones, las medidas de regularización van siempre acompañadas de declaraciones del Gobierno de turno de que la medida es extraordinaria, única y que el régimen sancionador se endurecerá.

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Atentos a sanidade e educación – José Luís Gómez

Publicado el 9 abril, 2012 por Contraposición
José Luís Gómez

Á espera de que o explique en España, o ministro de Economía, Luís de Guindos, avanzou no xornal alemán Frankfurter Allgemeine a reforma dos servizos públicos, sobre todo sanidade e educación, e a mellora do funcionamento dos mercados, por exemplo o de alugueres, así como a liberalización do comercio e os servizos profesionais. Incluídos os dos rexistradores, como Rajoy?, cabería preguntar. En realidade, as súas declaracións responden ás tensións que sofre España no mercado de débeda, que volve desconfiar da economía española por falta de actividade, aínda que o ministro bota balóns fose ao atribuír o acoso á débeda de España ao débil crecemento da UE. A Guindos botoulle unha man o comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ao comentar desde a axencia estatal española que o Goberno de Rajoy está facendo fronte aos seus retos económicos con determinación, outra mensaxe dirixida claramente aos mercados, onde se ve con inquietude a recesión, por moito que se axuste o orzamento en 27.300 millóns de euros.

Cando volverá crecer España, que adoita necesitar polo menos un aumento do 2,5% do PIB para crear emprego neto? Guindos sitúa a volta ao crecemento do PIB a medio prazo, sen dar datas, e reitera que 2012 pecharase con máis paro, aínda que segundo el sentarán as bases para un mellor ano 2013. De momento, ao que haberá que estar atentos é ao que pase en sanidade e educación, onde é probable que suceda algo importante, logo de numerosos globos sonda sobre o copago, en sanidade, e a reforma da formación profesional, en educación. A Merkel gustaríalle implantar en España un ensino profesional teórica nun 30% e práctica nun 70%, como en Alemaña, cuxos porcentaxes neste terreo son inversamente proporcionais aos españois. E se por ela fose tamén habería copago en España ou algo similar, como xa sucede en Alemaña desde os tempos do socialdemócrata Gerhard Schröder.

Sobre o recorte no fútbol por agora ninguén di nada, pero todo chegará. Un comentarista de El Periódico de Catalunya, Albert Sáez, xa anda facendo contas ao fío da semifinal Bayern-Madrid. As entradas serán un 40% máis caras de media en Madrid. O orzamento do Madrid é catro veces superior ao do Bayern e a renda per cápita é de 30.000 euros anuais na capital de España e de 53.000 euros na capital de Baviera. Con todo, un madrileño está disposto a pagar un 1% da súa renda para ir á semifinal mentres que un bávaro non gastará máis do 0,2% do que ingresa cada ano.

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El presupuesto más restrictivo de la democracia – E. Kostka Fernández

Publicado el 4 abril, 2012 por Contraposición

El pasado viernes 30 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Presupuestos para el 2012, en el que se incluían relevantes medidas de carácter general, entre las que destacan una reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades y medidas para la atracción de rentas internacionales no declaradas, denominadas de forma incorrecta “amnistía fiscal”. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, y que ahora inicia el proceso legislativo, es quizás la Ley más importante que cada año aprueba el ejecutivo.

Es un documento técnico, pero con una profunda carga política, en el que se diseñan y se dotan las partidas presupuestarias de las políticas públicas que se han de ejecutar. Como en todo presupuesto, se hacen las previsiones de gastos y de ingresos, las partidas a las que se asignan los recursos y la entrada de recursos vía fiscalidad y otras fuentes. En los presupuestos se incluyen también el coste de la financiación que vence, una partida presupuestaria muy relevante que está directamente vinculada a la deuda pública. Pero el presupuesto es sobre todo el instrumento económico con el que un Gobierno diseña su política económica y fiscal, y en este sentido, los presupuestos de un Estado definen de forma fehaciente la política de un Gobierno y la forma en la que éste encara el contexto económico en el que se enmarca el presupuesto.

Los Presupuestos Generales del Estado 2012 aprobados por el Gobierno son absolutamente restrictivos y tendentes a la reducción del déficit público como política trasversal a las demás políticas. El principio inspirador es que el causante de los males es la financiación de la deuda exterior, cuya alto coste impide ejecutar políticas de crecimiento, agrava la recesión e impide crear empleo. Se sostiene desde el Gobierno que la manera más rápida de salir de la crisis es reducir el déficit público y el coste de la financiación exterior. Baste apuntar que el Estado destinará 13 de cada 100 euros a pagar la financiación de la deuda exterior. Si a ello añadimos un ajuste presupuestario de 27.300 millones euros, que supone el recorte medio del 16,9% en el gasto del Gobierno central, nos encontramos ante lo que podemos considerar el presupuesto más restrictivo de la reciente democracia española.

Obviamente no podemos detenernos en las numerosas medidas que siempre acompañan a un presupuesto, por lo que nos centraremos en la reforma fiscal del impuesto sobre sociedades y en la regularización de rentas internacionales irregulares.

A modo resumen destacamos los siguientes hechos presupuestarios:

• El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado en el Congreso de los Diputados incluye una reducción de las bonificaciones fiscales del 5,6%, por lo que las deducciones fiscales aplicadas a todos los impuestos bajarán de 40.363 a 38.102 millones de euros.

• El recorte del déficit será de 27.300 millones de euros entre las partidas de ingresos y gastos. En total, la deuda pública española se elevará al 79,8% del Producto Interior Bruto en 2012.

• Los Presupuestos Generales del Estado prevén una caída del 9,2% en los beneficios fiscales del IRPF, hasta 1.528 millones menos, como consecuencia de la disminución del número de declarantes y de rentas sujetas a este impuesto. 

• El descenso en la desgravación fiscal del IRPF es especialmente patente en la deducción por inversión en vivienda habitual, que tendrá una caída del 13,8%, a pesar de que se ha aumentado el número de contribuyentes que pueden acceder a ella en función de su renta.

• En relación al IVA la aportación de incentivos se recortará el 4,3%, debido a la crisis y a la prórroga del tipo superreducido del 4% a las entregas de viviendas nuevas. El origen de las nuevas regulaciones del impuesto sobre sociedades se encuentra en la caída, provocada por la coyuntura económica, de los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, cuya previsión de reducción es del 1,7%. Lo que parece lógico en un contexto económico de recisión, que implica menos empresas con beneficios y un empeoramiento de sus resultados contables. Las medidas aprobadas están encaminadas a encontrar fórmulas impositivas que compensen la caída de los beneficios fiscales y contribuyan, en alguna medida, a paliar el déficit.

El Gobierno espera ingresar 5.350 millones de euros adicionales, en la recaudación del Impuesto de Sociedades con diferentes medidas que pretenden eliminar la caída del tipo efectivo que pagan, especialmente, las grandes empresas. Como avanzábamos otro de los aspectos relevantes de la aprobación por el Gobierno del proyecto de presupuestos para el 2012 son los mecanismos fiscales introducidos para la atracción de rentas internacionales no declaradas, lo que los medios de comunicación se han empeñado en llamar de forma errónea “amnistía fiscal”, que como se sabe está prohibida por Ley.

El Estado pretende regularizar algo más de 25.000 millones de euros de dinero no declarado, vulgarmente denominado “negro”, que contribuyentes españoles tienen una parte repatriado fuera de España y otra parte oculto dentro del país. Como la amnistía fiscal está prohibida por Ley, el Gobierno se ha visto obligado a que las rentas regularizadas tributen un 10%.

Asimismo se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones de fuente extranjera que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Las previsiones del ejecutivo son recaudar con esta medida aproximadamente unos 2.500 millones de euros.  Con este gravamen las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera, por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación, son incentivadas a repatriar fondos a un coste reducido, siempre que se trate de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad de la sociedad.

Se trata de medidas que buscan aportar liquidez a la circulación de capitales generadores de riqueza y empleo, concibiéndose como un incentivo fiscal regularizador, puesto que los sujetos que se regularicen fiscalmente, pagarán sensiblemente menos que si hubieran tributado de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros brutos anuales tienen un tipo marginal del 43%, mientras que el impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el 21%.

En definitiva, las medidas consisten en la implantación de un gravamen especial y extraordinario de atracción de rentas no declaradas, para contribuyentes sujetos a IRPF, para sujetos del Impuesto sobre Sociedades  y para sujetos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, cuyo plazo de regularización expira el 30 de noviembre de 2012.

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Austeridad según San Agustín – Andrés Velasco – Ex ministro de Hacienda Chileno

Publicado el 4 abril, 2012 por Contraposición
Andrés Velasco

Los guardianes de la austeridad en Europa están contraatacando. Su narrativa al uso es la siguiente: 

Cuando algunos economistas hablaban de pánico y crisis de confianza, se refieren a la suya propia. Los fondos de rescate y de los Eurobonos fueron una invitación al riesgo moral. Inyectar dinero en el problema resultó ser innecesario. El problema de Europa es una vieja usanza: gastar demasiado. Ahora que los tecnócratas han sustituido a los populistas en los gobiernos mediterráneos de la zona euro, la austeridad fiscal sostenida nos sacará del apuro.

Suena bien, ¿verdad?  Pero tan solo, si fuera cierto. Para ver cómo este relato está equivocado, ¿cabria imaginar la Europa de hoy sin la gran arma de los préstamos  baratos por tres años del Banco Central Europeo a los bancos comerciales del continente?  No es necesario que sea usted un convencido de la tesis  keynesiana para conjeturar que el riesgo/país de Europa del sur se mantendría por las nubes, y que hablar de incumplimiento estaría al cabo de la calle.

Esta masiva intervención del Banco Central era necesaria porque una crisis de confianza se apoderó de gran parte de la zona euro, con los bonos del gobierno y los bancos en el lado perdedor ante un ataque especulativo a cámara lenta.

La lógica relevante, es el núcleo de la macroeconomía moderna.  Precisamente el tipo de pensamiento que los líderes europeos han hecho caso omiso bajo su propio riesgo.  Un país con una gran deuda pública (por ejemplo, más del 50% del PIB) es seguro si todo el mundo piensa que la deuda será atendida, la tasa de interés de la deuda sigue siendo baja, y el país realmente puede pagar, siguiendo un camino de cumplimiento escrupuloso de las expectativas.

Pero todo cambia si los mercados llegan a dudar de que la deuda se pagará, y  que a continuación, la tasa de interés exigida por los inversores puede subir tan alto que el país no pueda asumirla. El pánico que sucede a causa del incumplimiento genera el “default”, la suspensión de pagos… 

Si el mercado de bonos de un país está a punto de pasar de ejemplar a la dinámica de incumplimiento, sólo hay una solución. Los fans de las armas de fuego se refieren a ella como la “gran bazooka”, los seguidores de Colin Powell, abogan por la implementación de “una fuerza abrumadora” los marineros usan el dicho “atarse al mástil”. Pero, en última instancia, todo se reduce a lo mismo: tener suficiente dinero en la mano para que nadie puede dudar, ni siquiera por un segundo, que la deuda será pagada.

Si los líderes europeos se hubiesen aplicado a fomentar un fondo de rescate dotado con una fuerza abrumadora financiera a principios de 2010, Europa y el mundo se habrían ahorrado dos años de agonía. En el final, fue el BCE quien llenó el vacío, anegando los bancos de la eurozona con liquidez para asegurarse de que todos los que compraron bonos del gobierno se sientan seguros… y algo más.

De esta forma los ataques especulativos fueron detenidos, al menos temporalmente (aunque los diferenciales de tasas de interés en España y en otros lugares han comenzado a dispararse  otra vez). Esa fue la primera tarea. Pero queda una segunda, y aquí los guardianes de la austeridad vuelven a encontrarse con  pronlemas de nuevo.

Con una deuda pública pequeña, un país no puede ser víctima de una ejecución de la deuda. Aquí es donde Grecia, Portugal, Italia y Bélgica se diferencian de Canadá, Noruega, Singapur y Chile. En el pasado, algunos países europeos gastaron demasiado y demasiado poco gravados, y están pagando por ello hoy en día. Para evitar una repetición de los últimos dos años, deben reducir su deuda pública de forma espectacular. La cuestión es cómo. En Grecia, la condonación de la deuda aparenta ser la única respuesta. Alguno lo ha logrado en parte, pero hay más casos.

Para el resto de Europa, la austeridad inicial masiva del tipo propuesto por la canciller alemán, Angela Merkel – y apoyado por la ortodoxia alemana – no va a tolerar  el truco.

España es un ejemplo de ello. El gasto se ha reducido y aumentado los impuestos. Un nuevo gobierno conservador ha reafirmado el compromiso de España con la austeridad. Sin embargo, los objetivos de déficit siguen contenerse… La brecha fiscal llegó a la friolera de 8,5% del PIB en 2011, y, después de mucho regatear con Bruselas, el objetivo se ha restablecido en el 5,3% del PIB para este año. Con una producción plana o descendente, la relación deuda-PIB seguirá aumentando.

La clave de la solución está en la declaración de San Agustín: “Concédeme castidad y continencia, pero todavía no”. Un pacto fiscal como el que se aprobó recientemente es útil para anclar las expectativas de futuros ajustes, pero solo si el nuevo sistema es lo suficientemente flexible para ser políticamente creíble.

Por adelantado el gradualismo debe ser el nombre del juego. Y el ajuste debe estar ligado a una estrategia de crecimiento. Los ingresos se incrementaran de manera constante sólo si la base imponible – esto es, la economía – crece. Y el crecimiento requiere una mayor inversión pública en infraestructura y capital humano.

Los guardianes de la ortodoxia no lo van a presentar como una estrategia de  crecimiento. ¿Quién lo hará?

*Andrés Velasco fue ministro de Hacienda de Chile desde 2006 hasta 2010, recibiendo una elogiosa consideración por sus  políticas innovadoras. Se le sitúa en la vanguardia de la transformación económica de América Latina tanto en el plano  académico como en el de formulador de políticas. Encabezó la delegación chilena en las negociaciones en el TLCAN en la década de 1990, y ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y varios gobiernos de América Latina. En la actualidad es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard.

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