Se habla de la separación de los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso desde el comienzo de la democracia como tal, Revolución Francesa, pero la realidad es muy diferente.  Pensar que el Poder Judicial estuvo o se mantiene en el mismo nivel que los otros dos, por mucho que lo reconozca la Constitución Española, en este caso, o de otro lugar es desconocer la realidad, es una utopía.

Los poderes verdaderamente importantes son y serán el Ejecutivo y el Legislativo. Ciertamente cuando se partió de esta concepción en pleno siglo XVIII, había una gran desconfianza hacia los tribunales y de ahí que se atribuyera en un primer momento al pueblo, que elegía a los Jueces por un tiempo determinado. Fue posteriormente Napoleón que consiguió que el Poder Ejecutivo se apoderara del Poder Judicial, considerando que juzgar era una parte del Gobierno.

Aún hoy la verdadera independencia está sometida a la ley. En una democracia débil el primero en sucumbir es el Poder Judicial, sencillamente porque es el más moldeable, el más controlable y mejor, y a las pruebas me remito.

Sin embargo, es el más importante de los tres poderes, porque incide directamente en la vida de las personas con nombres y apellidos.

Una democracia no existe sin jueces verdaderamente independientes. Es curioso como los legisladores de la Constitución Española de 1978 dotaron a la Comunidades Autónomas, Título XVIII, artículos 137-158 de poderes Ejecutivo y Legislativo y no lo dotaron de poder Judicial propio ¿Por qué?  Por una razón política, en ese momento, para que España fuese en todo momento un Estado Centralista y nunca tuviese opción de ser un Estado Federal, y por eso el Estado era el único garante de la independencia judicial.

La realidad nos ha mostrado en multitud de ocasiones que este diseño ya no es aceptable. Últimamente con el caso de las hipotecas y un largo etc… que no voy a relatar, porque se ha quedado obsoleto.

La contaminación con las actuales reglas parece ya inevitable y no se puede ocultar por más tiempo.

No hay no hay un único modelo de organización del Poder Judicial. Cada país, atendidas sus diversas razones históricas, culturales, formas políticas históricas, su cultura es libre de escoger aquél que más convenga a sus intereses. Lo único que se exige con carácter previo, es que ese país sea una democracia formal y real.

Si queremos efectiva independencia, empecemos por lo verdaderamente importante. Debemos articular, si no lo tenemos o perfeccionarlo si ya lo poseemos, con fundamento en la Constitución política democrática:

• Una verdadera carrera judicial (y lo mejor sería que los nombramientos judiciales fuesen hechos objetivamente por el propio Poder Judicial, respetando la capacidad y mérito de los candidatos, no por los partidos políticos, ni los Gobiernos).
• Una autentica inamovilidad, garantizando la protección legal máxima para los jueces frente a las agresiones de los diferentes poderes del Estado.

Y no olvidemos que sin una justicia independiente no existe una verdadera democracia.

*José Luis Ortiz Güell, funcionario