El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana- Iñaki Martínez

Se prohibe todo

A finales del pasado mes de noviembre el ministro del Interior presentó ante el Consejo de Ministros su borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Este anteproyecto conserva los contenidos de la ley anterior y le añade una serie de elementos novedosos:

1ª.- Traslado al derecho administrativo sancionador de la sanción de ciertas conductas que hasta ahora venían siendo objeto de la jurisdicción penal como faltas.

2ª.- Introducción de nuevas y heterogéneas figuras de ilícitos administrativos sancionables que no tienen más rasgo común que la limitación de la libertad de costumbres.

3ª.- Introducción de nuevas figuras de sanción que tienen por objeto impedir formas de protesta ciudadana que se han utilizado en los últimos años.

Detengámonos a continuación en cada uno de los grupos de novedades antes mencionados.

En cuanto a la administrativización de la sanción de conductas que antes sancionadas penalmente como faltas y que ahora extraídas del ámbito penal, afecta a comportamientos como la ocupación indebida de espacios públicos y privados, las injurias leves a autoridades y funcionarios públicos (incluidos policías), el dejar suelto animales peligrosos, los grafittis o las desobediencias leves a la autoridad y sus agentes. El traslado de estas sanciones de la esfera penal supone sustraer del control judicial inmediato la sanción de esos comportamientos, control judicial que supone un inmediato examen de la compatibilidad de la punición del comportamiento con el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, es decir, si el comportamiento que se pretende sancionar está o no justificado como ejercicio de un derecho fundamental. El castigo administrativo de estas conductas supone una más discrecional y fácil aplicación de las sanciones, con tendencia a la utilización de criterios de responsabilidad objetiva, con menos atención a las posibles circunstancias excluyentes de la culpa. El control judicial de la sanción solo existiría, en su caso, una vez agotados todos los recursos en vía administrativa, y sería un control realizado no por jueces penales, si no por la jurisdicción contencioso-administrativa, que hoy por hoy suele actuar con bastante cercanía a las posiciones de las Administraciones.

El ciudadano objeto de un juicio de faltas ve resuelto su asunto con la sentencia en primera instancia o en apelación. El ciudadano que sea objeto de una sanción administrativa derivada de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana deberá pasar por una sucesión de recursos administrativos, en la práctica muy difíciles de ganar pues la Administración suele mantener tenazmente sus actos, antes de poder recurrir a un juez, de manera que para hacer valer sus derechos y defenderse eficazmente se verá obligado a un largo camino procesal. Sin embargo es muy recomendable al ciudadano que se vea en ese trance ser persistente en sus recursos, llegando al recurso judicial, recurriendo en su caso, en la fase judicial, a los servicios de los abogados de turno de oficio, pues es la única manera de reducir los efectos de la arbitrariedad administrativa.

Mientras que las faltas penales suelen ser castigadas por el sistema de días-multa, que tiene por consecuencia sanciones dinerarias proporcionales a la capacidad económica del condenado. Las sanciones administrativas aplican multas de la misma cuantía independientemente de la capacidad económica del sancionado, lo que convierte el sistema de sanción administrativa en un sistema mucho más clasista y discriminatorio que el sistema de sanciones penales, un mecanismo de disciplinamiento de las clases populares. A ello hay que añadir la desproporcionada cuantía de las sanciones, las correspondientes a las faltas calificadas como graves pueden llegar a los 30.000€ y en las muy graves a la delirante multa de 600.000€. A nadie se le oculta que multas de semejante cuantía pueden tener efectos en la vida de un ser humano más demoledores que algunas penas de prisión, una de estas multas puede hacer pasar a un individuo de clase media a la exclusión social, una condena a la insolvencia perpetua. Aun no llegando a las máximas cuantías, una de estas multas desproporcionadas, aplicadas a una persona sujeta al pago de créditos hipotecarios o de consumo, le llevaría a una situación de iliquidez que conllevaría la imposibilidad del pago de los créditos, al embargo general de sus bienes y la insolvencia. La acción sinérgica de estas abultadas multas y la vulnerabilidad económica de las clases medias y trabajadoras suponen un despiadado instrumento de disciplinamiento social y de destrucción personal. Si por la vía de los recursos llega la cuestión de la cuantía desproporcionada de estas sanciones económicas al Tribunal Constitucional o al Europeo de Derechos Humanos, estos tribunales tendrían oportunidad de pronunciarse sobre si suponen un quebrantamiento de la prohibición constitucional de las confiscaciones de bienes o si suponen una vulneración de los derechos humanos. Por otra parte estas sanciones económicas tienen escasa capacidad disuasoria sobre las personas en situación de exclusión social o de insolvencia, que prácticamente quedan en situación de impunidad.

Como decía al principio del artículo, hay otra heterogénea serie de novedades en esta ley que cabría calificar de nuevas sanciones limitativas de la libertad de costumbres. Entre ellas destaca la sanción del ofrecimiento de servicios de prostitución en ciertos lugares públicos, de actos de exhibición de pornografía y exhibicionismo leve, el castigo de ciertas formas de botellón, la asombrosa y “niñófoba” imposición de sanciones por jugar o practicar deportes en espacios públicos en los que se pueda dificultar el paso o estancia de las personas, así como la sanción del cultivo de cannabis y otras plantas psicotrópicas para autoconsumo.

Finalmente hay un amplio catálogo de nuevas infracciones destinadas a dificultar los actos de protesta y en particular ciertas nuevas formas de protesta que han aparecido vinculadas a los movimientos tipo 15M. En el mismo borrador del anteproyecto el Ministerio del Interior alude, para explicar la oportunidad de la reforma, que “el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta legislatura”, manifestando bien directamente el carácter reactivo de esta vertiente de la reforma y quedando patente que a este Gobierno le parece excesivo este ejercicio del derecho de manifestación. Entre los comportamientos asociados a actos de protesta que con este anteproyecto de ley orgánica quedarían sujetos a sanción administrativa, que casi se podrían llamar “sanciones por actividades contra el Partido Popular”, estarían:

· Las manifestaciones durante jornadas de reflexión electoral, con multas de hasta 600.000€.

· Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante los lugares que se incluyan reglamentariamente en un listado de infraestructuras críticas, una lista que constituye todo un cheque en blanco a la limitación del derecho de manifestación y que obliga a los agentes sociales a una labor de vigilancia para, en su caso, impugnar judicialmente dicha lista.

· El uso de capuchas, cascos o prendas que tapen el rostro en manifestaciones, lo que puede dar lugar a un sin fin de recursos para definir que prendas son “legales” y cuales no.

· Las manifestaciones ante sedes parlamentarias estatales y autonómicas.

· La obstrucción a las autoridades o empleados públicos en el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales, como por ejemplo un desahucio.

· Las ofensas de carácter leve a España, las comunidades autónomas e incluso a los entes locales, así como a sus símbolos, banderas e himnos, incluyendo niveles de ofensa menores de lo que hasta ahora eran punibles y que se irán definiendo a golpe de recurso administrativo y contencioso-administrativo.

· Las declaraciones públicas y uso de símbolos con finalidad de inducir a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, como podría ser la convocatoria de una movilización por Internet, o que ensalcen o justifiquen el odio.

· El escalamiento de edificios públicos y monumentos.

· Modificar el recorrido de una manifestación o restringir de cualquier manera la circulación peatonal.

· La colocación en la vía pública de tiendas de campaña, tenderetes y cualquier tipo de estructura ligera.

· La retirada de vallas, barreras o encintados fijos o removibles, como las que en su día rodearon el Congreso de los Diputados.

Como se puede ver, el conjunto de la reforma se puede definir como represivo de las libertades públicas, clasista, desproporcionado en las sanciones, generador de inseguridad jurídica y reactivo a lo que el actual Gobierno ha vivido como afrentas a su ejecutivo y su partido. Se hará necesaria una larga, constante y paciente labor de recursos frente a la aplicación de esta norma para limitar sus efectos y definir las situaciones de conflicto entre la aplicación de esta norma y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para lo cual la ciudadanía hará bien en recurrir a los servicios jurídicos de los agentes sociales y a los servicios de justicia gratuita.

Acerca de Contraposición

Un Foro de Estudios Políticos (FEP) que aspira a centrar el debate sobre los diversos temas que afectan a la sociedad desde la transversalidad, la tolerancia, la libertad de expresión y opinión. Desvinculado de corrientes políticas o ideologías organizadas, pero abierto a todas en general, desde su vocación de Librepensamiento, solo fija como límite de expresión, el respeto a las personas y a la convivencia democrática. El FEP se siente vinculado a los valores republicanos, laicos y civilistas como base de una sociedad de librepensadores sólidamente enraizada en los principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Esta entrada fue publicada en AUTORES, Iñaki Martínez. Guarda el enlace permanente.