La posible reforma de la Constitución tiene ya un buen camino andado- Isidoro Gracia

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Los dos argumentos contra la propuesta de reforma son: no se concreta qué y cómo reformar (derecha) y es insuficiente (nacionalistas). Ambos argumentos son cuando menos inexactos.
Al debate sobre la articulación territorial, derivado del enquistamiento del problema suscitado por los dirigentes catalanes, se suma el derivado de las consecuencias de las medidas anti crisis, de cómo se garantiza en el texto de la Constitución un cierto grado de bienestar.
Respecto al primero de los aspectos, el encaje de Cataluña, la frágil memoria de los opositores a la reforma, obvia que en junio de 2006 culminó la fase política de un nuevo texto del Estatuto de Autonomía, texto apoyado por el 72 % de los diputados autonómicos, y refrendado en referéndum por el 74% de los votos de los ciudadanos, apoyaron el no  el PPC y ERC que consiguieron el 21%. Luego un texto de referencia ya existe. Por otra parte, respecto a la suficiencia o insuficiencia, hay que recordar que incluso ERC voto a favor de otro texto concreto, que es de suponer que les debió de parecer aceptable.
Cierto es que la situación actual es fruto no de un proceso puramente político, sino de un proceso político trufado con otro judicial, aún cuando el tribunal que intervino fuera el Constitucional, pero la existencia de un posible punto de encuentro queda demostrado, muy identificado, y solo  dependiente de la mera voluntad política.

Si eso no fuera suficiente, experiencias muy cercanas, como la modificación, en 2006, de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, con un claro reparto de competencias entre la Federación y los Länder podría ser buen referente. Por cierto, para los temerosos de las modificaciones constitucionales, los alemanes llevan 52 y parece que no les va  muy mal, eso sí, lo del “derecho a decidir” solo se contempla para el conjunto de los ciudadanos.
Respecto a las garantías para blindar determinadas obligaciones del Estado respecto a sus ciudadanos. Mediante una “reforma exprés” y procedimiento abreviado se permitieron en dos ocasiones modificaciones exigidas por la pertenencia a la UE. La primera de 1992 razonable y lógica, la segunda de 2011, según mi opinión llegó más lejos de lo necesario, tanto en su urgentísima tramitación, como en la renuncia al uso del déficit como instrumento económico, que fijó el actual gobierno. Con esos antecedentes fijar constitucionalmente un nivel mínimo de gasto del PIB garantizado y destinado a derechos básicos (por ejemplo educación y sanidad) no parece ni demasiado revolucionario, ni menos importante que el pago de la deuda, que la reforma de 2011 califica de absolutamente prioritario.
No se me olvida el otro tema, mucho menos importante, el de la monarquía constitucional, con un Jefe del Estado sin funciones ejecutivas, o un Presidente de la República con un amplio poder, legitimado por el voto ciudadano y en consecuencia de muy difícil control,  y que puede llegar desde la extrema derecha  o desde cualquier otro extremo.
En este caso, también se han dado pasos, por ejemplo: la abdicación deja libre de deuda a una generación, a la que el 23 F nos pasó factura. Los partidos que quieran introducir el debate tendrán que valorar el esfuerzo a dedicar a algo que el propio devenir de la historia está amortizando, con pocos traumas, y  si supeditan un posible acuerdo en otros temas importantes, como el equilibrio y la solidaridad interterritorial e intergeneracional,  y el resultado de un texto consensuado, a tener un rey solo representativo o presidente con poder real y con difícil control moderador de ese poder.

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