El fiscal pedirá 17 años para Urdangarín y 132 años para 16 imputados por corrupción-Clarín

ClarinxPor Juan Carlos Algañaraz

A Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, el fiscal Pedro Horrach le pedirá 17 años de cárcel. El funcionario en su escrito de acusación le endilga los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documentos públicos y privados, fraude y dos contra la Hacienda Pública.

La denuncia estará contenida en un escrito que el acusador público presentará ante el José Castro solicitando la apertura del juicio oral contra el Duque de Palma. El magistrado tiene a su cargo la causa en un juzgado de instrucción número tres de Palma de Mallorca. Para el profesor Diego Torres, cómplice de Urdangarín en la organización de la trama corrupta que se apropió de millones de euros en dineros públicos aprovechando la cercanía del Duque con la Casa Real y la gran influencia pública de la Infanta Cristina, el fiscal reclama 15 años.

Para la Infanta, Horrach reclamará que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, como partícipe a título lucrativo, por ser socia al 50% de la sociedad familiar Aizoon, en la que su esposo ingresó 1,2 millones de euros malversados.

La Fiscalía considera un total de 132 años de cárcel para 16 de los 41 imputados en el caso Nóos, entre los que también se incluye al ex presidente Balear y ex ministro Jaume Matas.

El Ministerio Fiscal no tendría intención de reclamar penas de prisión a Doña Cristina de seguir la postura mantenida hasta ahora, al igual que tampoco se incluiría a su secretario, Carlos García Revenga, ni tampoco a Ana María Tejeiro, la esposa de Torre.

Un gran escándalo estalló hoy cuando se publicaron una foto de la Infanta declarando ante el juez y un video de cinco minutos donde se registra un dialogo del magistrado con la hija de los Reyes que siempre lo niega todo. Se escucha el estruendo, bastante fuerte, de consignas, pitos y bocinas de la manifestación que se desarrollaba bajo las ventanas de la sala de audiencias.

Sostiene la Fiscalía Anticorrupción que las adjudicaciones efectuadas a dedo por los dos socios que “bajo la pantalla del Instituto Noos, primo la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos con la Generalitat (gobierno) Valenciana, presidida por Francisco Camps como con el Ayuntamiento de Valencia cuya alcaldesa era Rita Barberá, ambos conspicuos dirigentes del Partido Popular.

Ambos le otorgaron jugosos contratos al Duque que incluso cobró algunos que jamás se realizaron. También menciona a los contratos que Urdangarín y su socio firmaron por grandes sumas de dineros públicos con el Govern de las Islas Baleares, cuyo presidente, Jaume Matas del PP y ex ministro de José María Aznar, enfrenta ahora varias condenas de cárcel por grandes delitos de corrupción y otros procesos similares en marcha.

“La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco competencia, menos aún fiscalización del gasto y en algunos casos todo era fruto de pactos verbales”, dice El Mundo citando al fiscal.

El togado también cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron los dos socios jefes de la trama de corrupción, con la complicidad de Matas, Camps y Barberá para evitar someterse a un concurso público. “El hecho de que se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gastos y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Además el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que no es suficiente el contrato para entender justificado del gasto. Los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse”, dice la Fiscalía Anticorrupción.

Por esto, entiende la acusación que no solo el gobierno de las islas Baleares el ejecutivo valenciano, sino también el Ayuntamiento de Madrid (las tres autonomías gobernadas por los conservadores) que dio 144.000 euros por la Oficina Olímpica de Madrid 2016 a la trama corrupta, “deberían haber elegido un mecanismo diferente del convenio”.

Aclara que mediante estos manejos ilícitos el Duque y el Profesor se metieron en sus bolsillos dineros públicos por 2,6 millones de euros de Baleares, otros 3,5 millones de euros del Gobern Valenciá, y 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid.

El fiscal pedirá también 17 años de cárcel para el cuñado de Torres y al ex ministro y ex presidente de la comunidad autónoma balear, Jaume Matas, y otros imputados por varios casos de corrupción en esa región.

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