Los «aparatos» de las organizaciones, son  a menudo, máquinas mas o menos perfectas al servicio de intereses que no calificaré, pero que puedo aventurar que no necesariamente son coincidentes con lo que conviene a la organización que dirigen.

Es frecuente ver a cargos orgánicos, enfangados de hoz y coz en las batallas orgánicas por el poder y el control de las organizaciones, como si les fuera la vida en ello, (y lo peor es que en mas de las deseables, efectivamente les va) jugando con la ventaja de disponer de los medios no solo materiales, sino del acceso a los medios de comunicación, en algunos casos facilitados por la feliz coincidencia del cargo orgánico y el cargo institucional. Uno se explica así, porque los medios de comunicación tienen habitualmente información de los trapos sucios y de los ensuciados, que evidencian los lamentables procedimientos internos que se manejan en las interioridades de las organizaciones de todo tipo.

También es cierto que la soberbia y la prepotencia juegan malas pasadas y a menudo lo que pretende venderse como apoyo, en la práctica se convierte mas en un lastre del que resulta difícil deshacerse

Cuando los ciudadanos perciben que en las interioridades de las organizaciones «todo vale», no sorprende que se instale la creencia de que «son todos iguales», que lo único que persiguen son sus intereses, o que la actividad política, en el mejor de los casos es solo «marrullería».

Y digo yo que frente a esto, algo habría que hacer. Porque la Constitución Española, establece la libertad de asociación como derecho básico, condicionado al funcionamiento interno democrático de las organizaciones de todo tipo.

Es cierto que no existe una definición concreta de democracia, pero si convenimos simplemente en que es el conjunto de valores constitucionalmente reconocidos complementado con la articulación del respeto a lo que decida la mayoría del cuerpo electoral de las organizaciones, podemos empezar a clarificar algo las cosas.

La democracia interna de las organizaciones, consistiría pues en respetar los procedimientos, los tiempos y no hacer trampas para perjudicar al rival. Parece fácil. Si le añadimos el respeto a los valores inspiradores, quizás ya lo complicamos, porque verificar la coincidencia entre convicciones, conciencia y acción, es tarea harto compleja.

Si algo hay que parece elemental, es el respeto al principio de igualdad de las partes contendientes, lo que debería conllevar, la neutralidad en la distribución de los medios. Si los responsables orgánicos además de disponer a su antojo de los medios, utilizan su opinión interesada y con la ventaja que supone la mayor facilidad para difundirla, se habrá roto la igualdad de contendientes; pero si además se descalifica, se niega y se vitupera a una de las partes, desde la atalaya del poder orgánico, habremos pervertido el sistema y en definitiva habremos incumplido el principio democrático.

Los «aparatos» interesados, los teledirigidos, los que están al servicio de algo o de alguien, mas allá del interés de la organización a la que deberían servir, son no solo una perversión de la democracia, que rompe directamente el principio constitucional, sino una forma de corrupción radicalmente condenable.

En una organización democrática, la responsabilidad orgánica en, debería constituir un servicio a la organización y por ello la renuncia a todo aquello que comprometa la neutralidad del ejercicio del poder  en lo orgánico.

Pero ni con todo esto se conseguiría el objetivo, si se pervierte el propio debate entre contendientes y entre votantes. El debate, para ser tal, ha de darse en términos de escucha activa y de argumentación racional. Si lo reducimos a una afirmación de posiciones previas, inevitablemente se deslizará hacia la confrontación personal y hacia la exaltación de los sentimientos menos nobles para desacreditar al adversario y hacia un enfrentamiento estéril, cuya persistencia se autoalimenta en perjuicio de la imagen de la organización.

Por cierto, la lucha previa por los avales y su contabilización en términos cuantitativos, mas allá de la verificación del cumplimiento del mínimo exigido, es una perversión mas de un sistema que de no aplicarse con el rigor debido, corre el riesgo de devenir inconveniente.

Deberíamos reflexionarlo.

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.