La Constitución es en estos momentos un texto tan manido como desconocido. Hasta el Sr. Iglesias en su reaparición llega a la cita con un formato de bolsillo, un modelo muy  usado por los líderes bolivarianos. Más que elemento de lectura y aplicación de lo leído, se tiene la impresión que es un arma arrojadiza en manos de todos los que sin el menor pudor, se aferran a ella como argumento apocalíptico.

La Constitución no es una pócima mágica que entierre de forma definitiva las discrepancias de  los diversos intereses y modelos que laten en una sociedad dinámica. Es simplemente una solución necesitada de forma periódica de perfeccionamientos que la acomoden a los tiempos y generaciones diferentes,  para ahormar el espacio de convivencia.

Desde que los seres humanos alcanzaran su madurez con la Revolución Francesa y la Ilustración dejando atrás los ropajes de vasallos para vestir las galas de ciudadanos las Constituciones fueron la configuración textual de su emancipación.

Nace como compromiso cívico en la pugna eterna entre el poder político y la ciudadanía acotando las pretensiones de aquel sobre los individuos y su autonomía personal o colectiva. Nunca otorgada. De una u otra forma es una conquista popular. Incluido nuestro caso, donde en su parto confluyeron circunstancias singulares y por demás complicadas.

Compendia los derechos civiles y los valores colectivos con visión global. No como arma de confrontación, tal como parecen entender algunos, sino como regulación de convivencia de diferentes. Bajo su imperio se amparan tanto las libertades personales como las comunes, y en ambos casos la disidencia, en orden a la diversidad social y territorial que compone el estado.

Como principio de viabilidad, es inevitable el respeto a la legalidad aceptada  que encarna y a las normas comunes que a todos obligan y son garantes de la diferencia. Y en consecuencia dentro de del estado de derecho y de la división de poderes que configura,  es el poder  judicial el llamado a reponer la legalidad truncada caso de producirse. De lo que no debe inferirse como aceptable la deleznable manipulación a la  que hemos asistido desviando un tema estrictamente político hacia otro poder público por cobardía y deslealtad. De forma irracional y peligrosa para la armonía constitucional el gobierno popular  politizó  la justicia para rehuir las obligaciones propias del poder ejecutivo.

La Constitución es el eje central del estado de derecho para servir el interés de la ciudadanía y hacer acomodada su convivencia. Nunca puede ser un dogma de fe eterno e inmutable. Lo que parece ser convive en algunas percepciones que la entienden como una reedición de las “Leyes y Principios Fundamentales del Movimiento, sacrosantas y eternas. Tanto, que ya se han ido por el albañal de la historia.

La Constitución es válida en tanto de respuestas validas a tiempos cambiantes. Tiempos con demandas distintas a las de hace cuatro décadas. Momentos históricos en que los cambios de paradigma  se hacen presentes con ritmo meteórico, lo que provoca una entendible  desazón y vértigo en la clase política.

Como toda obra humana, aún siendo un documento tremendamente valioso que permitió viajar por la historia en convivencia pacífica y democracia largo tiempo, y sobre todo, -para que siga siendo ese eficaz mecanismo-, requiere los ajustes indispensables que mantengan su lozanía. Y la corrección de aquellas zonas más difusas, que discretamente quedaron en penumbra para hacer factible su realidad en momentos especialmente complejos. Un pacto constitucional debe ser dinámico para ser útil. Es imposible determinar soluciones definitivas para circunstancias no previsibles en la hora de su diseño.

Forma de estado, reforma de la ley electoral, convivencia y conciliación territorial, blindaje del estado de bienestar, son entre otros, aspectos que inevitablemente ha de afrontar la clase política en orden al texto en vigor,  no como  confrontación, sino como suma de ideas. Con altura política para  desechar lo excluyente en aras de lo conviviente. Un camino hacia el segundo tercio del siglo XXI donde la concordia alcance la coexistencia armónica de entidades o realidades diferentes.

Un espacio constitucional que sea exclusivamente la sala de estar de la ciudadanía.  Sabiendo de dónde venimos. Utilizando por ello la memoria como escuela ética de valores. Enfrentándonos a  nuestro pasado, sin mancillarlo ni manipularlo. Cimentando sobre los valores de la verdad la convivencia y el futuro en una sociedad democrática decente y digna. Que pueda mirarse en su espejo sin cerrar los ojos.

*Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.