Con el mero archivo de una causa no se puede zanjar un problema como el generado por la juez Rodríguez Medel en la supuesta causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por “autorizar” la manifestación del 8 de marzo.
Puede entenderse que las intenciones de un ciudadano tan poco honorable como el que presentó la denuncia fueran iniciar una campaña de marketing para tratar de sumar clientes a una reclamación de daños, que desde el principio quedó claro que era imposible. Pero no se entienden muchas otras cosas del “caso Rodríguez Medel”.


