Es conocida la política intervencionista de Estados Unidos, especialmente en Sudamérica y Centro América. Ahora parece que se ha reactivado especialmente.

Hay que aceptarlo, la caída del muro de Berlín provocó un cambio en los intereses geoestratégicos mundiales de los Estados Unidos y, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, América Latina dejó de ser una prioridad en la política extranjera de su vecino del norte. La lucha contra el comunismo, ya no tenía sentido., ¿qué hacer con América Latina? Desde los años noventa en adelante, casi todos los países eran ya democracias más o menos estables, con economías de mercado en expansión y con ciertas perspectivas de futuro. Salvo en el asunto de la lucha contra la droga, Estados Unidos cada vez era más irrelevante en la región. Además, gracias a la estabilidad política y al crecimiento económico, los gobiernos del lugar tenían cada vez más capacidad para oponerse a las decisiones o acciones de Estados Unidos si actuaban de manera medianamente coordinada o conjunta, por lo que a Washington le costaba cada vez más manejar los hilos latinoamericanos. El poder político fue entonces sustituido por el económico. Con la adhesión de muchos países latinoamericanos a la OMC.

Con la llegada de Trump y la propuesta de presupuesto para 2018 de la administración Trump que buscaba recortar los fondos del Departamento de Estado y USAID  en un 32%, representando así una reducción del 36% para la ayuda a América Latina. La ayuda de EE. UU. a México disminuiría en un 45%, mientras que la destinada a Guatemala se reduciría en un 38%, la de Honduras en un 31% y la de Haití en un 18%. Los recortes presupuestarios podrían afectar – a un gran número de programas de ayuda en todo el mundo y se reducirían en más de un 50% las aportaciones a la educación e intercambios culturales.

No debemos dejar atrás a una figura de especial relevancia, Moro que fue elegido como uno de los diez hombres más influyentes del mundo por la revista Time en 2015. Además la Operación Lava-Jato tuvo como blanco las compañías como Petrobrás y como Odebrecht, que promovía la construcción del submarino nuclear con tecnología francesa.

Las Fuerzas Armadas de Brasil mantienen relaciones cordiales y de colaboración, en diversos sectores, con la Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero hay desconfianza, desde la guerra de las Malvinas, pero desde el nuevo Gobierno todo ha cambiado en su relación con Estados Unidos.

Hay un diseño geopolítico y estratégico de Washington en la instalación de una base en Ushuaia y otra en la Triple Frontera, como se puede observar. Su objetivo es recuperar y aumentar la presencia militar en la América del Sur, que parece haberse reducido desde que perdieron la base de Manta, en el Ecuador, y desde que la Corte en Colombia consideró inconstitucional la instalación de siete bases. Bases reconocidas como tales existen en El Salvador (Comalpa), Cuba (Guantánamo), Aruba, Curaçao y Puerto Rico. Al mismo tiempo los Estados Unidos mantienen en América Latina bases informales y legalmente ambiguas. El Pentágono las denomina quasi-bases para evitar tanto el escrutinio del Congreso como la reacción de los países. Las quasi-bases están en Perú, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, entre otros países, a lo largo del litoral del Pacífico.

Está visto que esta actividad de Estados Unidos tanto en Sudamérica, como en Centro América, muy lejos de defender la democracia y los Derechos Humanos (de los cuales se ha desligado claramente Trump) están desde los intereses económicos, hasta intereses geopolíticos y ¿Qué mejor que colocar a gobiernos afines con las políticas del gobierno Trump? Un escenario en el que no importan ni la dignidad, ni la libertad, ni el respeto a los principios fundamentales y básicos de toda sociedad.

*José Luis Ortiz, funcionario