Tras el vergonzante tratado de Múnich en 1938, sometidas las potencias democráticas, Reino Unido y Francia al chantaje nazi-fascista, Winston Churchill sería muy duro con el  premier británico Chamberlain quien un año después habría de dimitir: «Se le ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra y eligió usted la deshonra, y también tendrá la guerra» Palabras prefecticas que se cumplirían en pocos meses.

Cuando la Sra. Presidenta del Congreso Doña Meritxell Batet, con la augusta solemnidad que le confiere presidir el aula magna de la Soberanía Nacional anuncia “urbi et orbi” la idoneidad de los candidatos sometidos a Comisión para formar parte del Tribunal Constitucional, cabría esperar que sus mejillas se cubriesen de arrebol… Máxime teniendo noticias de cual se las gastan en tan alta instancia que en un pirueta jurídica rocambolesca le arrebató ante su narices un representante de la ciudadanía, miembro del Congreso de los Diputados, sobre el que en oficio de su magistratura tiene la labor de amparo de sus miembros.

El magistrado ese del que usted me habla, al que al parecer conocen como Arnaldo, tiene una biografía tan comprometida según vocean numerosos medios de comunicación de la mayor solvencia, que incluso consiguió opacar por mucho la de su colega en el tándem de la propuesta del PP, “mi querida Concha”…

La derecha extrema tiene secuestrado desde hace más de tres años el mandato constitucional de renovación de órganos constitucionales que son esenciales en la conformación del Estado de Derecho y para el garantismo que debe emanar de los mismos. Lo hace en exclusivo interés partidista, sin que parezca osado considerar como razón capital para ello, su enfangado panorama judicial.

Como obsceno estrambote a su chantaje obstruccionista al Estado, en una muestra suprema de impudicia tras la constante algarabía invocando la despolitización de los altos tribunales, presentan una oferta totalmente indigesta, ajena al respeto que merece tan alta instancia de la arquitectura constitucional. Con perfiles con notorias connotaciones y amistades peligrosas en temas presuntamente nada edificantes..

La derecha extrema subordina la credibilidad de las instituciones a sus intereses espurios y al mezquino afán de doblegar a los que buscaban con afán la normalidad constitucional, indiferentes a la humillación y  desdoro que con ello sufren las instituciones democráticas.     

Quizás el Sr. Bolaños algo bisoño en tales menesteres, se dejó deslumbrar por el Sr. Egea, alias el “Aceituno”, con promesas de abordar con efectos inminentes la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años caducado. Algo largamente deseado  por el Ejecutivo de coalición que ante ello no dudo en taparse la nariz para tragarse el descomunal sapo. Largo me lo fiais cabría decir cuando el PP dice que más adelante…

A estas alturas conceder un mínimo rigor a la palabra del señor murciano o  a su jefe de filas en este tema semeja un temerario acto de fe. Es muy arriesgado perder de vista que el núcleo director de la derecha extrema con el Sr. Casado a la cabeza se ha mantenido en una viscosa  sinuosidad en la materia quebrando a su capricho todos los principios de acuerdo.

Se esgrime desde el Ejecutivo de Coalición, que en esto no mostró esas fisuras que tiende a mostrar en otras ocasiones, que es asumir el mal menor para desbloquear algo que resultaba desesperante aceptando la propuesta que el PP formuló. Una imposición de lo menos apropiada, -ni inocente ni gratuita-, que deja un mensaje claro: socavamiento de la credibilidad de las instituciones y evidencia impertinente del triunfo de la cultura de la impunidad.

Un día triste para la democracia. Cuando se apuesta resignadamente por construir sus instituciones con la nariz tapada reconociendo una podredumbre que provoca fetidez. Y se hace afincándose en un futurible mendaz…Podría constatarse con melancolía que eligiendo  la deshonra, se tendrá la continuidad de la guerra judicial…  

 *Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia