Romney: un candidato penoso – David E. Santos

Mitt Romney

Bajo la parafernalia y las luces de la Convención Republicana, que la semana pasada nombró a Mitt Romney como su candidato oficial para las presidenciales de noviembre, el partido conservador de Estados Unidos mostró su cara más patética.

Una en la que infundir miedo y criticar el presente parece ser más trascendental que ofrecer propuestas.

El encuentro de tres días se planteó como una fiesta de la democracia pero resultó ser una desteñida y vergonzosa radiografía de las águilas que intentan retomar el poder.

Todas las esperanzas estaban puestas fundamentalmente en tres hombres. El candidato Romney, su recién elegido vicepresidente Paul Ryan, y la estrella latina Marco Rubio . Los tres desencantaron con discursos flojos, postizos y símiles refritos, en los que fue imposible encontrar propuestas concretas. Romney, como cabeza visible de la empresa que pretende recuperar la Casa Blanca para los republicanos, fue vago en su intervención, repetitivo en sus acusaciones e incluso postizo en su lenguaje verbal. Un desastre. Parecía que iba a llorar en cualquier momento.

Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, quien en su momento estuvo en el llavero para ser candidato a vicepresidente, dio un discurso llamativo, con algunas frases en español, pero fue incapaz de traer a la mesa el tema de la inmigración ilegal, dolor de cabeza de la comunidad latina que tanto lo admira.

Del trío político fue quizá Ryan el que más entusiasmó al público, solo para pasar vergüenza horas después cuando medios como CNN, el Huffington Post o el mismo Fox News, revelaran mentiras e inconsistencias en su alocución.

Entre otras, se destacó la acusación de que Obama había cerrado una planta de GM en Wisconsin cuando en realidad la empresa había dejado de funcionar desde épocas de George W. Bush. “Fue un ataque deshonesto”, escribió el Washington Post.

Entre lavadas de manos, acusaciones y mentiras, lo que no reconocieron los republicanos es que buena parte de la crisis estadounidense recae en ellos, al interponerse, desde el Congreso, a aprobar propuestas de Obama por el hecho de venir del bando demócrata.

La economía fue y es el eje del interés ciudadano y de las promesas que se hagan al respecto depende qué tan bien le va a un candidato.

Lo que reveló la Convención Republicana es que ese discurso altanero y criticón los aleja cada vez más de la posibilidad de volver al Salón Oval y, por el contrario, facilita la idea de que Barack Obama es un hombre de buenas intenciones pero con un legislativo enemigo.

Romney es un candidato tan malo que es al mismo tiempo su peor adversario.

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¿Es saludable decir siempre la verdad? – Beatriz G. Portalatín

«Con la verdad se llega a todas a partes». Con esta frase, seguramente hayamos recorrido parte de nuestra enseñanza más arraigada. Decía Platón que «hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad». Pero además de actos de valentía y franqueza que hemos aprendido desde niños, ¿podría tener consecuencias positivas en nuestra salud?

«Asociar verdad con salud es una relación problemática y compleja», afirma el psicólogo Rubén González, autor del artículo ‘El engaño y la mentira en los trastornos psicológicos y sus tratamientos’, publicado en la revista Papeles del Psicólogo. Pero esta conexión ha tenido una respuesta afirmativa en un estudio realizado por investigadores de la Universidad americana de Notre Dame y cuyos resultados han sido presentados en la 120ª Convención de la Asociación Americana de Psicología. Uno de los datos más llamativos fue la media de mentiras por semana que verbalizaban los americanos: 11 mentiras.

Durante 10 semanas analizaron las respuestas de 110 personas ante ciertas situaciones. La mitad de ellas fue entrenada para decir menos mentiras. Precisamente, este grupo fue el que, según Anita E. Kelly, profesora de psicología en dicha universidad y autora principal del estudio, «presentó mejoras significativas en su salud». Tales beneficios iban desde menos sentimientos de tensión y melancolía a un menor número de cefaleas y molestias de garganta.

Sin embargo, la mentira ofrece ciertas ventajas en las relaciones sociales. El psicólogo y criminólogo Jaime Gutiérrez, perteneciente al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, asegura que «mentir es una conducta adaptativa». «Podemos asociar los beneficios con la ansiedad, es decir, con la verdad se disminuye la ansiedad. Pero tampoco podemos afirmar que esto sea mejor o peor para la salud», indica este experto apuntando a que las personas tienen distinto nivel de activación que, traducida en forma de ansiedad, es buena y necesaria.

Fundamentalmente, explica este experto, las personas mienten por tres motivos: para adaptarse a un ambiente hostil, para evitar castigos y para conseguir premios o ganancias sobre los demás. «Por ejemplo, la gente en su curriculum vítae pone un nivel de inglés más alto del que realmente sabe, pero lo hacen para conseguir un premio, un puesto de trabajo en este caso, y esa conducta no tiene porqué ser necesariamente mala», desarrolla.

Decía el médico y psicoterapeuta austríaco Alfred Adler que «la verdad es a menudo un arma de agresión. Es posible morir, e incluso asesinar, con la verdad», por lo que a veces ser honesto no podría resultar tan bueno. «En ocasiones decir la verdad, puede ser contraproducente», asegura Gutiérrez, no obstante, aclara que la sinceridad es buena cuando las consecuencias son positivas para la persona que emite la conducta y para su entorno.

Por su parte, Rubén González también apoya esta afirmación. «Hay que buscar el equilibrio entre lo que es bueno para nosotros y para el que recibe la notica». Además, asegura que algunas veces puede asociarse decir la verdad con signos de inocencia o falta de madurez, por tanto, en ocasiones la mentira puede ser incluso necesaria.

Este experto divide la mentira en mentira ‘prudente’ e ‘imprudente’. La primera es aquella que se dice para adaptarse a la situación, la que es «necesaria» decir en ocasiones para evitar un mal mayor. Pone de ejemplo, una situación peligrosa como estar en una habitación con mucha gente y que haya un incendio. «Puedes mentir y decir a la gente que no está pasando nada y evitar así el caos. El control es necesario en estos casos», detalla.

La segunda es cuando lleva consecuencias peores que dificultan ese equilibrio mencionado anteriormente. Decir la verdad, puede tener consecuencias negativas en el otro. Esto es, hay personas que tienen que decir siempre la verdad, «tener la conciencia tranquila», y esto «no siempre es bueno», puntualiza el psicólogo. «Esta sensación de conciencia tranquila es la creencia de creer que han actuado bien y por ello ‘se sienten mejor’ físicamente», explica.

La honestidad, explica este experto, refuerza el que una relación, sea del tipo que sea, pueda ser mucho más consistente y estable. Pero, «tiene que haber también otras cosas, es un valor que no puede ir separado del resto», matiza.

«La honestidad absoluta en el ser humano no existe, es imposible que un hombre siempre diga la verdad». Ésta, asegura, es un valor que debe ir añadido junto a otros: «De nada vale que una persona sea sincera, si le faltan otros valores».

Como conclusión, los expertos aseguran que no podemos relacionar mentir en contextos cotidianos con una peor salud, pero que es bueno que en la sociedad se eduque desde la honestidad y la franqueza. «Un desarrollo moral adecuado desde la infancia, orientado en la verdad, es positivo», finaliza Gutiérrez.

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El Tea Party en EE.UU. (y en España) – Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

En las elecciones al Parlament de Catalunya de 2006 en uno de los periódicos más conservadores de Catalunya, La Vanguardia, un columnista próximo ideológicamente a la banca y a la gran patronal, entrevistó al candidato socialista, el Sr. José Montilla, y con gran arrogancia le preguntó como una persona como él (el Sr. Montilla, procedente de una familia obrera, ha sido elegido a cargos políticos en varias ocasiones), que nunca había gestionado una empresa privada, tenía la osadía de presentarse a un cargo como el de presidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene grandes responsabilidades gestoras. Implícita en esta pregunta estaba el supuesto de que el mejor aprendizaje para gestionar lo público era haber gestionado lo privado (el Sr. Montilla había gestionado instituciones públicas, pero no privadas, durante su vida profesional).

Esta postura está ampliamente generalizada entre los grupos empresariales de cualquier país. Según ellos, la mejor manera de gestionar lo público es inspirándose en cómo lo hace la empresa privada. Esta mentalidad se reproduce también en ocasiones incluso dentro de las izquierdas. El propio gobierno tripartito en Cataluña convocó una Comisión para hacer propuestas de cómo mejorar la gestión del sector público sanitario en el que nombró gran número de grandes empresarios y banqueros para que ayudaran con propuestas a mejorar la gestión pública del empleador más grande de Catalunya, el Servei Català de la Salut.

Esta postura asume también, por lo general, aunque raramente se explicita, que las empresas privadas están mejor gestionadas que las públicas. Este debate está apareciendo también con gran intensidad en las elecciones estadounidenses. El candidato republicano Mitt Romney cuestiona las credenciales del presidente Obama, pues subraya que su inexistente experiencia como gestor de empresas privadas le obstaculiza para gestionar lo público. El candidato Romney es un hombre que se considera exitoso en el mundo de los negocios y se refiere a su larga experiencia empresarial como la mejor garantía de que sabrá cómo gestionar el Estado federal.

El mayor problema de este componente del postulado neoliberal es desconocer que el objetivo de una empresa define ya en sí la metodología de su gestión. Una empresa privada tiene como objetivo principal hacer dinero. Una pregunta que podría hacerse es “dinero, ¿para quién?, ¿para los gestores?, ¿para los accionistas?”. Parece que la evolución de las grandes empresas (sobre todo las financieras) muestra que los que dirigen tales empresas acentúan más los beneficios de los gestores que los de los accionistas. Pero sea quien sea el beneficiario, el hecho es que hacer dinero es el objetivo fundamental de una empresa. A este objetivo está supeditado todo.

El objetivo de una entidad pública, como es la administración pública, no es hacer dinero, sino servir a la ciudadanía, un objetivo muy diferente al de conseguir dinero. Esta distinción es fundamental para entender el tipo de gestión que cada entidad necesita. Un empresario –como el candidato republicano a la Presidencia de EEUU, el Sr. Mitt Romney- puede haber conseguido mucho dinero en la empresa privada (siendo una de las personas más ricas de aquel país), y ello no lo acredita para ser mejor presidente de EEUU que el presidente Obama, que carece de experiencia empresarial privada. En realidad, viendo como Mitt Romney consiguió el dinero, la conclusión opuesta parece ser la más adecuada. El candidato Romney consiguió su dinero especulando en los mercados financieros, arruinando deliberadamente empresas para que se colapsaran, comprándolas a bajo precio (destruyendo miles de puestos de trabajo, en la estrategia conocida como “buitre empresarial”) y evitando pagar impuestos. Sus propuestas para cuando gobierne incluye enormes rebajas fiscales a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y a la banca, privatizando la Seguridad Social y la gran mayoría de servicios públicos, medidas que beneficiarían enormemente a las personas de rentas superiores que derivan sus ingresos de las rentas del capital, a costa de las clases populares, que verían sus rentas y su calidad de vida claramente recortadas. Por cierto, poco se ha dicho en los medios españoles de los orígenes empresariales del Sr. Romney. El capital inicial que tal candidato obtuvo en sus negocios empresariales procedió de familias de El Salvador (Poma, Dueñas, de Sola y Salaverria) que financiaron las milicias paramilitares que impusieron un enorme terror en aquel país, responsables de que 35.000 salvadoreños fueran asesinaos en el periodo 1979-1984. Fue en 1984, cuando tales familias conocieron al Sr. Romney e invirtieron en las actividades del hoy candidato republicano (ver Sandy Smith-Nonni “Romney’s Blood Money”, Counter Punch. Agosto 24-26 2012). El sector que Romney representa del mundo empresarial estadounidense es el más reaccionario de aquel país, hoy centrado en el Tea Party.

Una situación semejante aparece en el gobierno conservador-neoliberal que existe en España, donde hay un gran número de empresarios privados que están trasladando, una vez en el gobierno, políticas claramente derivadas de su experiencia, que entran claramente en conflicto con el objetivo principal de la administración pública, que es el de servir a la ciudadanía. Ejemplos de ellos hay muchos. Pero uno de los más llamativos es en sanidad donde, a través de una serie de medidas que impone a las CCAA (que gestionan la sanidad pública), el gobierno está empobreciendo a los servicios públicos, favoreciendo a los servicios privados, medidas que responden a un proyecto conservador-neoliberal que tiene como objetivo el desmantelamiento de la sanidad pública. Nunca antes, tal sistema público ha estado tan atacado –con peligro de desmantelamiento- como ahora. Una de las razones de los recortes, que teóricamente se presentan como necesarios para reducir el déficit, es precisamente conseguir tal desmantelamiento.

Se me dirá, con razón, que el sector público puede y debe aprender del sector privado. Pero este argumento, aunque válido, se presenta constantemente como una justificación de unas prácticas que, en la práctica, consisten en la introducción de objetivos privados, como la optimización de beneficios empresariales a costa de los objetivos de los servicios públicos, que deberían siempre ser beneficiar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

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517 desahucios diarios en España – Datos del Consejo General del Poder Judicial

Los desahucios de viviendas y locales se han disparado durante el primer trimestre de 2012 en España, cuando alcanzaron la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados estos días.

Según los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del primer trimestre de este año que acaba de publicar el CGPJ, en ese período se han producido en España un total de 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, es decir, 517 al día.

Este año destaca de forma alarmante el apartado de los lanzamientos (término técnico para nombrar los desalojos forzosos de viviendas y locales). Así, los datos de lanzamientos realizados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, el primer trimestre de 2012 marcó un nuevo registro histórico con 18.424 lanzamientos y el número total desde 2008 ya asciende a 185.140.

Sin embargo, estas cifras no reflejan una imagen completa del total de desalojos que se realizan en el Estado español porque hasta ahora no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones.

Al contabilizarse estos desahucios, el resultado es escandaloso, ya que sólo en el primer trimestre de 2012 los lanzamientos que hasta ahora no se contabilizaban son muy superiores a los comunes: 28.135. «¿Cuantos desalojos se han realizado hasta 2011 sin que se hayan publicado los datos?

Si entre 2008 y 2011 teníamos conocimiento de 166.000 desalojos contando sólo con los datos de los servicios comunes, y a tenor de la proporción de los lanzamientos en juzgados de primera instancia de 2012, hay que suponer que desde 2008 se pueden haber producido cerca de 400.000 desalojos en España.

Según los mismos datos, en los tres primeros meses de 2012 el número de ejecuciones hipotecarias (procesos de reclamación que pueden acabar en desahucios) iniciadas ascienden a 24.792, el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos desmienten las voces interesadas que decían que las ejecuciones estaban disminuyendo.

En total, el número de procedimientos de ejecución iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias en España. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procesos iniciados para reclamar impagos), la clasificación entre 2007 y 2012 la encabeza Andalucía (72.900) seguida por Cataluña (70.663) y la Comunidad Valenciana (69.951).

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Dores e insuficiencias na política democrática – Xosé António Gaciño

Patxi López Álvarez

A Patxi López, o lehendakari presumibelmente saínte despois das próximas eleccións autonómicas vascas do próximo 21 de outubro, dóelle “que poida rendibilizar algo do tempo que estamos empezando a vivir en paz quen nos secuestrou a liberdade a todos os vascos durante corenta anos”. Reacción moral persoal ante os beneficios electorais que van recoller os sucesores políticos do terrorismo, reacción perfectamente comprensíbel, que se puido experimentar varias veces desde a transición posfranquista, por exemplo cada vez que determinados herdeiros da ditadura ocupaban un cargo nun goberno democrático ou cando algúns centralistas confesos pasaban a gobernar comunidades autónomas.

Cousas da democracia –grandezas ou debilidades, segundo se mire, en calquera caso inevitábeis–, coas que hai que ser politicamente consecuentes, por moito que afecten aos sentimentos persoais. De todas maneiras, parece preferíbel que un inimigo da democracia participe no xogo electoral en vez de poñer bombas ou sacar tanques á rúa. Será cuestión, en todo caso, de que os políticos con convicións e propostas democráticas desenvolvan a súa capacidade de argumentación racional para convencer aos votantes, fronte ás demagoxias populistas (que tampouco son patrimonio das opcións máis extremistas).

Desde Maquiavelo a Max Weber, as reflexións máis racionais sobre ética e política contemplan un ambiguo e difícil equilibrio entre convicións morais e sentido da responsabilidade nas prácticas de goberno. Non hai purezas absolutas nin no acceso nin no exercicio do poder. Sen chegar aos extremos claramente antidemocráticos do terrorismo ou do golpismo, abondan tamén toda sorte de manexos para tratar de chegar ao poder pola vía dos votos, desde a manipulación xeral ou específica da opinión pública ate o pucheirazo máis ou menos descarado, sen esquecer os amaños nas leis electorais (o método máis utilizado na democracia española). Como non faltan manexos, demagoxias e corrupcións no desempeño do poder, moito máis alá do que se podería admitir na mesma “ética da responsabilidade” weberiana, que relativiza a aplicación da “ética da convición” en función das súas consecuencias para o conxunto da sociedade.


Nestes tempos de crise, a xustificada indignación cidadá ten desvalorizado o papel dos políticos. En realidade, nunca estivo moi valorado con carácter xeral (sálvanse algunhas figuras excepcionais, a maior parte das veces despois de que deixan de exercer), pero, nestes tempos depresivos para a maioría, sopórtase peor. Nun panorama de imaxe especialmente deteriorada da función política, está por ver cómo se soporta a reincorporación deste sector do irredentismo abertzale ás institucións vascas.


No caso de que ese sector rendibilice o novo tempo de paz, o que debería doerlle a Patxi López sería a incapacidade das forzas democráticas para estar á altura das esixencias e necesidades deste novo tempo e convencer ao electorado da superioridade moral e política dos que defenden un clima de convivencia democrática. 

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Colegios de enseñanza diferenciada por sexos y financiación pública – Francisco J. Bastida

Francisco J. Bastida

El Tribunal Supremo (TS) acaba de dictar dos polémicas sentencias sobre la legalidad de la decisión de algunas comunidades autónomas (CC AA) de no financiar a colegios con una enseñanza diferenciada por sexos (sólo de niños o sólo de niñas). El TS sostiene que no es inconstitucional que haya este tipo de colegios, pero que para acceder a una financiación pública es necesario cumplir con los requisitos que la ley Orgánica de Educación establece, entre ellos, el de que la educación no sea discriminatoria por razón de sexo. El asunto no es nuevo y ya en 2008 el TS juzgó que las CC AA podían poner esta condición, al interpretar que la mejor manera de cumplir este requisito es exigiendo que los colegios que quieran concertarse con el sistema público de educación ofrezcan una educación mixta. A falta de una lectura de estas nuevas sentencias, parece que el TS da un paso más y considera que esa interpretación es la única correcta, ya que, según la cita literal que transcribe la prensa, el alto tribunal afirma que «es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2006 que expresamente se refiere a «la admisión de alumnos» ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación diferenciada por sexos, al prohibir […] la discriminación por sexo».

Si esto es así, mientras no cambie dicha ley, que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, las CC AA sin excepción -incluida la de Madrid- deberán eliminar de sus conciertos educativos a aquellos colegios que no respetan esa condición y supeditar la renovación de los conciertos vigentes al cumplimiento de tal requisito. La cuestión de fondo que se plantea es cómo se puede sostener que la educación diferenciada por sexos es constitucionalmente posible y a la vez afirmar que los colegios que la practican no pueden ser concertados porque su existencia implica una discriminación por sexo. Si hay una educación discriminatoria no caben colegios ni públicos, ni concertados, ni meramente privados con esa característica, ya que lo prohíbe la Constitución y, si no la hay, habrá que justificar de otra manera por qué se niega a tales colegios el acceso a la financiación.

Quizás el TS no ha estado muy afortunado en la argumentación, pero los detractores de sus dos sentencias basan su crítica en una falacia, la equidistancia desde el punto de vista jurídico entre enseñanza mixta y enseñanza segregada por sexos. La Constitución proclama la prohibición de discriminación por razón de sexo y, por tanto, establece una presunción de ilegitimidad, o sea, una fuerte sospecha de que allá donde exista una diferenciación de ese carácter se estará conculcando la Constitución. La enseñanza mixta no precisa de justificación constitucional, ya que parte de la igualdad de sexos, pero la segregada sí, y ha de ser una justificación muy poderosa, que deshaga aquella presunción. El hecho de que la Convención de la Unesco (¡de 1960!) remita a los Estados signatarios la apreciación de si la educación diferenciada es o no discriminatoria, no quiere decir que para la Unesco sea indiferente un sistema educativo u otro. En 1999 un Comité de la ONU aprobó una Observación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1999, en la que afirma que «en algunas circunstancias» se considerará que el sistema de enseñanza segregada no constituirá violación del Pacto. Por tanto, ni constitucional ni internacionalmente se establece un principio de neutralidad entre enseñanza mixta y enseñanza segregada. Esta última nace bajo la sospecha de ilegitimidad.

Es posible pensar que la enseñanza diferenciada por sexos no tiene por finalidad una educación sexista y que sólo persigue un mejor rendimiento escolar de cada tipo de alumnado. Cuestión bastante dudosa, porque no hay ningún aval científico que justifique la segregación educativa y porque los colegios que optan por este tipo de enseñanza tienen un ideario que comulga con la diferenciación social de roles por sexo. Pero, aun admitiendo en abstracto esa posibilidad, a lo más a lo que se puede llegar es a la aceptación de que la existencia de tales colegios no es en sí misma contraria a la Constitución. Cosa distinta es que sean compatibles con el sistema público de educación (puramente público o concertado).

El objeto de la educación, según el art. 27.2 de la Constitución, es alcanzar «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», y parece obvio que como mejor se consigue este objetivo es mediante un sistema educativo que no esté bajo sospecha de inconstitucionalidad, o sea, el mixto. Los colegios privados que deseen acceder a la financiación pública deben concertarse con el sistema público de enseñanza y cumplir sus requisitos. El concierto escolar no es un pacto entre iguales, sino la adhesión a un régimen de condiciones que los poderes públicos estiman que es el mejor para cumplir con aquel objetivo. De acuerdo con el TS, no hay un derecho de los colegios a acceder a los financiación pública, sino a optar a ella en condiciones de igualdad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

El ministro de Educación ha declarado que piensa cambiar la ley para incluir en los conciertos a los colegios de enseñanza diferenciada, pero es posible que se tope con la inconstitucionalidad de la reforma. Los fondos públicos deben destinarse a optimizar aquel objeto de la educación y cabría entender que la ley infringe la Constitución si pone en un mismo plano a colegios mixtos y a colegios sobre los que pesa la sospecha de inconstitucionalidad por segregación sexual, como sucede con los de enseñanza diferenciada. Una cosa es admitir la constitucionalidad de una excepción al sistema mixto de educación y otra afirmar que no es una excepción, sino un sistema educativo más, irrelevante a la hora de financiar la educación. La ley no puede establecer esa equidistancia sin infringir los arts. 14 y 27 de la Constitución y eso es lo que seguramente quiere decir el TS en sus dos sentencias.

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