Libertad, estado de derecho y “doctrina Botin”- Jesús Penedo Pallas

contrLIBERTAD, ESTADO DE DERECHO Y “DOCTRINA BOTIN” 

La corrupción en alguna de sus formas y dimensiones, es un hecho que se ha instalado entre nosotros; hasta el extremo de ser percibido como una amenaza para nuestro modelo de convivencia. El desprestigio y la consiguiente pérdida de credibilidad de nuestras instituciones económicas, sociales y políticas, se manifiestan en una aguda desafección ciudadana; que amenaza con comportamientos electorales ciertamente rupturistas o cuando menos, poco previsibles.

Los datos arrojados por la prospectiva, empujan a políticos e instituciones, desde el mismísimo monarca, a presidentes y presidentillos varios, a hacerse eco de la preocupación popular y a precipitarse en una cascada de declaraciones de intenciones varias; a menudo desmentidas por la cruda realidad.

Que si estamos en ello, que si transparencia, que si imputados fuera, o incluso cínicamente que la justicia culmine su trabajo de forma “independiente”…bla, bla, bla. Sin embargo, algunos hechos tan relevantes como tozudos, ponen en cuestión la sinceridad de tanta retórica de la peor especie.

La primera cuestión es la evidencia cada vez mas palpable de un cinismo ramplón y descarada en las pretendidas bases teóricas del sistema económico dominante. Los paladines de la libertad de empresa, buscando posiciones de ventaja a base de compartir “mordidas”, se convierten asi en motores de corrupción se orinan impúdicamente en el sagrado principio de la libre competencia y rompen unilateralmente las reglas de la igualdad en el “mercado”. Libertad si, pero solo para mi y siempre que me provea del sagrado derecho al lucro ilimitado. Tal búsqueda sin límites del lucro rápido e ilimitado, les lleva a penetrar en todos los sentidos que ustedes quieran, el corazón de los servicios públicos; aquí bajo la afirmación gratuita de la mayor “eficiencia” de la gestión privada, sin que de ello se acompañe la mas mínima evidencia empírica. La promiscuidad entre lo público y lo privado, la permeabilidad con la que circulan gestores de lo uno y de lo otro y la deliberada promoción de la fe neoliberal, (beneficio rápido a costa de lo que sea) constituyen un caldo de cultivo ideal para cohechos y componendas varias, de las que venimos conociendo habitualmente.

La llamada “contabilidad creativa”, que en realidad no es nada creativa, sino absolutamente descarada; nos lleva a un cierto correlato entre algún modo de corrupción y la consiguiente defraudación fiscal.

Entramos de lleno ya en la segunda cuestión que quería abordar, cual es el tratamiento de los delitos relacionados con la corrupción y con la hacienda pública.

Ambas modalidades de delito, convendremos en que tienen una indudable trascendencia pública y por ello, entran de lleno en las competencias indeclinables de la Fiscalía.

Parece razonable, que si la base de nuestro sistema económico, es la libertad de mercado, tenga la condición de delito público, toda perturbación torticera de aquella libertad; como también parece de carácter ineludiblemente público por afectar al interés general, todo delito que afecte a la Hacienda pública.

Llama poderosamente la atención del sufrido ciudadano, que la fiscalía se permita abdicar del deber de defensa del interés público, en supuestos semejantes. Y llama la atención, porque tal actitud produce una indudable quiebra en el Estado de derecho y en la igualdad ante la ley.

La consolidación de esta quiebra, toma forma bajo el paraguas de la conocida como doctrina Botín, que no es otra que la instaurada por una decisión del Tribunal Supremo, según la cual, no es posible someter a juicio oral, hechos en los que el Ministerio fiscal no comparezca como acusación, dejando con ello perfectamente neutralizada la acusación popular.

En el modesto entender del que escribe y suscribe, una de las virtualidades de la acusación popular, es la de coadyuvar y reforzar, pero también corregir o forzar actuaciones tibias u omisiones injustificadas del Ministerio fiscal, sobre las cuales habrá de pronunciarse el Poder judicial.

El terrible mensaje de la “doctrina Botín” es la muerte de la igualdad ante la ley; dependiendo tal igualdad no de la ley, sino de la voluntad de la Fiscalía. El viraje brusco del fiscal Horrach en el caso de la infanta, sugiere que algo huele a podrido en el Ministerio fiscal y quizás más harían el gobierno y el poder judicial por acabar con la corrupción, si dan pasos para derogar la doctrina Botín y por garantizar la imparcialidad y profesionalidad de la fiscalía. Las demás declaraciones, tal vez pueden ser tan pomposas como inútiles en la práctica.

Acerca de Contraposición

Un Foro de Estudios Políticos (FEP) que aspira a centrar el debate sobre los diversos temas que afectan a la sociedad desde la transversalidad, la tolerancia, la libertad de expresión y opinión. Desvinculado de corrientes políticas o ideologías organizadas, pero abierto a todas en general, desde su vocación de Librepensamiento, solo fija como límite de expresión, el respeto a las personas y a la convivencia democrática. El FEP se siente vinculado a los valores republicanos, laicos y civilistas como base de una sociedad de librepensadores sólidamente enraizada en los principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad.
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