Es difícil encontrar en todo el mundo un pueblo más sumiso que el español, que continúa alimentando con sus impuestos y sometido a una clase política ineptos, de escasa clase y nivel, que conducen a la nación hacia la ruina y el fracaso, demostrando siempre más interés en defender su poder y sus privilegios que en garantizar el interés general y el bien común, como es su deber.

La lista sería larguísima,  y totalmente probable y demostrable, pero el pueblo español tiene una virtud que se convierte en defecto y que se llama paciencia y de  la que se aprovechan los inteligentes que se aposentan en determinadas posiciones de poder.

Ahora, ante la impasibilidad de un pueblo que debería perseguirlos y expulsarlos del poder con urgencia vital, se disponen a practicar un chantaje malévolo e indigno: el gobierno, empleando todos los medios conocidos, mentira, manipulación y variados métodos sofisticados por el tiempo para que el ciudadano siga cada vez más encasillado y recluido en una queja vacía e inútil que no llegue a nada, ni llegue a cuajar. ¿Dónde quedo el  recuerdo del movimiento del 68?

Jugar con servicios vitales como la educación y la salud, pensiones y  autónomos, anteponiendo a esas necesidades del pueblo los intereses partidistas y los privilegios de la clase política es algo que no tiene calificativo.

El derecho natural y documentos tan prestigiados internacionalmente como la Constitución de los Estados Unidos admiten que un pueblo sojuzgado y conducido hacia el desastre por su gobierno resista y se rebele, aunque sus autoridades hayan sido elegidas en las urnas. La legitimidad no es un sello indeleble sino una pegatina que el pueblo, que es soberano, pega y despega según el comportamiento de los que le gobiernan. En España, la legitimidad del actual gobierno, conductor del país hacia el drama y el desastre, está duramente cuestionada, y es herencia de gobiernos anteriores que también han declinado parte de sus obligaciones con los ciudadanos.

Pronto los políticos, acosados por su fracaso y por la magnitud del daño que están causando a los ciudadanos, empezarán a reconocer verdades que el pueblo asume desde hace años, entre otras que España no es una democracia sana y  fuerte, , que la corrupción está alcanzando niveles que son insoportables. Ya se llevan más de 7.140 detenidos por causas asociadas a la misma y nos cuesta a los españoles 90.000 millones al año que se quitan de los pilares básicos de la sociedad.

Suben las pensiones un 0,25 % y el sueldo de los Diputados que es de 2.813, 87 euros al mes más los siguientes complementos  (adjunto tabla del año 2017) se lo suben un 7% , previsto en la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así un  diputado que sea Presidente de Comisión puede llegar a cobrar en total hasta un total de 10.004 y un Portavoz de Comisión 3.859 euros.

El principal problema de esta sociedad es una clase política incapaz, arrogante, deshonesta y egoísta en líneas generales y presuntamente, por supuesto, sumida a los intereses particulares y partidistas antes que a los intereses del ciudadano y de los pueblos, en un Estado que en su diseño actual precisa una profunda revisión y remodelación.

España puede considerarse un Estado fallido si sigue quemando etapa al vertiginoso ritmo que lo está haciendo, error tras error, acumulando frustración, fracaso, decepción y fractura. A la sombra de los políticos se han apostado determinados personajes que se han procurado alimentar su ego y especialmente su capacidad material, más que el ego, en la sombra y sin testigos de cargo en ese festival de despropósitos.

Una clase política que empuja a su país hacia el abismo merece no la indiferencia, sino su destitución por las urnas, no el insulto, sino relegarla al olvido, no merece el apoyo, ni el reconocimiento de sus representados, , obligada, por decencia y justicia, a cambiar la situación, a limpiar la situación y a construir un verdadero Estado de hombres y mujeres libres y responsables, en nada parecido a este patio de recreo que tenemos en este momento y que llamamos España y eso sólo puede ser a través de las urnas. Pues hagámoslo y de corazón, sin miedos, ni temores. Habla pueblo, habla alto, que se te escuche por todos los rincones, por mucho que intenten disimular y acallar nuestra voz.

(*) José Luis Ortiz Güell, funcionario