Unos españoles más iguales que otros
Los catalanes, que habían visto cómo su Estatuto era denunciado por el PP y otros sectores políticos como una amenaza a la unidad de la patria, asistieron atónitos a una verdadera carrera por plagiarlo en distintas Comunidades. El entonces presidente balear del PP, Jaume Matas, justificó tal maniobra señalando que el camino político seguido por Cataluña provocó que “los demás [dirigentes autonómicos] nos viéramos obligados, por razones de supervivencia [sic] y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas autonómicas”. En definitiva, tras recibir bofetadas los catalanes por egoístas y insolidarios, había barra libre para que todas las Comunidades pudieran pedir las mismas competencias sin ser estigmatizadas por ello.
El historiador Fernando García de Cortázar describió gráficamente la situación creada: “Abierta la puerta a la demanda catalana de mayor autogobierno, fueron excepción las autonomías españolas que no se empeñaron en exigir un nuevo y flamante estatuto en una carrera de fondo en la que todos competían entre sí y contra el Estado por ampliar transferencias y diseñar modelos de financiación siempre favorables a sus respectivas regiones sin tener en cuenta el interés general”. Eso, sin duda, fue lo que más irritó a la sociedad catalana, que –además- vio cómo el PP consideró inconstitucionales 60 artículos de su Estatuto que eran adoptados –o, mejor, plagiados- en el que elaboró el parlamento de Andalucía sin que los populares los denunciaran. Así, si para el PP era intolerable que Cataluña se definiera como una “nación”, no tuvo inconveniente alguno en que Andalucía lo hiciera como una “realidad nacional”.
La aprobación del nuevo sistema de financiación para las Comunidades siguiendo el desarrollo del Estatuto de Cataluña volvió a crear una situación simular a la descrita, pues las autonomías beneficiadas por el reparto establecido pero críticas con sus criterios –percibidos otra vez como insolidarios- acabaron asumiendo el presupuesto adjudicado con la boca pequeña. Lo más llamativo fue que los debeladores del sistema obviaron también en este caso el desequilibrio que genera la financiación vasca: si un catalán recibirá ahora 2.239 euros (aparente motivo de escándalo), un vasco tendrá asignados 5.255. Sin embargo, tan monumental incongruencia sigue siendo un verdadero tabú político y, que sepamos, hasta el presente sólo la líder de Unión, Progreso y Democracia [UpyD], Rosa Díez, ha abogado públicamente por eliminar el cupo vasco y navarro. ¿Dónde está, pues, la tan cacareada igualdad de derechos entre españoles?
Ateniéndonos a lo expuesto, la desafección catalana no parece muy difícil de comprender y, en cambio, consideramos que no será fácil de subsanar. La dificultad para cambiar esta situación radica precisamente en que –pese a las apariencias- ésta última no se define tanto por la dialéctica catalanismo/anticatalanismo, sino por otra de mayor calado que ha permanecido latente durante treinta años: la incapacidad para definir la naturaleza del Estado de las autonomías.
La segunda Transición
En este aspecto, el proceso de reforma estatutaria que inició el gobierno tripartito de Maragall y cuyo desarrollo ha promovido el de Montilla ha puesto sobre la mesa su carácter federal y asimétrico, lo que ha incomodado a una clase política variopinta que ha mantenido sobre el papel la existencia de una igualdad entre ciudadanos que -digámoslo claro- no existe.
No es real en términos lingüísticos por razones de todos conocidas. Tampoco lo es en términos económicos, pues al margen del cupo vasco y navarro, existen regímenes fiscales excepcionales en Ceuta, Melilla o las islas Canarias. Es igualmente inexistente en términos de prestaciones recibidas por sus ciudadanos, como –por ejemplo- testimonian la existencia del Plan de Empleo Rural en Andalucía y Extremadura. Es más, ni siquiera lo es en términos constitucionales, como explicitó un defensor tan exaltado de la unidad española como Manuel Fraga en el año 2005. Y lo hizo en estos diáfanos términos: “La Constitución reconoce hasta cinco tipo de estatutos: los de comunidades con derechos históricos (País Vasco y Navarra); comunidades con estatuto en los años treinta (las nacionalidades históricas, como Galicia); comunidades de régimen común, aunque Andalucía logró una fórmula especial; comunidades que son ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y, finalmente, hay una machada [sic] en las transitorias constitucionales, que permite un referendo para incorporar a los navarros al País Vasco, cuando aquéllos no quieren ni oír hablar del tema”. Añadamos por nuestra parte que la Constitución prohíbe de modo explícito una eventual federación de Cataluña con las Comunidades de Baleares y Valencia en su artículo 145.
¿Y qué decir del lenguaje oficial ambiguo que impera por doquier para aludir con eufemismos a esta situación? Ahora –según las Comunidades- tenemos “nacionalidades”, “naciones” y “realidades nacionales”, con el mérito de que tales términos aparentemente sinónimos para quien desconozca la realidad española designan realidades distintas. Asimismo, según legislaciones autonómicas, en España hay “lenguas oficiales”, “lenguas propias” y “lenguas históricas”. Uno no puede por menos que admirar la rica creatividad de nuestros políticos, dignos herederos del lema sesentayochista por excelencia: “la imaginación al poder”. De este modo, su retórica ensalza una igualdad que niega la tozuda realidad. En este marco, las dinámicas políticas que han irradiado desde Cataluña han crispado los discursos políticos españoles al poner esta realidad negro sobre blanco, generando el pertinente desconcierto.
No está de más recordar que el catedrático de derecho constitucional Roberto L. Blanco manifestó al respecto que si la Constitución de 1978 no contenía un modelo explícito de desarrollo territorial, los acuerdos autonómicos alcanzados en 1981 y en 1992 habían creando de hecho un Estado federal. Y hacía esta gráfico comentario al respecto: “Pese a tal evidencia, constatable a partir de lecturas que están al alcance casi de cualquiera, seguimos en España debatiendo todavía sobre cuál es la naturaleza de la estructura territorial de nuestro Estado”. Cataluña planteó esta cuestión con el nuevo Estatuto y el propio Maragall ha afirmado que lo hizo con tal intención, pues en marzo de 1999 entregó un documento a Carod-Rovira con esta afirmación: “Nuestra Constitución es de hecho federal. No utilizó este nombre por dos razones: 1) porque en España se asociaba aún en 1978 el término federal al concepto República, siendo así que nuestra Constitución era y es monárquica, y 2) porque espantaba el fantasma del cantonalismo y la secesión”.
El resultado del proceso expuesto es que el nuevo Estatuto catalán y el modelo de financiación que ha comportado ha iniciado nolens volens una segunda Transición en España, aunque esta realidad no ha sido asumida por ninguno de los grandes partidos, cuya actuación en este aspecto es una manera como otra de hacer el avestruz: esconder la cabeza bajo tierra e ignorar el tema, capeándolo como se pueda.
¿Hacia una “secesión ligera”?
Ante este panorama, la desafección que impera en Cataluña tiene una solución compleja, porque el proceso convulso que ha seguido el Estatuto y su alambicado desarrollo han supuesto un agotamiento de tendencias y mitos políticos seculares. Y es que en las dos últimas centurias -siguiendo al politólogo Josep Mª Colomer- se han cerrado con el fracaso de todos los proyectos de rediseño de España promovidos desde Cataluña, incluyendo la independencia: “Si en el siglo XIX, Cataluña había sido un Piamonte o una Prusia frustrada, en el XX fue también una Hungría o una Irlanda frustrada. Ninguno de los proyectos catalanes mencionados, nacional, estatal o imperial, intervencionista o separatista, se pudo consolidar”, afirma. A la vez, destaca que Cataluña está obligada a mantener sus vínculos con España porque “es demasiado pequeña para gobernar España, pero demasiado grande para desentenderse de ello”.
Los problemas que rodean a la desafección no acaban aquí, pues en España existe un problema estructural en cuanto a sus idiomas oficiales, ya que la población castellanohablante mayoritaria “parece no ser suficientemente consciente” del plurilingüismo del Estado, según subrayó un informe sobre lenguas minoritarias elaborado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa de 2008. Resulta sintomático de este hecho que el políglota príncipe Felipe no se haya molestado en dominar todos los idiomas oficiales españoles (catalán, vasco, gallego), indolencia poco justificable en quien no tiene otro trabajo que formarse como futuro Rey. Convendrá el lector que bajo esta realidad no sólo subyace una economía de costes lingüísticos (que la hay), sino una concepción de Estado. Para comprobarlo basta echar una mirada a Bélgica: ¿Sería imaginable allí un soberano que sólo hablara flamenco o francés?
Así las cosas, Cataluña se aleja de España como resultado de la doble desafección expuesta. Por una parte conoce la eclosión de un sistema político propio y cada vez más singular en relación al imperante en España: CiU, ERC e ICV son fuerzas de ámbito catalán; el PSC goza de importante autonomía en relación al PSOE; Ciutadans no se ha unido a UPyD, dando a entender que la “especificidad nacional catalana” que se afana en negar requiere –paradójicamente- una respuesta nacionalista española ceñida a Cataluña. Solo el PP rompe este escenario al constituir una sucursal de su dirección central (que ha cambiado sus líderes según su conveniencia), lo que le ha acarreado una pérdida progresiva de peso político.
¿Hacia dónde se dirige la proa de la Cataluña de la desafección? Desde nuestra perspectiva, su deriva actual puede designarse con el término que acuñó el periodista italiano Paolo Rumiz en el 2001 para aludir a la protesta que encarnó la Liga Norte liderada por Umberto Bossi en Italia, al abanderar éste un nacionalismo padano (en alusión a sus raíces en el valle del Po), pues la calificó como una “secesión ligera” para indicar un alejamiento progresivo de Roma –entendida como símbolo de Italia- por parte de los italianos del norte, los “padanos”. Rumiz ha descrito la “secesión ligera” en estos términos: “Levemente, de manera inadvertida, un hombre nuevo ha crecido en el ethnos italiano, y la secesión está antes que nada en su cabeza: es un alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica, incluso hasta de aquel supremo bien común que se llama territorio”. Desde nuestra óptica, en Cataluña existe un sentimiento “catalanista” ampliamente compartido y que genera una extensa unanimidad social en torno a la desafección o –en términos de Rumiz- al “alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica” que ha caracterizado la “secesión ligera” encarnada por la Liga Norte. En este sentido, nos atreveríamos a apuntar que la mayoría de los catalanes están dejando de sentirse españoles, sin devenir por ello antiespañoles.
A diferencia del País Vasco, en Cataluña no hay violencia política; ni –hasta el momento- abundan grandes manifestaciones callejeras; ni tampoco se tiende a magnas escenificaciones de política gestual. Pero esto no implica que su sociedad sea indiferente al curso político. Llegados a este punto, no está de más recordar que una de las dificultades que tienen los historiadores es explicar de manera satisfactoria cómo entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se pasó de un patriotismo dual –es decir, del amor a la “patria chica” y a España- en Cataluña, el País Vasco y en menor medida en Galicia a profesar sus respectivos nacionalismos. Pues bien, consideramos que el actual estadio de desafección catalán constituye un gradiente en esta evolución.
A nuestro juicio, la presencia del idioma catalán en Internet permite establecer un símil clarificador con la situación analizada. En la red, los internautas catalanohablantes han conseguido obtener el primer dominio que representa a una comunidad lingüística, ya que estos pueden recurrir al “.cat”. Pero para un sector nacionalista esta victoria es sólo un paso más hacia su objetivo final: lograr el dominio “.ct”, que identificaría a Cataluña como un Estado independiente. Haciendo una comparación con estos dominios de Internet, el sentimiento de pertenencia de buena parte de los catalanes hoy estaría transitando del dominio “.es” al “.cat”, pero sin migrar hacia el “.ct”. Dejarían de esta manera de sentirse vinculado a España en términos emocionales (otra cosa es ejercer de ciudadanos españoles con derechos y deberes), aunque sin devenir por ahora separatistas ni anti-españoles. Estos serían los peculiares parámetros de una “secesión ligera” que el paso del tiempo tiende a agravar en lugar de aminorar. Tal situación podría crear en la España del siglo XXI una situación política nueva: que el principal foco de tensión política del Estado se desplazara progresivamente del País Vasco a Cataluña durante la segunda Transición que ha empezado.
