Contraposición. República de las Ideas

Asisto como invitado al Congreso de UGT-Galicia, en el acto de inauguración el recuerdo a algunos de los sindicalistas fallecidos en el periodo entre congresos forma parte del protocolo. Sobre la pantalla aparece la foto de uno que me fue próximo. No recuerdo el nombre completo, para mí y para casi todos, era solo Antolín, el compañero que se encargaba en la Sección Sindical de difícil tema de los tiempos obtenidos con el sistema  trampa del cronometraje.

También se preocupaba del buen funcionamiento de alguna tarea de administración, repartía octavillas aguantando madrugones, pedía el voto incansable en las elecciones, aceptando siempre un modesto puesto en el orden de la lista y otros muchos trabajos de servicio a los demás. Nunca tuvo un  puesto relevante o remunerado, casi siempre el mucho tiempo y esfuerzo aportado tuvo como recompensa la llegada de más problemas, incluso de algún gesto de desagrado y la presión de los mandos, en especial cuando el sindicalismo de clase era pecaminoso y motivo de sospecha anti-empresa.

Tengo en mi mente dos imágenes imborrables, cuando la enfermedad que lo mató ya había hecho estragos en su cuerpo y él era consciente que se moría, en la fiesta anual de la Sección Sindical, semanas antes de su muerte, bailaba abrazado a su mujer e hija, y a mí pregunta: ¿Cómo estás? Respondió: Apurando el último baile. Aún le vi otra vez, a solo días antes del final, estaba dando instrucciones al delegado joven que le sustituiría en su papel de defensa del valioso tiempo de sus compañeros, el cuerpo casi consumido contenía, a duras penas, una fe en sus ideas y convicciones que desbordaba.

Hay muchos incomprendidos Antolínes  entre los casi 6.000 delegados que UGT-Galicia obtuvo en las últimas elecciones, muchos más en los otros 11.000 delegados de otras Centrales. El mero hecho de presentarse supone para más de 20.000 trabajadores, arriesgar frente a los mandos de sus empresas, por el mero hecho de identificarse como sindicado, exponerse a la incomprensión de muchos y al ataque de los que son enemigos de clase.

Alguien puede pensar que lo que ocurre en la UE con el reparto de la carga de la crisis, sería lo mismo con otros 50 millones más de trabajadores afiliados sindicalmente. ¿A que las medidas políticas serian muy diferentes?

También serian muy diferente las condiciones de trabajo en países como Bangladesh o la India, si en vez de menos de 1% de afiliación sindical, esta fuera simplemente como la actual europea. Imaginemos como nos iría a los trabajadores, si además algunas militancias fueran como las del ejemplo del sindicalista desconocido, Antolín para los más cercanos.

Isidoro Gracia

Otra vez me llega un mail que propone ahorrar 3.500 millones de € suprimiendo el Senado. Durante buena parte de los últimos meses se repitió, hasta la saciedad, en medios de cuyos nombres no quiero acordarme pero que incluye prensa que pasa por seria, respecto a los Parlamentos autónomos que: “Los sueldos de los 1.218 diputados asciende a 383,8 millones de euros, casi el triple del presupuesto destinado al Congreso y al Senado”. La campaña contra el coste, excesivo según algunos, de las distintas cámaras parlamentarias ha continuado y ha conseguido, con algún aplauso público, que prosperen iniciativas para reducir el número de diputados, eliminar defensores del pueblo y reducir presupuestos en Consejos de Cuentas, con el argumento de la necesidad de ahorro público.

En Democracia el reparto de los roles de los poderes es claro: el Ejecutivo gobierna y en consecuencia gasta, el Parlamento legisla y controla el gasto y el Judicial interviene si ese el gasto se produce en contra o al margen de lo legislado. Parece que hay quien quiere cambiar las reglas básicas, lo hace sobre datos, como mínimo erróneos, y hay dirigentes políticos que le siguen el juego.

En cifras redondas: El presupuesto del Congreso no llega a los 80 millones de €, el del Senado a los 50 (por mucho que esfuerzo la imaginación no sé de donde salen los 3.500) y la suma de los presupuestos de los parlamentos autonómicos, que incluyen defensores del Pueblo, Consejos de Cuentas y resto de organismos que de ellos dependen, es en el presente año de menos de 350 millones de €, de los cuales solo una tercera parte son salarios de los parlamentarios. Las cifras son públicas y fácilmente accesibles.

Veamos, el gasto que hay que controlar suma más de 400.000 millones de € anuales, la suma de los presupuestos autonómicos más de 125.000. Por poner ejemplos de alguno de los lugares donde ya existen iniciativas de recortes, la Xunta de Galicia gasta al año 9.500 y la Junta de Castilla la Mancha algo menos de 7.000 millones de €. Los que deben controlar que esos gastos de 16.500 millones se hacen de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, cuestan menos de 30, es decir menos de 0,20 %. Si el referente para el ahorro son la Cortes Generales el resultado es aún más espectacular 0,032 %.

Con los tiempos que corren, ¿Quien de entre los partidarios del buen funcionamiento del sistema democrático puede estar a favor de ahorrar precisamente en los organismos que tienen que ejercer el control de cualquier gasto? En especial si las cifras demuestran que España es de las democracias que menos gastan en sus Parlamentos, en todos sus Parlamentos, incluidos los autonómicos.