Resulta complicado abstraerse de este lenguaje ambiguo, deliberadamente engañoso en algunos casos y decididamente perverso, que rodea la comunicación relacionada, con la negociación del proyecto de nuevo marco normativo de las relaciones de trabajo.

No se trata de una derogación, que tenía pleno sentido como reivindicación en el momento de producirse la reforma de Rajoy, pero pasados ya años de vigencia, la derogación sería en todo caso “contrarreforma”.

Quizás no se trata siquiera de una simple reforma, porque reformas, fueron produciéndose por diversas vias, para adaptarse a una realidad cambiante, como no puede ser de otro modo.

De lo que en realidad se trata, es de una redefinición del modelo de relaciones laborales, para adaptarlo a un mercado de trabajo en cambio permanente y con unas condiciones también cambiantes, que necesitan una regulación que garantice un grado razonable de estabilidad y de seguridad jurídica.

Objetivamente, el modelo que se ha comunicado del proceso negociador, es digno de un cómic hispano de la mejor época; pero para tranquilidad de todos, lo que está en juego para todo el mundo, (derechos e intereses) son lo que finalmente marcará la conclusión de la negociación, a pesar de las apariencias.

El modelo de relaciones laborales oficializado con el Estatuto de los trabajadores de 1980, con sus altibajos, sus periodos mas o menos conflictivos, se desarrolló sobre el principio de libre composición de las partes, (Patronal y Organizaciones sindicales) con la natural participación del gobierno, no solo en su función de moderador, sino de responsable de promulgar y otorgar carácter normativo oficial a los acuerdos de las partes.

Este modelo fue quebrado de modo unilateral por el gobierno de Rajoy, que de modo abrupto, promulgó una reforma del modelo sin acuerdo de las partes, no solo en beneficio mas que dudoso de una de ellas, sino también en perjuicio del propio sistema, al que literalmente se destruye, dejándolo parcialmente inservible para su función original. De ahí la “derogación” que ya no puede ser tal, sino la necesidad de redefinición y de adecuación a la nueva realidad.

Aquella reforma, se insertaba en la tesis interesada de los políticos neoliberales, (en la estela de Thacher, Reagan etc) que pretendían de modo descarado, la aniquilación de las organizaciones sindicales y la desactivación del tradicional carácter tuitivo del derecho del trabajo, dejando las relaciones laborales mas a merced de los intereses de cada empresario. Pero ello introduce elementos distorsionadores del propio mercado, que no dejan indiferentes a todos los empresarios por igual. Naturalmente profundiza en la brecha entre los trabajadores, dependiendo del tipo de empresa y de mercado en el que desarrollan su actividad. Algo que también debería corregirse.

La brutal campaña de desprestigio de las organizaciones sindicales a través de los medios, dio sus frutos. La derecha mas extrema, en connivencia con el empresariado mas egoista y con la inestimable dedicación de sus medios satélites, han ultrajado, vilipendiado y despreciado a las organizaciones sindicales, hasta extremos lacerantes, pero han tenido eco entre la población. No será tarea sencilla, recuperar la imagen distorsionada, a lo cual han contribuido los errores no suficientemente corregidos, de algunos dirigentes, que se dejaron arrastrar por la corriente dominante del brillo de las lentejuelas.

Es en este contexto, en el que se mueve la negociación de un nuevo marco normativo, que ha de regular las relaciones de trabajo en una situación que cambia con una fluidez difícilmente asimilable.

Redefinir el papel y el protagonismo de las organizaciones sindicales, de modo que puedan ser útiles a sus afiliados y colaborar a una mayor estabilidad social en una sociedad democrática, definir un modelo equilibrado de relaciones de trabajo, en un contexto en el que la superposición de empresas, la externalización de la actividad, el libre movimiento de capitales, (volatilidad) el crecimiento impredecible del trabajo a distancia, la automatización de procesos, la aparición continua de nuevas especialidades profesionales, la dificultad en ocasiones de identificar a los verdaderos responsables de la actividad, etc deberán ser los objetivos del proceso negociador.

Sería por tanto de agradecer, que mas allá de ese lenguaje engañoso con el que en lo cotidiano nos deleitan o nos ahogan; en un alarde de pedagogía, nos contaran que mas allá de derogaciones, de posiciones dogmáticas o de intereses o miedos, de liderazgos o de partidos, nos contasen algo sobre los contenidos y dentro de ellos, sobre las virtudes y riesgos de cada una de las posiciones que se manifiesten.

No lo digo como reproche, sino como reconducción de una situación, que si ha de llegar a buen puerto, habrá de ser afrontada, defendida y comunicada, como el “win to win” de toda negociación fructífera.

En el ámbito de las relaciones laborales, los términos victoria y derrota, son la mejor garantía para la inestabilidad y la inseguridad jurídica, algo que los buenos empresarios y los trabajadores sensatos, saben que resulta el peor de los inconvenientes.

Por tanto, plantear la recuperación paulatina del protagonismo de las organizaciones, limitar el poder omnímodo de los empresarios frente a trabajadores indefensos, potenciar la preeminencia del derecho general y limitar los descuelgues a lo excepcional, afrontar las garantías de los trabajadores ante las nuevas situaciones del mercado etc, son cuestiones suficientemente importantes, como para ponerlas sobre un papel sin borrones distorsionadores. Y ello, no solo por razones de protección jurídica de los trabajadores, como parte mas débil de la relación, sino como garantía de competencia leal en el sacrosanto mercado. Naturalmente damos por sentado que la esclavitud está definitivamente desterrada de nuestra sociedad y que esa convicción es compartida por las partes que integran el proceso de negociación.

El éxito del proceso negociador, solo es posible si concluye en un acuerdo aceptado por las partes y ello es presupuesto imprescindible, para que su aplicación sea beneficiosa para la economía, para el desarrollo mas armónico de la sociedad y para una mayor equidad en el reparto de la renta. Quizás esto tiene enemigos ajenos al gobierno, pero en su interior, quiero pensar que no es el caso.

Aplicarse discretamente a poner en común las posiciones internas y a tejer encuentros con los interlocutores persiguiendo el interés general, debería estar por encima de los intereses de marketing de grupo, porque el éxito de la negociación solo es posible, si es un éxito compartido.

Al menos yo, asi lo veo.

*Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Industrial, Licenciado en Derecho, Secretario General de la Fundación Adcor y jubilado de la función pública.