La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la interpretación de la inmunidad de D. Oriol Junqueras como parlamentario electo del Parlamento europeo, ha venido a confirmar, la endeblez de la estrategia de atajar con medidas judiciales, una situación cuyo desbordamiento es cada vez mas amenazante.

Y ello es así, porque en ámbitos judiciales y no tan judiciales, ha querido interpretarse que las acciones de cuestionamiento de la Constitución, son necesariamente punibles según el Código Penal; interpretación que se está revelando, mas que discutible a la vista de los acontecimientos.

Por otro lado, la urgencia mediática y también interesada de algunos actores políticos, de atribuir relevancia constitucional a actos de mera propaganda, han conducido a la configuración de un escenario virtual de riesgo del Estado, que en ningún momento respondió a un riesgo real. ¿Qué hubiera pasado si deja realizar “en paz” la consulta ilegal sobre la falacia del derecho a decidir? ¿Qué hubiese pasado si el Parlamento de Cataluña declara unilateralmente la independencia? Desde este humilde punto de vista, hubiera sucedido que se habrían producido dos actos sin validez jurídica alguna, realizados por instituciones sin competencia para ejecutarlos y por tanto habrían resultado actos de propaganda de dudosa eficacia para sus promotores. Pero mantendría el Estado toda la legitimidad para combatirlos y declararlos nulos en los ámbitos y con la urgencia correspondientes. La estrategia de la perentoriedad en la búsqueda de causas penales, ha otorgado a los actores-propagandistas el arma impagable de la defensa de sus derechos individuales, que tan rentables beneficios mediáticos les están rindiendo.

La estrategia de rentabilización e internacionalización de los efectos mediáticos de la judicialización, hay que reconocer que ha sido un éxito. La presentación como candidatos sucesivamente a elecciones estatales y europeas, ha reportado réditos estratégicos de largo alcance y de largo recorrido temporal.

No comparto la visión “pretendidamente patriótica” que lleva la crítica a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, al extremo de calificarla de “falta de respeto a la soberanía nacional”, por dos razones; la primera es que la Sentencia se produce como consecuencia de una consulta libremente realizada por el Tribunal Supremo de España, que tiene como consecuencia el obligatorio pronunciamiento del Tribunal europeo y la segunda, porque no tengo ninguna duda del funcionamiento razonable de los sistemas judiciales español y europeo en cuanto independientes de los poderes legislativos y ejecutivos.

Antes al contrario, considero que el hecho de que un Tribunal europeo falle a favor de los derechos individuales de ciudadanos españoles residentes en Cataluña, (aunque ellos no quieran ser españoles) es una garantía de la tutela judicial efectiva en el ámbito europeo. De la habilidad, ponderación y prudencia del Tribunal Supremo de España, al valorar los posicionamientos de las partes implicadas, en relación con los efectos de la Sentencia europea, dependerá en buena medida, que los afectados vean incrementado su arsenal de agravios, o tengan que reconocer la evidencia de que España es un Estado de derecho y son ellos los que lo vulneran.

Tenemos además que contemplar, que esto no finaliza aquí, sinó que al proceso penal principal y a sus hijuelas, les queda todavía un larguísimo recorrido en los Tribunales de derechos humanos de ámbito europeo.

La prisión preventiva, no deja de ser un asunto controvertido sobre el que habría que reflexionar y sus efectos sobre el derecho de sufragio pasivo y sus consecuencias, son tal vez su derivada mas problemática. Por eso, este conflicto tendrá largo recorrido.

La estrategia del nacionalismo catalán de poner al Estado español al límite, con el objeto de forzar actuaciones de tinte “represivo”, está resultando tanto mas exitosa, cuanto mas se precipitan las instituciones estatales en “reaccionar”, mas movidas por intereses partidistas o apriorismos ideológicos o contagio mediático, que por la racionalidad de los acontecimientos.

La democracia española, su Constitución, los Tratados internacionales que tiene suscritos el Estado, constituyen un sistema altamente garantista de la libertad individual y como consecuencia de ello, los mismos que pretenden negar las instituciones estatales, ejercen sus derechos para que en el ámbito supranacional se les restituyan en los casos de su vulneración.

En situaciones de alto riesgo de incendio, es poco recomendable encomendar la prevención a pirómanos conocidos y las tareas de enfriamiento del medio, nunca deben realizarse con gasolina.

Las estrategias hasta ahora seguidas por los gobiernos del Estado español, activas o pasivas, han resultado poco eficientes para contener la espiral nacionalista en Cataluña. Por el bien de Cataluña, de España y de Europa, sería deseable que aprendiendo de los errores, pudiera reconducirse la situación, hacia el camino del diálogo político sereno, limitando la interferencia judicial, al mínimo imprescindible; pero tomando el respeto a los derechos individuales como divisa irrenunciable del Estado, para evitar alimentar el argumentario del agravio, tan sensible y delicado, como eficiente forma de propaganda.

Se bien que el clima no está para grandes fiestas, pero darle la oportunidad al ensayo de nuevas maneras de relación mas discretas, menos mediáticas; mas racionales y menos propagandísticas por todas las partes, sería muy deseable.

Como diría el maestro Aguilar, ¡veremos!

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.