Estos días de convulsión política, y con los presupuestos del año 2018 todavía sin aprobar, han apartado del interés mediático la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Solo los administrativos de las distintas ramas de la Administración Pública están desbordados por un texto de 294 páginas. Pero también todos los suministradores de bienes y servicios a la administración pública deben cambiar todo su sistema de consecución de contratos. Se elimina la contrata­ción directa y es necesario acceder a los concursos a través de medios informáticos. Tendrán que consultar páginas como la etiquetada PcPG, incluso para concursar a un arreglo de acera en el Concello de Guitiriz por un importe de «1181,75 €, IVE in­cluído.» Los administradores tendrán que manejar el código CPV que identifica de forma precisa el objeto de cada concurso. Pero incluso en esa página web oficial cometen el error de usar ocho en vez de los nueve dígitos que tiene cada uno de esos códigos (hay unos 9.400 diferentes).

Enseñar el algoritmo de comprobación de la validez de ellos, basado en esa novena cifra, será una tarea escolar, útil y necesaria para las actuales y siguientes generaciones. Tal vez el dato que más sonroja es el retraso de la normativa que reco­ge dicha Ley 9 (aprobada en noviembre/2017, su número es una muestra del escaso trabajo legislativo del año anterior). La directiva europea ahí traspuesta, es del año 2006 y en el resto de los países europeos (incluido nuestro vecino Portugal) llevan diez años aplicándola. Aquí aún sólo estamos mediáticamente atentos a robos de títulos universitarios y cremas faciales.

Datos:

• El CPV, Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública), permi­te determinar el objeto de cada contrato y verificar que no se sobrepasa el importe máximo que una Administración pública puede subscribir con un tercero. De empleo obligatorio en la Unión Europea desde el 1/febrero/2006, tiene una estructura arborescente para enunciar en detalle los suministros, obras o servicios objeto del contrato. El listado en vigor, conocido como CPV 2008, figura en el Reglamento (CE) nº 213/2008; se estima que, por ejemplo una Universidad pública, empleará unos 650 distintos para su gestión ordinaria. La veteranía en el uso de ese código en Portugal se refleja en que han puesto en el ciberespacio hojas de cálculo estructuradas en niveles que permiten una búsqueda rápida de un código específico, frente a listados de texto verborrei­cos, o su volcado a una columna de hoja de cálculo, disponibles por ahora en castellano. Un ejer­cicio que muestra la diferencia: buscar el código CPV para compra de bacalao en el organismo ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, en el SIMAP, système d‘information pour les marchés publics, en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o en el correspondiente gallego PcPG, en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública o direc­tamente del texto del Reglamento (por cierto, la respuesta es 03311210-7).
• La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, con acrónimo PcPG, es una web diseñada para «o coñecemento e seguimento dos procedementos contractuais en curso e mesmo para que as PEMES coñe­ceran posibilidades de negocio no sector público e accederan facilmente as licitacións.» Como ahí explican, la Ley 9/2017 crea dos nuevas, por razón de cuantía, modalidades de procedimiento abierto que substituyen a los antiguos contratos menores y a los procedimientos negociados: procedimiento abierto simplificado (PAS) y supersimplificado (PASS). Pero la singularidad procedimental mas significativa es que los anuncios de esos contratos sólo serán mostrados en las plataformas infor­máticas de los contratantes y que se amplía substancialmente el número de licitaciones respecto á normativa anterior.
• La coincidencias de acrónimos puede llegar a ser un problema en la publicidad comercial y, en en este caso, por referencia a partidos políticos y otros organismos establecidos. Pues PCPG es el acrónimo del Partido Comunista do Povo Galego, del organismo Pennsylvania Council of Professional Geologists, cuyo escudo también incluye un martillo, aquí de geólogo, y también de Principal Capi­tal Grp Inc. del NASDAQ (la segunda bolsa de valores más grande de los Estados Unidos, tras la Bolsa de Nueva York).
• El ejemplo citado antes es una obra que el Concello de Guitiriz identifica como «execución subsi­diaria da restitución de beirarrúa» fijando como criterio de adjudicación «Redución do prezo. […] Valo­rarase de 1 a 10 puntos, outorgando 1 punto as ofertas polo tipo de licitación e 10 puntos á maior baixa ofertada. Ao resto das ofertas aplicarase o desconto proporcional lineal (regra de tres).» El código CPV ahí fijado es 45233340-4, que corresponde a “Trabajos de cimentación de aceras” (en la versión portuguesa “Construção de fundações para vias para peões”), aunque en el portal PcPG no incluyen el noveno dígito. Como explican en la tabla portuguesa «o nono algarismo – serve para a verificação dos algarismos precedentes»; si se cometiese un único error 45233330, el noveno dígito permitiría detec­tarlo pues el 45233330-1 corresponde a “Trabajos de cimentación de calles” (en portugués “Cons­trução de fundações para ruas”).
• Posiblemente el CPV se inspira en el método de cálculo del dígito de control del código ABA RTN, desarrollado en 1910 por la American Bankers Association para facilitar la clasificación, agru­pación y envío de cheques (nueve números impresos en la parte inferior del cheque). Un algorit­mo para encontrar o comprobar el dígito de control del CPV se describe de forma fácil: disponer los nueve dígitos en forma de matriz 3×3, escribiendo de modo sucesivo las cifras por filas e incluir el guión (como signo negativo) del último dígito; sumar los números de cada una de las tres columnas y, multiplicando por 3 la diferencia entre la suma de la primera y la segunda columna, añadirle la suma de la tercera. El resultado debe ser un múltiplo de 10.
• Cuando se leen los datos de empresas gallegas que venden en internet se percibe la dificultad añadida que les impone la Ley 9/2017 con el uso de las TIC. El estudio “A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia”, correspondiente al año 2017, señala que hay «198.923 empresas […] de las que el 96,3% son microempresas, con menos de 10 trabajadores.»

La primera semana de mayo (desde el 29/abril al 5/mayo) es conocida en Japón como la Semana Dorada pues contiene cuatro días festivos, incluido el Día de la Constitución, que celebra en el 3/mayo la fecha de la promulgación en 1947 de la Constitución (redactada durante el perío­do de la ocupación aliada de Japón, reemplazó la monarquía absoluta japonesa por un sistema parlamentario, dejando al Emperador de Japón con un papel puramente ceremonial). Coincide la fecha con la fiesta nacional de Polonia que conmemora su constitución de 1791, el Día Mundial del Sol (establecido por el presidente Jimmy Carter en 1978) y el Día Mundial de la Libertad de Prensa (proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993); este año coincide con la festividad judía Lag Ba’Omer (el día 33 después de la Pesah) y elecciones municipales en el Reino Unido (sólo en algunos; el día de la semana fue allí establecido para preceder al cobro de las pagas). Además este año varios de los jueves de mayo son festivos, al menos locales: el 10/mayo es la Ascensión, festivo local en Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Trazo, Val do Dubra (de A Coruña) y en Rubiá (de Ourense); el 17/mayo es el festivo autonómico Día das Letras Galegas (este año recuperable); el 31 mayo Corpus, Día de la Región de Castilla-La Mancha y festivo local tan sólo en 9 pueblos de Castilla-León (Vitigudino, Sepulcro Hilario, Narros de Matalayegua, Ledesma, La Fuente de San Esteban, El Cubo de Don Sancho, Calvarrasa de Abajo, Almenara de Tormes y Aldeanueva de la Sierra) y en Granada y Sevilla. En Galicia el festivo de ese nombre aparece como festivo local el 6/agosto en Mesía (A Coruña) y el 4/junio en A Pobra de Brollón (Lugo) y en Ponteareas (Pontevedra). Hay que recordar que en España, dejó de ser festivo en 1989, y se trasladó la solemnidad litúrgica al «domingo infraoctavo.»

*José María Barja Pérez,profesor, ex rector de la UDC