Estamos hablando de Cataluña y la pandemia parece que va a obligar a anular las elecciones previstas y pasarlas a otra fecha.

Si bien la salud es lo más importante y así lo comprendo y acepto, bien es cierto que en estos tiempos de eufemismos y pandemia propagandística tenemos que llamar a las cosas por su nombre: retrasar las elecciones es restringir, aunque sea temporalmente, otro derecho fundamental como es el de la participación política. Voy a aclarar este concepto para que no lleve a malos entendidos.

Queda por supuesto aclarado que la protección de la salud ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración y ciertamente la evolución de la pandemia es más que preocupante en esta tercera ola y el saber cómo puede encontrarse para esas fechas es muy aventurero y temeroso, pues los augurios son muy oscuros.

Pero bien es cierto que no menos que los de Portugal hoy, o los que pudo haber en el País Vasco o Galicia en su momento cuando en abril se tomó la decisión de retrasar las elecciones. No olvidemos que en ese momento había un confinamiento domiciliario que restringía toda libertad de movimientos, necesaria para cualquier comicio electoral y hubo un consenso entre todas las fuerzas políticas.

En este caso se hace en base a una base jurídica débil y sin un marco legal nada claro que ampare esa decisión. Repito eso no quita que el aplazamiento pueda estar justificado por motivos de salud pública, para que no se me critiquen mis palabras.

Políticamente, un retraso sería una pésima noticia para Cataluña, un gobierno sin Parlamento, pues ya está disuelto y sin Presidente y con partes enfrentadas claramente y que pugnan por un mismo espacio político.

Un Ejecutivo que debería lidiar con problemas terriblemente serios como son la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social que conlleva y que no existe.

Realmente lo que se esconde en este retraso son intereses partidistas. Ya los hubo a la hora de decidir la fecha en un interminable proceso que terminó con la inhabilitación de Torra como Presidente.

Planteo algunas dudas que creo que son razonables:

¿Quién es el Presidente, el responsable de decisiones determinantes en momentos tremendamente complicados? ¿A quién hay que pedir cuentas de la gestión de la terrible pandemia? ¿Quién asegura que elegido se puedan llevar a cabo las elecciones?

Esas decisiones pueden hacer caer en la irrelevancia a territorios como Cataluña. Puede ser el principio `para restringir el derecho fundamental de la participación en la vida política.

Asimismo, este documento tratará demostrar que los derechos humanos deben estar en el núcleo de cualquier acción de los Estados, porque solo de esta manera se asegurará que la dignidad, la igualdad y la libertad queden indemnes en momentos críticos como emergencias climáticas

No olvidemos que esta crisis del COVID ha cercenado ya demasiados derechos como la igualdad de oportunidades y la no discriminación pilar básico de los Derechos Humanos, especialmente en los mayores y en los discapacitados.

También ha interferido en el derecho a vivir independientemente y a la movilidad personal que se ha visto seriamente restringida.

Ha vulnerado también el derecho a la salud, pues se ha dado preferencia al COVID frente a otras dolencias, si cabe más mortales como el cáncer. En este tiempo han fallecido siete pacientes más por cáncer que antes del COVID por no tener la suficiente atención, por ejemplo.

El derecho al trabajo menoscabado por una situación que está afectando a múltiples sectores, hostelería, cultura, etc….y hace que ese derecho pase a ser casi un privilegio antes que derecho.

Creo que la solución sería muy sencilla., el voto anticipado. Su regulación podría ser absolutamente sencilla y garantista, consistiendo en permitir, durante los días que se considere necesarios, con anterioridad al día de las elecciones, que los ciudadanos pudieran acudir ante la Junta Electoral de Zona, cuya sede es la de los juzgados, para emitir su voto. Este deberá ser guardado y custodiado por el secretario de la Junta Electoral, que a su vez es Letrado de la Administración de Justicia, y que por lo tanto tiene las funciones de fe pública. Posteriormente el día de las elecciones será entregado a la mesa electoral donde debería emitir su voto. Una vez recibido, el presidente de la mesa comprueba debidamente el precinto, y extrae del sobre que le ha sido entregado los que contienen el voto y los introduce en la urna

El sistema implantado después de la transición con pequeñas reformas ha dado excelentes resultados, quizás el voto de los residentes en el extranjero requiera ser dotado de mayor agilidad, pero en definitiva, la inexistencia de denuncias de fraude electoral durante todos estos años pone de manifiesto lo acertado del sistema.

Por último, cabría también una reforma de la Ley Orgánica en las Cortes Generales, ya que el régimen electoral catalán es el establecido en la ley Orgánica General, al no existir ley propia.

¿Por qué ni se plantea esa posibilidad? ¿Acaso priman más los intereses de las formaciones políticas , que el de los ciudadanos?

Por eso escribo este artículo a modo de reflexión cuando la pandemia es la excusa perfecta.

*José Luis Ortiz, funcionario