“Odia al delito, compadece al delincuente” (Dª Concepción Arenal).

 La reforma del Código Penal promovida en 2015 por el Partido Popular y aprobada con los únicos votos de su grupo, plantea una vez mas, una concepción de la justicia penal,  mas fundamentada en el oportunismo de calmar las legítimas ansiedades de personas afectadas por sonados y mediáticos crímenes;  que de aplicar criterios racionales de justicia criminal.

Fruto de tal espíritu, es la implantación de la llamada prisión permanente revisable, eufemismo con el que pretende designarse a la cadena perpetua pura y dura, instaurada en el sistema penal americano.

La diferencia entre la barbarie y la civilización, es el Estado de derecho, de tal modo que las respuestas propias de sociedades tribales, de respuestas vengativas, vienen a ser sustituidas en las sociedades civilizadas, por un sistema penal, en el que es el Estado en su función de administrar justicia, quién debe imponer penas a quienes hayan infringido la ley penal.

Pero nuestra “civilizada” sociedad, no está exenta de “malos” que aprovechan cualquier despiste para cometer delitos execrables. Es el poder del Estado y la legitimidad basada en la racionalidad de la ley, lo que sustituye la venganza por un sistema de justicia, basado en un juicio justo y en la aplicación “humana” del sistema de penas.

Las imperfecciones del sistema, la dilatación de los procesos y a veces la utilización torticera del sistema de garantías, provocan la desesperación de víctimas y allegados, que les llevan bajo el efecto de su frustración anímica a reclamar venganza del propio sistema judicial.

No podemos dejarnos llevar por las razonables emociones de personas gravemente afectadas por los delitos o la mala gestión de la justicia en la fase que fuere, porque ello nos llevaría inevitablemente a la quiebra del sistema y a la instauración de la inmediatez como sustituto de la prudencia y del sistema de garantías.

La cadena perpétua-”que se pudra en la carcel”-es humanamente comprensible para quién se siente humillado, vejado o momentáneamente abandonado por el sistema; pero los estados de ánimo no pueden en ningún caso determinar la lógica de un sistema penal, cuya finalidad tiene que ser la de disuadir del delito, evitando la venganza y por tanto, estableciendo un sistema retributivo de penas proporcional y siempre con el horizonte de la reintegración a la sociedad.

En el Siglo XIX, Doña Concepción Arenal, mujer adelantada a su tiempo en tantas cosas, planteó las cuestiones mas importantes de política criminal que han marcado las tendencias de los últimos cincuenta años del Siglo XX; pero en la actualidad, tal vez movidos por esta tremenda inmediatez de las comunicaciones, que parecen especialmente eficaces para trasladad el lado mas voraz y despiadado del ser humano, la sed de venganza, amenaza con sustituir peligrosamente el Estado de derecho.

En USA, país de tradición no solo de cadena perpetua, sino de pena capital, no solo está demostrado empíricamente la inutilidad disuasoria de ambas penas, sino el elevado riesgo de ser aplicadas de manera injusta o lo que es peor, incluso aplicada a inocentes sin que haya posibilidad de retorno, lo que deslegitima de modo manifiesto la función del Estado.

En lo que se refiere al eufemismo “revisable”, es muy ilustrativa la siempre recomendable película “Cadena perpetua”, en la que un excelente Morgan Freeman, interpreta magistralmente al preso condenado de por vida a la desesperanza y la pantomima de las comisiones valoradoras de la libertad condicional.

Mi posición es obvia. Ante la propuesta de modificación del Código Penal, me manifiesto en favor de suprimir la prisión permanente revisable.

En el Siglo XIX de Dª Concepción Arenal, tenía perfecto sentido pedir  “mas escuelas y menos cárceles”. Hoy tendríamos tal vez que actualizar el punto de mira y decir “mas educación y menos reality shows”. Tal vez así veríamos algunas cosas con un prisma distinto.

(*) Jesús Penedo Pallas, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciado en derecho, Secretario del Patronato de la Fundación Adcor y jubilado de la Función pública.