La ley de seguridad ciudadana- Iñaki Martínez

Buen-trabajo_EDICRT20141228_0001_7LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

El pasado 11 de diciembre fue aprobado por el Congreso de los Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Para su aprobación definitiva solo queda el trámite de su aprobación por el Senado, que previsiblemente se producirá sin dificultades dada la mayoría absoluta que el Partido Popular ostenta en esa cámara. La ley responde a las necesidades de disciplinamiento social frente a las protestas generadas por la angustia inducida a la ciudadanía por los efectos dañinos de las políticas neoliberales, Eduardo Galeano lo expresa con precisión cuando dice que, para dar libertad al dinero, hay que encarcelar a la gente.

La reforma apenas afecta a la parte de la ley que regula cuestiones denominadas de “policía administrativa”, relativas a entradas y registros, control burocrático de armas y explosivos, expedición de documentación de identidad y trámites relativos a establecimientos de alojamiento. Se modifica levemente la parte de las potestades generales de la policía estableciendo unos criterios sobre la manera correcta de hacer cacheos y legitimando las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en frontera. Pero las mayores modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana se producen en la introducción como ilícitos administrativos de conductas que antes eran falta (como la desobediencia leve a la autoridad o el maltrato a los animales) y la introducción de nuevos ilícitos relativos a usos y costumbres y al ejercicio del derecho de manifestación.

La conversión de faltas penales en comportamientos sancionables en vía administrativa supone una merma de las garantías de protección a los derechos de los ciudadanos, pues en el procedimiento penal se garantizan esos derechos con mayor intensidad. Además el procedimiento administrativo, sumado al posible control judicial posterior de la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa, supone un procedimiento más lento que el juicio penal de faltas. También resulta más caro para el ciudadano que quiera recurrir la sanción pues, mientras que en el juicio faltas no hace falta abogado pero cabe recurrir a un abogado de oficio, en el procedimiento administrativo, aunque se reúnan condiciones económicas, no es posible conseguir la asignación de un abogado de oficio que ayude a plantear el recurso; y en la posterior reclamación-contencioso administrativa, cuando el ciudadano no se conforma con la sanción recaída en vía administrativa y quiere someterla al control judicial, será necesario el pago de una tasa judicial.

Las mayores dificultades del recurso frente a una sanción administrativa comparado con la tramitación de una falta penal, supondrá una mayor discrecionalidad en su imposición. Más aun cuando muchos de los comportamientos incluidos en la Ley de Seguridad Ciudadana se describen de manera amplia susceptible a interpretaciones extensivas.

La ley clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves.

Las infracciones muy graves se sancionan con multas de 30.001 a 600.000€ (una condena a la insolvencia de por vida). Se incluyen en esta categoría la realización de “reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento“, una infracción que parece especialmente dirigida a acciones de grupos ecologistas como Greempeace en instalaciones como centrales energéticas, embalses o instalaciones de saneamiento. Entre las infracciones muy graves también se incluye una relativa a armas, cartuchería y explosivos, otra relativa a la celebración de espectáculos prohibidos por motivos de seguridad y la sanción de la proyección de haces de luz a pilotos y conductores.

El apartado de infracciones graves, sancionadas con multa de 601 a 30.000€, incluye infracciones relativas a usos y costumbres, de policía administrativa (sobre manejo de explosivos y armas y seguridad en reuniones) y otras relativas a actos de protesta.

Así se incluyen antiguas faltas penales convertidas en infracciones administrativas como la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la indemnidad sexual de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, cuando no constituya delito, o las desobediencias leves a la autoridad.

Entre las infracciones graves relativas a usos y costumbres se incluye la solicitud o aceptación de actividades de prostitución en zonas frecuentadas por menores o que puedan generar riesgos para la seguridad vial (prostitución en carreteras); el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana (incluiría formas de botellón); la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, no constitutivos de delito; la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos; el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos (el castigo de la mera tenencia de cantidades para el consumo se presta a un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la sanción); y el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito.

Entre las infracciones graves que afectan al derecho de manifestación se incluyen: la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana; la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio (penalmente ilícitas, alteración del orden, uso de uniformes paramilitares); la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya delito (contramanifestaciones, “black blocs”…); la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación; la simple intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando no constituyan infracción muy grave.

El artículo 37 relativo a las infracciones leves, sancionadas con multa de 100 a 600€, también incluye infracciones de policía administrativa, relativas a usos y costumbres, faltas administrativizadas e infracciones limitativas del derecho de manifestación:

En las relativas a usos y costumbres debemos mencionar: la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya delito; la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños (ya no simples molestias, como decía en el anteproyecto de la ley) a las personas o a los bienes. Esta última infracción, tan peligrosa para los niños y para los bolsillos de sus padres, se presta a ser aplicada con niveles muy altos de discrecionalidad y puede servir como norma de cobertura para acciones de discriminación hacia determinados colectivos.

En las categoría de infracciones leves relativas a actos de protesta están la celebración de manifestaciones sin el cumplimiento de requisitos administrativos (mal llamadas “manifestaciones ilegales”);  injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones (una infracción muy susceptible de una aplicación excesiva, dada la facilidad de medios de prueba de que goza el funcionario policial); la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones; los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan delito (también entendible como infracción relativa a usos y costumbres); el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización; la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad; la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad competente, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario,arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de delito. Esta última infracción es aplicable a protestas en oficinas bancarias y acampadas, entiendo que los organizadores de este tipo de acciones deben gestionarlas como cualquier otro tipo de manifestación, con comunicación previa a la autoridad gubernativa, que si es preciso incluirá una estimación de la duración de la acción, recurriendo en su caso las posibles prohibiciones.

También podemos mencionar, aunque no sea una infracción, que el artículo 23.1, párrafo 3º establece que la policía “también podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías“. Este precepto, haciendo de él una interpretación abusiva, podría ser aducido para justificar actuaciones contra bicicletadas y masas críticas.

El esfuerzo de movilización de los movimientos sociales y las críticas de toda clase de colectivos y organismos, incluso de asociaciones de jueces (hasta la conservadora “Francisco de Vitoria”), el Consejo General de Poder Judicial o el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha conseguido introducir muy importantes modificaciones en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana respecto al contenido de su anteproyecto, que constituía toda una fantasía autoritaria concebido como un “reglamento anti-subversivo” y que partía de una concepción del ciudadano que protesta como enemigo (véase el artículo publicado en su día sobre el anteproyecto en Contraposición). Así se ha conseguido reducir ampliamente el catálogo de infracciones muy graves sancionadas con desproporcionadas y brutales multas de hasta 100.000€ que suponen una condena a la insolvencia de por vida. También se ha reducido el número de infracciones que se incluyen en la categoría de graves, con sanciones de hasta 30.000€. Desaparecieron las infracciones referidas a un listado de instalaciones críticas a regular mediante reglamento, que abrían una peligrosa vía de restricción del derecho de manifestación por vía reglamentaria. También desaparecieron las sanciones por uso de casco o máscara en manifestaciones, por ofensas leves a España o a una comunidad autónoma, por declaraciones o uso de símbolos que inciten levemente al odio o alteren levemente la seguridad ciudadana, por obstaculizar el paso en la calle formando grupos (enhorabuena a los excursionistas jubilados), por la instalación en la calle de pequeñas estructuras (tiendas de campaña, mesas de firmas o informativas, etc), por cultivar plantas psicotrópicas de manera discreta o por manifestarse en jornada de reflexión. Entiendo que también queda fuera del proyecto la prohibición de sacar fotos a la policía, penalizándose solo los usos que se hagan de esas imágenes que puedan poner en riesgo la seguridad del policía o el éxito de operaciones policiales en curso, de manera que sacar una foto a un policía para ponerla a disposición de la autoridad judicial en caso de que ese funcionario cometiera actos reprensibles, no supondría en absoluto un acto ilícito.

La Ley de Seguridad Ciudadana, tal y como se configura en su proyecto de ley, supone una limitación del derecho reactiva al malestar social. La conversión de faltas penales en infracciones administrativas supone una merma de la tutela judicial efectiva y una pérdida de proporcionalidad de las penas, pues las sanciones administrativas se aplican sin tener en cuenta la situación económica del sancionado. Ante una sanción administrativa en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conviene que el ciudadano use diligentemente las vías de recurso administrativo y judicial, que no tenga por puesta la sanción hasta que haya agotado los medios de recurso, valiéndonos en la fase de recurso contencioso-administrativa, si así lo necesita por su situación económica, de la asistencia los abogados de turno de oficio del servicio de justicia gratuita, que le permitirán una defensa profesional, libre de tasas judiciales hasta la instancia que sea necesaria. Ante usos excesivos de facultades reconocidas en esta ley, como sería el supuesto de una orden de disolver una manifestación sin base legal para ello, procedería la denuncia o querella por prevaricación y otras figuras delictivas (514.4, 540 y 542 del Código Penal).

 

Acerca de Contraposición

Un Foro de Estudios Políticos (FEP) que aspira a centrar el debate sobre los diversos temas que afectan a la sociedad desde la transversalidad, la tolerancia, la libertad de expresión y opinión. Desvinculado de corrientes políticas o ideologías organizadas, pero abierto a todas en general, desde su vocación de Librepensamiento, solo fija como límite de expresión, el respeto a las personas y a la convivencia democrática. El FEP se siente vinculado a los valores republicanos, laicos y civilistas como base de una sociedad de librepensadores sólidamente enraizada en los principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad.
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