AL PIE DE LOS LEONES. Antonio Campos Romay (*)

Y no de las Cortes… D. Pedro Sánchez sigue lidiando en las condiciones más desfavorables en medio de este circo infernal en que se está convirtiendo la política española. Y seguramente no es ser injusto con él, quizás no sea el maestro más curtido para la faena y los morlacos que pisan la arena. Pero justo es reconocerle la intensidad que pone.

Desde el partido más reaccionario de la derecha europea, quizá el más corrupto y sin lugar a duda el menos sensible con la democracia y los derechos sociales, se está logrando su gran objetivo. Volcar sobre espaldas ajenas sus miserias, y servirse de estas como cortina de humo de sus antecedentes. Es absolutamente incomoda la posición, en la que con tacita complacencia de un sector de Podemos que detenta la dirigencia, a la que se está llevando al PSOE tanto por incapacidades propias como por la enrevesada trampa en que de forma inevitable se ve obligado a meterse.

Ante el permanente desatino a donde intencionadamente se está conduciendo la situación, el Partido Socialista está siendo la gran víctima de la misma. Su alma divida entre un jacobinismo no ocultable de una parte del mismo y el federalismo de otra, lo que presuntamente es su esencia y así lo denuncian los apellidos de sus estructuras. Se desgarra emocionalmente entre inadecuados titubeos en momentos que la gran intensidad política, requieren firmeza. A todo ello se suma como elemento más de complejidad, la no siempre fácil relación con el PSC.

El Sr. Sánchez quizás no ha sabido leer adecuadamente, aunque esté a tiempo todavía, la hipoteca que para su futuro político y el de su partido pueda tener el abrazo del oso con el Sr. Rajoy. Cabe recalcar, con el Sr. Rajoy, no con la legalidad y la Constitución. El interés de esto, aun siendo grande, cede interés ante lo que pueda deparar a la vida política española su posicionamiento.

No cabe duda que la actitud el Sr. Puigdemont es inaceptable e inentendible a estas alturas del proceso. Es un despropósito tras la actuación parlamentaria vivida los días 6 y siete del mes pasado pretender crear a partir de ahí una legalidad en que sustentarse. Tanto como validar como legitimo un referéndum, que en si comportó una indudable gran movilización cívica, pero que a efectos de base legal en que amparar algo de la transcendencia de una declaración de independencia superar ampliamente hasta el más compresivo de los juicios.

Lo que más en valor situó esta consulta en condiciones desusadas, fue la desproporcionada actitud coercitiva y el rosario de altisonancias posteriores que nada aportaron a distender el ambiente, tirando sin el menor pudor de la España más rancia y de los clichés más torpes del independentismo.

Cuando se cumplen cuarenta años del regreso del Sr. Taradellas, algo que en gran medida selló el inicio de la etapa de mayor autogobierno para Catalunya, de prosperidad de la nación catalana y de relaciones fluidas con el estado, la situación está alcanzado una crispación, que no pocos creen impostada, y que afecta no solo toda lo habido hasta la fecha, sino a un deterioro de la convivencia, a un panorama económico alarmante y un conflicto de pronóstico dudoso.

Se ha echado mano de la solución más pedestre. El tan traído y llevado 155. Sin duda ante el pulso planteado por los secesionistas, es claro que es la herramienta de oficio. Pero cualquier galeno de mediano caletre antes de la cirugía entiende está el uso exhaustivo de la clínica. No parece lógico poner en cuestión que el marco legal y constitucional es de obligado cumplimiento

si no queremos convertir las relaciones comunes en selva. Ahora bien estos marcos legales deben estar al servicio de la ciudadanía y no a la inversa. Y aunque el acomodo haya de ser desde parámetros legales, estos no han ser tan sinuosamente insalvables, tan sibilinos, que determinen la necesidad de caminos alternativos ante la frustración permanente.

El Partido Socialista, con vocación de estado y de gobierno, no puede ni debe amparar violaciones de las normas establecidas. Máxime cuando es artífice en gran medida de las mismas, en ocasión en severa pugna con quienes no creían en ellas, caso de alguna formación que hoy se erige en custodio de las esencias constitucionales. Pero más allá de ello, el PSOE ni puede ni debe ignorar el latido real y el escenario cambiante al que debe adaptarse una norma, pese a haber rendido excelentes frutos en un largo periodo, abriendo caminos tras la dictadura.

El Partido Socialista se debe a su lealtad constitucional y sobre todo a conciliar esta, con la lealtad que debe a la ciudadanía. Y desde esa posición ni puede ni debe hacer una sola concesión a quien de forma perversa y contumaz generó el problema. Primero como parte de la campaña desaforada contra el Sr. Rodríguez Zapatero y luego para arañar unos votos de determinados sectores convirtiéndose en paladín de la catalanofobia. Ni tampoco a quien utiliza esto de forma artera y victimista intentado convertirse mesiánicamente en el todo sin ser más que una parte de siete millones de ciudadanos.

Hoy el PSOE puede correr el riesgo de convertirse en copartícipe de algo que una vez desatado será incapaz de controlar. Debe dejar muy claro, -algo que está haciendo con poco éxito en medio de la tela de araña mediática y la sinuosa de la pinza entre Podemos y el PP-, ambos interesados por razones distintas en su descrédito, que si defiende la legalidad constitucional, pero con los limites rígidos e insalvables que exigen el sentido común y democrático. Y con la conciencia clara que la legalidad habrá de servir a la ciudadanía para conformar su acomodo y no a la inversa.

Del sentido de estado a la complicidad hay un paso muy tenue. Pero terrible de cara al futuro.

(*)Antonio Campos Romay, ex diputado del Parlamento de Galicia.

Acerca de Contraposición

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