Contraposición. República de las Ideas

O Goberno do Estado teimou no seu erro e botou once días sen sentar coa plataforma convocante do paro dos transportistas. Ao tempo fallou tamén en agardar ao cumio do Consello Europeo para anticipar medidas fiscais e subvencións que varios Estados europeos  levaban desenvolvendo dende os días 16-18 de marzo. Das resultas destes erros existiron graves problemas de desabastecemento na distribución alimentaria e peores tensións no sistema produtivo, pola falla de recollida do leite e peixe e falla de fornecemento de pensos.

            Pedro Sánchez e as súas ministras non foron quen a distinguir entre o urxente e o importante, entre o curtísimo e o curto-medio prazo. A baixada xeral do IVE da enerxía eléctrica e dos carburantes e dos impostos especiais destes non constitúe unha solución estrutural, mais si conxuntural, temporal. Porque a inelasticidade no consumo destes recursos permite deflactar uns meses a tarifa no impacto da inflación e manter un gravame semellante en termos reais. Dicir isto non é asumir as teses da dereita nin da extrema dereita , partidarias, pola contra, de baixos impostos estruturais e do infrafinanciamento dos servizos públicos.

             Tamén é urxente unha subvención directa aos transportistas nun mínimo de 0,30 €/l.. E máis as reformas lexislativas que impidan traballar a perdas que xurídicamente poden ser aprobadas a medio de Decreto-Lei,

              Canto ás actuacións a respecto do consumo eléctrico o Goberno do Estado acadou do Consello Europeo un marco para rebaixar o seu prezo, atendendo á cualidade de “illa enerxética” da península ibérica. Abondo para a redución substancial dos prezos no moi curto prazo, sen ningunha caste de excusas. E que habería de pasar tanto polos límites á produción con gas como con instalacións abondo amortizadas como as centrais hidroeléctricas.

               Na axenda do importante, do curto-medio prazo, fica para maio-xuño a necesaria reforma europea dun absurdo sistema marxinalista de tarifación eléctrica. E na beira do Estado regular as regras da representatividade real dos sectores empresariais e da garantía da libre concorrencia, que impida que os grandes operadores loxísticos, a grande distribución alimentaria, as grandes distribuidoras eléctricas e os grandes lobbies construtores-concesionais impoñan as suas desaqueladas condicións aos autónomos e pemes e ás persoas consumidoras.

               Ollando cara nós, a consideración da península como illa enerxética obriga por outravolta na axenda o problema dunha Galicia que exporta o 40% da electricidade que produce , suxeita a elevados custos ambientais e económicos e que, pola contra, non pode subvencionar o consumo das súas empresas e familias.

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político   

La industria armamentista ha visto el camino allanado con la guerra de Ucrania. “El mundo se rearma” (El País, 20-03-2022). En efecto, estamos viendo como los distintos países miembros de la UE, empezando por la poderosa Alemania, han dado un giro a sus políticas y presupuestos y expresan la voluntad inexorable de invertir en material de Defensa, no solo entendido este en el concepto convencional sino también mirando en algún caso hacia el potencial nuclear. La invasión de Ucrania y las amenazas de Putin han puesto las cartas boca arriba y lo que dábamos en llamar orden mundial, ya no es lo que era. Solo hicieron falta unas horas del día 24 de febrero de 2022, escuchar las primeras sirenas y percibir los primeros bombardeos. ¡Alea jacta est!

De un día para otro llega la guerra televisada, muerte y destrucción, y el lenguaje diario nos lleva a las bombas de racimo y termobáricas, carros blindados, misiles de varios tipos -incluido el hipersónico (novedad)- lanzacohetes múltiples…

Y ¿qué ocurre con la ciberguerra? Parece ocupar más bien un segundo plano, cuando hay expertos, como el rector de la Universidad de Tecnología de la Información y miembro de la Academia China de Ingeniería, el exmilitar Wu Xing Jiang, que ha manifestado que la guerra cibernética podía ser tan devastadora como la bomba atómica. A punto de alcanzar el mes, desde que Rusia desató la “intervención militar especial”, ya se han producido algunos incidentes. Precisamente, el día anterior al ataque a Ucrania, los rusos lanzaron una ofensiva cibernética, fundamentalmente sobre Kiev, dejando a miles de computadoras fuera de uso. Todavía ayer, algunas informaciones recogían que los ciberataques registrados en Ucrania desde el inicio de la invasión de Rusia se han disparado un 20 % hasta las 1.446 amenazas semanales.

Por otro lado, poco tiempo tardó Anonymous en declarar la guerra cibernética a Rusia. El mismo día 24 de febrero el colectivo de piratas anunció que lanzaría un ataque, como así hizo afectando a varias instituciones, bases de datos de Defensa y del instituto de energía nuclear, con resultado de anulación de servicios, neutralización de operadores telefónicos y colapso de grupos de comunicación, entre ellos el vocero oficial RT. A la hora de acceder a las páginas de algunos de estos medios aparecía un mensaje contra la intervención en Ucrania y llamaba a parar la locura de la guerra. Han llegado a pedir a Anonymous que actuara sobre los sistemas nucleares para evitar una guerra de estas características.

Rusia abrió marcha cuando invadió Georgia

Al margen de estos episodios, no se han producido más noticias, ni los medios han puesto el foco en la ciberguerra, cuyos antecedentes en el campo del conflicto real hay que fijarlos en el año 2008. La invasión de Georgia por parte de Rusia fue precedida por ataques cibernéticos coordinados con las operaciones terrestres.

En 2010 se produjo un ciberataque en la planta nuclear de Natanz, en Irán, donde el software malicioso llamado Stuxnet hizo su primera aparición pública, obligando a detener la operación de la planta nuclear. El gusano fue creado para dañar los motores que se usan comúnmente en las centrifugadoras para enriquecer uranio, les hizo perder el control y deshabilitó temporalmente mil centrifugadoras.

En diciembre de 2015, fue también Ucrania la que experimentó un ataque en su red eléctrica, causando cortes de electricidad generalizados, pues los hackers se infiltraron en tres compañías energéticas y cerraron temporalmente la generación de energía en tres regiones de Ucrania, dejando a casi un cuarto de millón de personas sin electricidad durante seis horas, en pleno invierno. Los atacantes utilizaron el programa malicioso BlackEnergy 3 para cerrar las tres subestaciones. Según algunas informaciones, el programa se distribuyó mediante correos electrónicos de phishing personalizado, oculto en archivos adjuntos falsos de Microsoft Office. Algo de uso común por muchísima gente en todo el mundo.

En 2017, los hackers asumieron el control remoto de una estación de trabajo ampliamente conocida en Arabia Saudita. El arma fue un nuevo tipo de programa malicioso, llamado Triton, cuyo objetivo era tomar el control del sistema de seguridad instrumentado (SIS, por sus siglas en inglés). El virus informático se desarrolló específicamente para apoderarse de sistemas de control industrial, también conocidos como tecnología operativa (TO).

En el mismo año, de nuevo sufre Ucrania los efectos del programa maligno NotPetya que repercutió en 65 países ocasionando pérdidas por valor de 10.000 millones de dólares.

Entre 2021 y lo que va de 2022 se han registrado más de cien incidentes.

Las inversiones en ciberseguridad

Esta situación ha llevado a que las inversiones en ciberseguridad se duplicarán entre 2019 y 2023, pasando de los 26.450 millones de euros a los 49.000 millones.

El Gobierno de Reino Unido tiene la intención de contratar a cientos de especialistas en informática para defender su infraestructura central contra las ciberamenazas, según manifestó ayer el secretario de Defensa, Philip Hammond. Este reveló que Reino Unido está dedicando recursos y fondos adicionales para la construcción de un sólido servicio de Inteligencia cibernética y redes de vigilancia, informa Reuters.

En su intervención en la conferencia anual del Partido Conservador, Hammond comentó: «El año pasado nuestras defensas cibernéticas bloquearon alrededor de 400.000 amenazas informáticas sólo contra la seguridad del Gobierno en Internet, por lo que la amenaza es real, pero la construcción de defensas cibernéticas sola no es suficiente. Como en otros ámbitos de la guerra, también tenemos que impedir las amenazas. Gran Bretaña construirá una capacidad específica para contraatacar, y en su caso atacar, en el ciberespacio».

Bruce Schneier, especialista en seguridad tecnológica, escribe que la carrera armamentista cibernética es un hecho que definirá el internet en el siglo XXI. «El ataque cibernético tiene el potencial de ser inmediato y devastador», sentencia.

Estaríamos hablando de que desde un ordenador los misiles son relevados por virus y legiones de soldados por expertos en informática, en fin, la computadora sería el buque insignia. Una guerra devastadora, mucho más barata que la convencional, química o nuclear.

*Germán Castro, periodista, coordinador de «Contraposición. República de las Ideas«.

 Desculpará o noso Suso de Toro (Nunca Máis; Galicia á intemperie, 2003)  que adopte o seu título para reflectirmos que nin o Goberno do Estado nin o galego  existiran esta semana que rematamos, desque no luns 14-M principiara o paro dos transportistas.

           Na nosa Galicia a dependencia do transporte de mercadorías por estrada é ben superior ca no resto do Estado e da Europa, polas graves  limitacións do transporte ferroviario. Por outra banda, na Galicia a principal organización recoñecida de empresarios do sector (APETAMCOR-FEGATRANS; por certo nas antípodas da extrema dereitaque o Goberno do Estado di que fomenta estas accións) está a apoiar esta folga, que tamén apoian no resto do Estado a maioría dos autónomos e pemes, mentres a organización patronal recoñecida, alicerzada nun conxunto de grandes operadores loxístícos que lle contratan o traballo ás pequenas empresas e autónomos que distribuén as mercadorías, a rexeita. Deste xeito, han  traballar a perdas, pois  que o prezo do gasóleo medrou nun 52% dende marzo de 2021.

            Diante desta gravísima situación,  o Goberno do Estado ficou preso do discurso da patronal dos grandes operadores loxísticos, negando a representatividade das organziacións convocantes.. E prometendo medidas cara o 29-30 deste mes, cando éstas son inaprazábeis e xa foron adoptadas  polos Gobernos portugués (devolverá o exceso de recadación fiscal polo incremento de prezos) e  francés (subvencionará con 0.,15 cts por litro de gasóleo).

             O Goberno do Estado trabucouse e ten de negociar axiña cos operadores do sector que amosaron ter a forza representativa, para adoptar esas medidas que non poden ser só fiscais, pois que teñen que it ao cerne e prohibir traballar a perdas, como lle obrigan as industrias lácteas producir ao sector leiteiro galego.

               E que fixo o Presidente da Xunta mentres? Campaña política cos afiliados do PP polo Estado español adiante, sen atender esta punxente realidade. E sen que a Xunta negociase tampouco coas organizacións galegas convocantes, que aquí si están recoñecidas como máis representativas. Semella que tampouco coñecía quen de verdade representa ao sector, malia ter as competencias executivas e de xestión.

               Nesta enésima edición de Galicia á intemperie soubemos, porén, de moi responsábeis  actuacións da sociedade civil, como a que o mécores 16.M permitiu, pola mediación da organización agraria Agromuralla que os transportistas  fornecesen as granxas con penso retido no peirao coruñés. Porque na Galicia estamos afeitos a autoxestionarmos as cuestións que desatenden uns Gobernos insensíbeis cos consumidores e pemes na esixencia  normativa e pouco atentos aos seus problemas..

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político

 Núñez Feijóo foi proclamado candidato único á presidencia estatal do PP. E este feito coincidiu no tempo co pacto de goberno entre o PP e Vox para gobernar Castela e León. Con 13 deputados sobre os 44 da maioría absoluta que ambos os dous partidos achegan Vox  acadará, da mán do PP, a vicepresidencia do goberno rexional e tres das dez consellarías, ademáis da presidencia das Cortes (o Parlamento territorial).O pacto foi moi mal recebido polo presidente do PP europeo, Donald Tusk, pois que considera que os extremistas son aliados da francesa Marie Le Pen e do primeiro minisro húngaro Viktor Orban, tradicionais amigos de Vladimir Putin.

              O pacto foi acordado polo propio Abascal con Machueco, presidente popular castelán, polo que Núñez Feijóo non é responsábel  no eido xurídico, ao non seren aínda Presidente do PP estatal. Mais todos sabemos que dende o mércores 3-M non se move unha palla ena rúa Xénova sen que o aprobe Núñez Feijóo. Xa que logo, é evidente que este pacto tivo de ser  aprobado implícitamente polo aínda presidente galego. Mal comezo para un presidente estatal do PP que racha o cordón sanitario que defende o PP europeo para evitar que a extrema dereita continental  (tradicional amiga de Putin) marque. aínda máis do que xa o fai, a axenda pública nos Estados da Unión Europea.n xeral de calquera  botándolle a culpa aos outros. Neste caso ao PSOE por non investir incondicionalmente a Machueco. Tamén amosou., no seu último debate parlamentario no pazo compostelán do Hórreo outra destas cualidades (facerlle oposición á oposición), culpando Ana Pontón (BNG) dunha falla de consenso institucional da que só o PPdeG e o PSdeG foron responsábeis, ao substituiren a condea da agresión rusa asumida polos mesmos partidos e o BNG por unanimidade na Deputación coruñesa (ou o acordo unánime do Congreso dos Deputados) por un apoio expreso á NATO inédito nas outras declaracións institucionais das diferentes institucións e Parlamentos europeos.

                Concide a progresiva retirada de Núñez Feijóo das responsabilidades de goberno na Galicia cun prezo da enerxía eléctrica inviábel para a nosa industria, agricultura e gandería. E tamén imposíbel para as economías familiares galegas. Evidentemente Núñez Feijóo non é responsábel nin da guerra de Ucrania nin do desaquelado sistema marxinalista tarifario europeo, mais é certo tamén que nos seus trece anos de goberno sempre desbotou reformas tarifarias tanto deste sistema marxinalissta como calquera outra no beneficio da Galicia. Porque cubrimos o 76% das nosas necesidades con enerxías renovábeis e exportamos  máis dun terzo da enerxía que producimos sen poder subvencionarmos o consumo das nosas familias e empresas, que pagamos igual ou máis ca os consumidores non produtores de Madrid. Asumindo, nós exclsuivamente, os custos ambientais e  económicos desta sobreprodución.

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político

Siguen en este año 2022 las informaciones llenas de números tratando de explicar situaciones. La votación del 2/marzo en el pleno de la ONU que re­chazaba el ataque ruso a Ucrania, se comprime en cuatro números: 141 votos a favor, 5 en contra, 35 abstenciones y 12 ausentes. Se resaltaron los países que votaron en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Ru­sia  y Siria) y algo menos a los abstencionistas. Pero si nos fijamos en Áfri­ca, un continente que reúne 55 de los 193 votos (el Vaticano es el único de los pai­ses actuales que no está en la ONU), tenemos una imagen de la si­tuación mun­dial de los bloques de opinión. Aparte del voto en contra de Eritrea, en el continente africano la exten­sión territorial de los países que se abstuvie­ron es muy notable y tam­bién es curiosa la distribución de los que no acu­dieron a votar (empe­zando por nuestro vecino Marruecos).

     Desde abril de 2020, el Instituto Johns Hopkins ha publicado diariamen­te las cifras de infectados y de fallecidos que hacen públicas los distintos países. Cada uno de ellos utiliza diferentes métodos de recuento y se ad­vierten  diferentes políticas de publicidad de esos datos. Los altos datos ini­ciales de China terminaron siendo increíblemente pequeños respecto a cualquier otro país. De hecho, desde febrero/2021 hasta hace una semana el nú­mero de infectados en China aparecía menor que los de Galicia, aun­que su nú­mero de fallecidos era mayor. De golpe, desde el pasado 6/mar­zo, am­bos nú­meros de China son mayo­res que los de nuestra autonomía (de he­cho ellos reportan el doble de fallecidos), pero siguen sin en­cajar con la pro­porción de pobla­ción de ambos territorios (la de China 514 ve­ces ma­yor que la gallega).  

     Una vez más se pone de manifiesto la importancia de emplear, en la va­loración de noticias, un razonamiento que incluya conocimientos aritméti­cos, incluso elementales, que parecen ausentes en la mayoría de los produc­tores y los usuarios de los medios informativos.

• Sobre Eritrea está reseñado que es un «país africano, en el que Moscú tiene grandes in­tereses, está bajo el mando del dictador Isaías Afewerki desde 1991. Es considerado el país con menor libertad de prensa del mundo, incluso por debajo de Corea del Norte.»
• El interesante artículo La guerra incesante de Vladímir Putin publicado en El País, recogía informa­ción sobre su actuación en África: «En enero de 2018 empezó a enfrentarse directa­mente a las potencias oc­cidentales en la República Centroafricana, donde envió a los mer­cenarios del Grupo Wagner. Es lo mismo que está haciendo en la actualidad en Malí, don­de la junta militar, con apoyo ruso, acaba de obligar a la mi­sión francesa contra el ISIS a abandonar el país. Rusia también interviene activamente en Libia, desbaratan­do los inten­tos occidentales de llevar la paz al país y desplegando fuerzas a lo largo de la orilla sur del Medi­terráneo, una posición en la que puede ser una amenaza directa contra los intereses europeos.»
• Es poco conocido que África es en extensión el tercer continente, después de Asia y América, y el continente con el mayor número de países,  54 (Sáhara Occidental es consi­derado un territorio, en disputa).
• También el empleo eficaz de números permite obtener pronósticos meteorológicos efectivos como los que proporciona la Universidad Libre de Berlin y que son más certeros que los que difunden los servicios que están más cercanos.

*José María Barja Pérez, exrector de la UDC

A hipótese -tantas veces manexada- do desprazamento de Feijóo á política estatal xa está confirmada. O dirixente do PPdG vai ser aclamado como presidente estatal do seu partido despois de participar nun espectáculo cainita que permitiu visualizar as peores prácticas imaxinábeis no ámbito da política.

Pablo Casado foi destituído sen que houbera o mínimo debate sobre eventuais diferenzas a respecto das liñas tácticas ou estratéxicas que debería seguir o PP no actual panorama da política española. A confrontación ficou reducida a unha obscena disputa polo poder interno no que foron utilizadas, sen escrúpulos, todas as armas dispoñíbeis: mentiras, cinismo argumental e participación activa dos medios de comunicación mais afíns a Díaz Ayuso para provocar a dimisión do presidente do PP e reclamar a chegada do “salvador” presidente da Xunta.

Todo o que se ten vivido, nestes días, no ámbito dun dos partidos con maior apoio electoral a nivel estatal posúe unha notábel transcendencia porque afecta á credibilidade da actividade política e arruína o carácter exemplificador que debería ofrecer o comportamento das organizacións partidarias que actúan no actual marco constitucional.

Dende o seu despacho da rúa Génova, Feijóo terá que afrontar algúns asuntos que posúen unha dificultade superior á que tivo que aturar durante os últimos dez anos da súa carreira política. O catálogo das realidades incómodas vai dende a dinámica ascendente de Vox no universo electoral da dereita ate a lóxica trumpista que practica habitualmente Díaz Ayuso pasando pola persistente corrupción que habita en moitas estancias do PP -focalizada, singularmente, na Comunidade de Madrid- e pola presenza dun sistema mediático diferente ao galego. A benevolencia informativa da que disfrutou o político dos Peares vai ser substituída por maiores doses de crítica e por unha descarnada pretensión de tutela daqueles sectores que apoian con maior determinación a liña política de Ayuso.

Se no ámbito estatal, o movemento de Feijóo abre importantes incertidumes a respecto do ciclo que xa comezou nos comicios de Castela e León -e que seguirá, nos vindeiros meses coa cita de Andalucía e coas eleccións locais, autonómicas e xerais-; no caso da política galega multiplícanse as incógnitas. O hiperliderado de Alberto Núñez construído a partir de 2006 non vai ter continuidade porque as persoas que poden protagonizar o relevo na presidencia do PPdG e da Xunta carecen das condicións necesarias para intentar algo semellante nos prazos que marcan os calendarios electorais. As dúbidas sementadas sobre o momento no que se vai facer efectivo o abandono das responsabilidades gobernamentais en San Caetano resultan ilustrativas da conciencia sobre os riscos desta inevitábel transición na sala de máquinas do partido que ven hexemonizando a vida política galega nas últimas décadas.

A pretensión de compatibilizar a presidencia do PP coa dirección do Executivo galego non se compadece coas regras non escritas dun sistema democrático de calidade e altera gravemente a lóxica do funcionamento institucional do Estado das Autonomías. O respeto pola legalidade non debe ser o único criterio para xulgar a pertinencia das decisións adoptadas. Mais aínda: se Feijóo quixera  ser totalmente congruente coas mensaxes que ven emitindo dende hai anos debería convocar ao corpo electoral galego para que puider manifestar as súas preferencias sobre o relevo nas institucións de autogoberno. Non está en discusión o carácter legal do que se vai facer (elección no Parlamento galego dunha persoa proposta polo grupo maioritario): tratase de ver que sería mais pertinente para dotar de maior lexitimidade democrática ao proceso de substitución dunha figura que, deliberadamente, quixo establecer un contrato directo cos votantes por riba das propias siglas da súa organización.

O mesmo partido que cuestionou dende o primeiro minuto a lexitimidade do goberno presidido por Pedro Sánchez e que non tivo reparos en provocar o adiantamento dos comicios de Madrid e de Castela e León para obter beneficios particulares non está en condicións de dar leccións sobre a ética das actuacións públicas. Usar a legalidade para prolongar o mandato de Feijóo en Montepío sería un abuso que non merece padecer a sociedade galega.

En calquera caso, ábrese unha nova xeira na política galega. Mais que en ningunha outra ocasión, as forzas da oposición teñen a oportunidade de construír unha alternativa coa credibilidade suficiente para ser quen de escribir novas páxinas na historia do noso autogoberno.

*Xesús Veiga, economista, ex-deputado do Parlamento de Galicia, profesor xubilado da USC.