La consecuencia más dañina del «desorden» económico es la destrucción del empleo. En realidad, casi la única que es verdaderamente dañina. No en vano, ocupar un puesto de trabajo no sólo es inexcusable para la inmensa mayoría de la gente, que sólo vive de ello, sino que es también el requerimiento básico para la inserción social de los individuos y las familias. La pérdida del empleo es una desgracia, pues, pero no solamente económica sino también social. Y ello quiere decir que la quiebra de las condiciones de acceso al trabajo es una herida profunda, en el sentido de que es una amenaza contra la estabilidad del sistema de convivencia.

Aunque sólo fuese ello, cuando la normal evolución de la economía se presienta amenazada por desórdenes de cualquier tipo, sobrevenidos por cualquier tipo de razón, la actitud de los responsables políticos debería ser la de levantar parapetos de protección del empleo. Y si el sector privado, ya que vivimos en un sistema económico que le otorga un protagonismo principal, llegadas las dificultades, ve como se contraen sus expectativas y se repliega, dejando caer, como lastre, a su parte más débil, los empleados, el sector público debería acudir en su auxilio, primero, por el compromiso moral que va implícito en cualquier institucionalización social democrática, pero también para evitar que las crisis afecten demasiado hondo y largo a la propia estructura social.

Esas contracciones de las que hablo se muestran, normalmente, como reducciones de la demanda general (todas las cosas por las que todos estamos dispuestos a pagar, aunque sólo sea por necesidad). Ahí se quedan presas las expectativas empresariales y, por consecuencia, el empleo. El caso, pues, es sostener la demanda en niveles que ni enturbien a las unas ni golpeen al otro. Más prosaicamente: alguien tiene que sostener el gasto, y si no puede o no quiere hacerlo el sector privado, tendrá que hacerlo el público. O uno o el otro, porque aquí no hay más figurantes.

Al sector privado se le puede disculpar todo, pues tampoco se le puede pedir que haga lo que no quiere; pero al público no se le puede consentir nada: es su obligación. Cada uno en su sitio.

(*El Correo Gallego)