Estos días de convulsión política, y con los presupuestos del año 2018 todavía sin aprobar, han apartado del interés mediático la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Solo los administrativos de las distintas ramas de la Administración Pública están desbordados por un texto de 294 páginas. Pero también todos los suministradores de bienes y servicios a la administración pública deben cambiar todo su sistema de consecución de contratos. Se elimina la contratación directa y es necesario acceder a los concursos a través de medios informáticos. Tendrán que consultar páginas como la etiquetada PcPG, incluso para concursar a un arreglo de acera en el Concello de Guitiriz por un importe de «1181,75 €, IVE incluído.» Los administradores tendrán que manejar el código CPV que identifica de forma precisa el objeto de cada concurso. Pero incluso en esa página web oficial cometen el error de usar ocho en vez de los nueve dígitos que tiene cada uno de esos códigos (hay unos 9.400 diferentes).
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