En estos siete últimos meses la campaña contra los empleados públicos no ha hecho más que crecer, y en julio llegaron los recortes, presentados, como era de esperar, no sólo como algo inevitable económicamente, sino también como necesario desde una buena Administración, que tiene el deber de acabar con la improductividad y los privilegios. Quizá el ya famoso grito de la diputada Fabra «¡que se jodan!» podría simbolizar ese desprecio político, pero también social, a los empleados públicos, esquilmados y además humillados profesionalmente.
Total, que el mencionado artículo ha vuelto a circular con intensidad por las redes sociales y en numerosos blogs, lo que indica la fuerza que puede alcanzar el llamado «quinto poder», el poder de los propios ciudadanos para conectarse entre sí, divulgar y crear opinión al margen de los partidos y de los medios tradicionales de comunicación, e incluso adoptar acciones de trascendencia pública.
El problema está en que por internet, como por las carreteras, corren desaprensivos, que pueden hacer un gran daño al quinto poder. No es descartable que sean el propio Gobierno y sus servicios de inteligencia los que se dediquen en algún momento a manipular e intoxicar las redes sociales, pero hay también mucho irresponsable encima de un teclado dispuesto a moldear la realidad a su gusto.
A raíz de la difusión del citado artículo empecé a recibir numerosos correos electrónicos felicitándome por su contenido, pero, de manera sorprendente, se mezclaban entre ellos mensajes de desaprobación por haber criticado a los empleados de la banca, y se documentaba el desacuerdo con párrafos subrayados de palabras que jamás escribí. Intrigado, intenté buscar en Google el origen del desaguisado. Por fortuna, en la mayoría de los casos se reproduce mi artículo original; en algunos incluso se cita la fuente y se redirecciona a la página de este diario. Sin embargo, en otros sitios aparece mi foto y debajo un artículo con un título y un contenido que no es el auténtico, atribuyéndome entre párrafos unas opiniones que no son mías. Puesto en contacto con alguno de estos blogueros y diarios digitales, me ofrecen disculpas, pero dicen que se limitan a reproducir lo que ya han encontrado en la red. Siguiendo mis pesquisas, encuentro que en un blog aparece mi artículo trufado y debajo la reproducción de una carta de José Luis Sampedro titulada «Querido Señor Presidente: es usted un hijo de puta», que resulta que tampoco escribió, y que lo mismo les ha sucedido a otros escritores como Arturo Pérez-Reverte e Isabel Allende. Imposible saber el origen de una falsedad que después se extiende como la pólvora.
Conclusión. Los derechos de autor son sagrados, no en su sentido patrimonial, pero sí como garantía de la formación libre de la opinión pública. Esto es de máxima importancia cuando la difusión de información y de ideas y opiniones se hace por internet. A los medios de comunicación clásicos (prensa, radio, televisión) es fácil identificarlos para poder exigirles rectificaciones y responsabilidades, pero es complejo deshacer falsedades cuando cualquiera puede crearlas y propagarlas a la velocidad de la luz y con cierto anonimato. Debería elaborarse un código ético para la fiabilidad de la información en internet, de manera que todo lo que se publique de otros se documente señalando la fuente original. Sólo así el quinto poder podrá realmente exhibir su fuerza democrática junto e incluso frente a los clásicos poderes.
